Electricidad: un mercado oligopólico

LA planta termoeléctrica Nehuenco I en Quillota. Pertenece a Colbún, del grupo Matte.

Hay en Chile -como en todo el planeta- necesidad de generar, transportar y distribuir electricidad. Pero no hay una cantidad suficiente de prestadores de estos servicios que compitan para servir mejor las necesidades de los consumidores. Y estos -múltiples y variados demandantes del servicio-, carecen de poder de elección. Chilectra, en la Región Metropolitana, es un distribuidor monopólico perteneciente al grupo español Enersis. Al mismo pertenecen también la Empresa Eléctrica de Colina (con algo más de cuarenta mil clientes) y Luz Andes, con un millar. La única elección posible es un paquete de velas. Obviamente, Adam Smith, Friedrich A. Hayek y Gary S. Becker, entre otros próceres de la doctrina del libre mercado, condenarían esta situación. No lo hacen sus herederos en el gobierno y en la oposición de Chile.
En nuestro país la electricidad es un mercado autoritario. Y cuenta con apoyos que desequilibran aún más la balanza, como las declaraciones de la ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, quien cuestionó el fallo de la Corte Suprema que anuló la construcción de la central termoeléctrica Castilla, en la II Región, recibiendo de paso el apoyo de ministros y del propio presidente, Sebastián Piñera.
El rechazo judicial de la central termoeléctrica Castilla actualizó el tema de la producción de energía eléctrica, y se tradujo en un debate parlamentario en torno a dos asuntos centrales: el proyecto de ley llamado 20-20, que hace referencia a las energías renovables no convencionales (ERNC), que ya está en el Congreso, y el proyecto que crea la carretera eléctrica, enviado por el presidente Piñera al Senado el 30 de agosto. Producto del cruce de estos temas queda en evidencia que el mercado eléctrico, si bien es privado, no opera conforme a las reglas del libre mercado. Es un oligopolio en que pocas empresas producen un bien o servicio, con interdependencia en las decisiones de las mismas, y una cantidad limitada de productores-vendedores controlan los precios y se relacionan con una multitud de compradores que están a su merced.

EL PROYECTO DE LEY 20-20

A diciembre de 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la generación de energía eléctrica en Chile era aportada en un 45,7% por las plantas térmicas, en 38,3% por las plantas hidráulicas, en 15,5% por las generadoras a ciclo combinado a gas natural y en 0,5% por las centrales eólicas. El total de energía generada en el país durante el año 2011 fue de 63.723 gigavatios (GW) por hora.
Según el senador por Aysén Antonio Horvath (en artículo publicado en el sitio web del Senado), “el enorme y diverso potencial para las energías renovables no convencionales, ERNC, que tiene Chile, constituye una condición envidiable para cualquier país del mundo. Entre geotermia, eólica, pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, biomasa y solar, más -a futuro- mareomotriz, tenemos un total de 324.000 MW”. Añade Horvath que según estudios que las comparan “considerando costos de inversión, operación, factor de planta y años de construcción (…) las ERNC, al menos en tres áreas como biomasa, eólica e hidroeléctrica, son más económicas que los megaproyectos hidroeléctricos e incluso los térmicos a carbón”. A juicio de Horvath, el problema es de difícil solución: “Las ERNC no pueden entrar con sus ventajas al sistema por la excesiva concentración de un oligopolio”.
El proyecto de ley 20/20 se debatió en la Comisión de Minería y Energía el 11 de septiembre. Dispone que para el año 2020, un 20% de la matriz eléctrica se alimente con ERNC, lo que reduciría en un 20% los gases de efecto invernadero, y permitiría la entrada de nuevos actores al sistema. Según la senadora Isabel Allende, presidenta de la comisión, el gobierno “…ha dilatado la posibilidad de impulsar el 20/20 apoyando en la Cámara el proyecto que aprobamos transversalmente en el Senado”. La comisión entregó una contrapropuesta a las observaciones que realizó el gobierno y otorgó al Ejecutivo plazo hasta mediados de octubre. Horvath dijo que “el gobierno está planteando un incentivo de aumento de precios para pagar por las energías renovables no convencionales y, la verdad, es que eso es un incentivo perverso, porque aumentará el costo de la energía para las personas. (…) lo que nosotros estamos proponiendo es que se acepte el sistema de energías renovables no convencionales en plena competencia y como son pequeñas centrales que tienen variaciones, queremos que la ley refleje eso y no se suban artificialmente los precios de las ERNC”.

