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Acto Miguel Enríquez |

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Una Izquierda que marque diferencia
Después de que los partidos y los supuestos representantes del pueblo terminaran postrados ante el gran empresariado, rendidos al cohecho y soborno, se hará propicio que las organizaciones vanguardistas sean muy cautelosas a la hora de escoger a sus líderes y candidatos efectivamente idóneos, así como transparentes en financiar sus actividades. Para que los escándalos conocidos marquen un antes y un después, es necesario que las organizaciones que buscan una genuina consolidación democrática al mismo tiempo que recuperar el servicio público en la política, sean capaces de demostrar probidad y consecuencia, además de encarnar los valores de justicia social que se proponen.
Con la deserción ideológica de las diversas expresiones del socialismo, así como de quienes se proclamaban socialcristianos, los valores de la Izquierda deberán probarse sobre todo en la diáfana trayectoria de sus líderes. Así sea que las leyes de la institucionalidad heredada de la dictadura -sacralizadas por sus sucesores en La Moneda y el Parlamento- permitan recaudar apoyos anónimos de las empresas, además de realizar otras triquiñuelas, lo cierto es que no se necesitaban más de dos dedos de frente para entender que toda contribución de la clase empresarial a sus postulaciones constituye un mecanismo del sector patronal para garantizarse gobernantes y legisladores alineados con sus intereses, así como renuentes a las reformas institucionales y económico-sociales.
En la perversa relación de la política y los negocios es donde se puede entender a cabalidad que el orden institucional haya resultado casi intacto en 25 años de posdictadura, así como que se hayan promulgado leyes -como la de Pesca- redactadas prácticamente con el puño y letra de los lobbystas según los intereses de quienes repartieron dinero efectivo a los integrantes de las comisiones del Congreso Nacional encargadas de legislar. Del mismo modo que, en tantos años, las contribuciones electorales de la gran minería hayan salvado a las empresas enseñoreadas en los yacimientos de pagar un royalty justo, como también ha ocurrido en la explotación de otros recursos naturales no renovables y estratégicos.
Inaudito resulta que candidatos de vociferante discurso en favor de los cambios y de las “buenas prácticas” llegaran al extremo de solicitar y procurarse recursos de empresas como Soquimich y Penta, de tan espurio origen por tratarse de entidades arrebatadas por Pinochet al Estado a objeto de regalárselas a uno de sus yernos y a otros amigos y secuaces. Ciertamente que la invocada “legalidad” de ciertas solicitudes y donaciones no impide que éstas estuvieran completamente reñidas con la ética.
En este sentido, todo el mundo político y social, que desde la marginalidad del sistema decidió competir con sus propios candidatos en 2011, a lo que realmente contribuyó fue a legitimar un sistema minoritario y excluyente, como a develar los impropios apetitos de sus caudillos, quienes, para colmo, terminaron aceptando las reglas del juego del duopolio político empoderado en nuestras instituciones públicas. Incautas pretensiones que los llevaron a golpear las puertas de los mismos financistas de aquellos, para obtener inútilmente cupos en el sistema político.
De esta forma es que en el futuro lo consecuente y realista sería converger en una expresión electoral única para arrebatarle algún espacio en el Poder Legislativo al nuevo sistema electoral que, como se sabe, más que proporcional se comportará como un binominal corregido, aunque ofrezca algo más de competitividad que el anterior. Asimismo, en el descrédito generalizado de los partidos y pactos actuales, ciertamente aparece más plausible alcanzar La Moneda con un líder intachable y confiable que ciertamente se proponga emprender la causa democrática hasta aquí traicionada, en el propósito explícito y sincero de echar al inodoro el sistema político, económico y social actual.
Juan Pablo Cárdenas S.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 827, 1 de mayo, 2015)
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