LA LEY DE CARRETERA ELECTRICA

El 30 de agosto el presidente Piñera envió al Senado el proyecto que regula la carretera eléctrica. En su mensaje, describe la demanda-país según dos informes encargados en mayo de 2011. Los de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE), del Ejecutivo, y de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP), del Senado. Expresa que “Chile necesita respaldar el crecimiento de su economía con un desarrollo del sector eléctrico sustentable, competitivo, y que garantice la seguridad de suministro”. Para ello, se diseñó una estrategia con seis ejes:
1) Incorporación de la eficiencia energética en las distintas áreas de la economía del país;
2) incorporación acelerada de las ERNC;
3) fortalecimiento de las energías tradicionales, en particular la hidroelectricidad;
4) resolver las urgentes necesidades del sistema de transmisión;
5) fomentar la competencia, y
6) perseverar en la integración eléctrica regional.
Lo concreto del proyecto es que contempla la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 610 kilómetros, entre la subestación Cardones, en la Región de Atacama, y la subestación Encuentro, en la Región de Antofagasta, uniendo el Sistema Interconecado del Norte Grande (SING) con el Sistema Interconectado Central (SIC), a un costo de unos 700 millones de dólares.
En su parte normativa, el proyecto atenta contra los usuarios residenciales y deja sentadas las bases para atropellar los derechos de los pueblos originarios, burlando el Convenio 169 de la OIT. Por ejemplo, en el debate en la Comisión de Minería y Energía, el senador Horvath dijo que el proyecto “no puede ser entendido como para beneficiar a los megaproyectos hidroeléctricos en la Patagonia y traspasar la cuenta de transmisión de 2.300 kms. a las boletas de los usuarios y como negocio con la minería. La carretera eléctrica se justifica en la medida en que se una el Sistema Interconectado Norte con el Sur y que se refuerce el tramo permitiendo entrar a las ERNC”. El senador José Antonio Gómez dijo que el proyecto carece “de una proyección clara para la construcción y ejecución de una matriz energética limpia y renovable para el país”. Y que más propiamente debería llamarse “franjas de expropiación o de servidumbre, que van en beneficio de las grandes centrales” y que “es un artificio legal para pasar a llevar la ley indígena, el Convenio 169 de la OIT, la ley ambiental y el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado”. La senadora Isabel Allende enfatizó que se trata de “un proyecto que puede afectar la ley indígena y el convenio 169 de la OIT, especialmente las consultas a las comunidades, pues el concepto de servidumbre que plantea está orientado a superar cualquier tipo de oposición al trazado que se proyecte a partir de esta legislación”.

UN MERCADO OLIGOPOLICO

Sólo seis son los grupos y empresas generadores de electricidad en Chile. Se agrupan en la asociación gremial Generadoras de Chile A.G. Allí toman decisiones como gremio, contribuyendo a la carencia de competencia. Esas seis empresas son:
· AES Gener S.A., aporta al Sistema Interconectado Central, SIC, con cuatro centrales hidroeléctricas, dos centrales termoeléctricas a carbón, y dos centrales turbo gas a petróleo diésel. También, con una central de ciclo combinado a gas natural y una central a petróleo diésel pertenecientes a su filial Sociedad Eléctrica Santiago; una central termoeléctrica a carbón perteneciente a la coligada Empresa Eléctrica Guacolda y dos centrales de cogeneración y una turbina a gas de su filial Energía Verde. Provee además al Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, a través de sus filiales Norgener y TermoAndes. Tiene filiales en Argentina y Colombia. Es controlada por la norteamericana AES.
· Colbún, controlada por el Grupo Matte a través de Minera Valparaíso. Tiene 15 centrales hidroeléctricas, seis termoeléctricas, 824 kms. en líneas de transmisión y 17 subestaciones en cuatro regiones. Aporta 2.620 MW de capacidad (48% hídrica y 52% térmica) al SIC. Es la segunda generadora más grande del país.
· Endesa Chile opera 5.650 MW de potencia, el 35% de la capacidad instalada de Chile. El 61,7% de su energía es hidráulica, el 36,9% térmica y el 1,4% eólica. Su participación en el SIC es de 41%. Además, participa en el SING. Tiene filiales en Colombia, Perú y Brasil. Está controlada por la española Endesa a través de Enersis.
· International Power GDF-Suez. Se concentra en electricidad y gas. Tiene activos en Argentina, Chile, Brasil, Panamá y Perú. En febrero de 2011, GDF-Suez se transformó en accionista mayoritario (70%) de la empresa International Power.
· Pacific Hydro produce electricidad no contaminante proveniente del viento y agua desde 2002. Cuenta con 600 MW para desarrollar energía renovable en el Valle del Cachapoal. Opera las centrales Coya, Pangal y Chacayes (111 MW), y a través de Tinguiririca Energía las hidroeléctricas de pasada La Higuera (155 MW) y La Confluencia (158 MW). Cuenta con proyectos de energía hidroeléctrica, eólica, solar y geotérmica en Australia, Brasil y Chile.
· SN Power, de Noruega, se instaló en Chile en 2006. Opera el Parque Eólico Totoral (Región de Coquimbo, 46 MW) y las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia (Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 310 MW en total).

EMPRESAS TRANSPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS

Los distribuidores y transportadores son 29 grupos y compañías, agrupados en la asociación gremial Empresas Eléctricas A.G. Las compañías a cargo de la transmisión son Transemel, Transelec S.A., Transelec Norte S.A., STS y TransNet.
El holding canadiense Transelec, especializado en el desarrollo de sistemas de transmisión de alta tensión posee más de 8.000 kms. de tendido eléctrico y 50 subestaciones. Los clientes de Transelec son grupos y empresas mineras, industriales y generadoras eléctricas: Norvind S.A., Grupo Endesa, Grupo Saesa, Agrosuper, Anglo American, Grupo Arauco, Minera Carmen de Andacollo, Minera Barrick Gold, Grupo Suez, Compañía Minera Candelaria, Gas Atacama, AES-Gener, Guacolda e Hidroeléctrica la Higuera.
Otro transmisor es el Grupo Saesa (cliente de Transelec) cuyas empresas distribuidoras son: Saesa, Luz Osorno, Edelaysen, Frontel y STS. Además es dueño de la generadora Sagesa. Es el principal distribuidor de energía eléctrica desde Bulnes hasta Villa O’Higgins. El control de Saesa desde el año 2011 pertenece a Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), canadiense, que tiene el 50% de la propiedad.
Transnet es parte del Grupo CGE. En el SIC es propietaria de 2.344 kilómetros de líneas de 154, 110 y 66 kv., lo que representa más del 30% de la capacidad instalada de transformación y aproximadamente el 40% de las líneas de subtransmisión. Abarca desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Ríos, con más de tres mil kilómetros de líneas de transmisión y 173 subestaciones transformadoras. Sus principales accionistas son la familia Marín 22,59%, Grupo Almería 20,99%, familia Pérez Cruz 11,36% e Indiver S.A. 11,26%. Otros accionistas menores tienen el 33,80% restante. Una de las filiales del Grupo CGE es la empresa Metrogas.
Las empresas distribuidoras son Chilectra S.A., Chilquinta Energía S.A., CGE Distribución S.A., Colina, Conafe S.A., Edelaysen, Edelmag, Elecda, Eliqsa, Emelari, Emelat, Emelectric, Emetal, Energía de Casablanca, Frontel, Litoral, Luz Andes, Luz Linares, Luz Osorno, Luz Parral y Saesa. Se han repartido geográficamente el país y no compiten entre sí.

LA DEMANDA

Considerados como uno de los componente de la demanda en este mercado, los millones de consumidores residenciales son minoritarios (14,3%) y dispersos, pues no están asociados para contrarrestar al oligopolio que, como está demostrado, sí lo está.
La demanda está concentrada (según estadísticas del INE para diciembre del año 2011) en el sector minero con 34,3%, seguido del sector industrial con 23,7%. Ambos, sumados, concentran 58 por ciento de la demanda de electricidad en el país y están gremialmente agrupados. En el sector comercial la demanda es de 12,4 por ciento; en el sector agrícola de 3 por ciento, y de un 12,3% en varios.
Ahora está en manos del Congreso Nacional utilizar los proyectos 20/20 y de carretera eléctrica para hacer más libre este mercado, a todas luces imperfecto.

JUAN JORGE FAUNDES M.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 767, 28 de septiembre, 2012)

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