Punto Final, Nº 759 – Desde el 8 al 21 de junio de 2012.
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Ad portas de la Cumbre de la Tierra Río+20 (15 al 23 de junio), que plantea una nueva arquitectura de la depredación enmascarada en conceptos como “economía verde” y “gobernanza ambiental”, las comunidades, colectivos, organizaciones y redes en Chile se articulan. Más que querer incidir en las decisiones que ahí se adopten, proponen la construcción de nuevos paradigmas basados en la soberanía alimentaria, la economía solidaria, la defensa de la vida y los bienes comunes, y el derecho al territorio. Aseguran que se necesita la construcción de una nueva visión de mundo, que incluya una nueva cultura política y un nuevo modelo económico.
A dos décadas de la Cumbre de la Tierra de Río, 1992, la crisis ambiental y climática causada por el modelo neoliberal y el consumo capitalista se ha agravado, y la esperanza de detener el modelo extractivista y comenzar a cuidar los bienes comunes, se desvaneció.
La falta de acción para superar la injusticia social ha frustrado las expectativas sobre el medioambiente y ha desacreditado a la ONU.
En los encuentros preparatorios de la Plataforma Social y Ambiental hacia Río+20, bajo el lema “Ellos en la Cumbre… ¡No sigamos aguantando!”, llevados a cabo en Temuco, Santiago y Ovalle -organizados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca)-, se ha propuesto la recuperación de una reforma constitucional en que exista un control ciudadano de los bienes comunes. Las organizaciones y comunidades se encuentran debatiendo sobre las repercusiones de los temas que están en juego en esta cumbre. Apuestan por la democratización de los conflictos, que permita una participación activa de la ciudadanía.
Punto Final acudió al encuentro realizado en Santiago y conversó con representantes de las organizaciones que forman la Plataforma Social y Ambiental hacia Río+20, expertos en las áreas de energía, minería, pesca y agricultura. Ellos concuerdan en la urgencia de avanzar hacia la superación del modelo extractivista y agroexportador, que genera severos impactos ambientales, culturales e inequidad social.

EL CUENTO DE LA “ECONOMIA VERDE”

Para Eduardo Guisen, del Movimiento VientoSur, “lo que busca Río+20 es oficializar y profundizar un camino de despojo, de mercantilización de los territorios y de la naturaleza, que en Chile hemos visto funcionando bajo el concepto de ‘crecimiento económico’ o disfrazado de ‘desarrollo sustentable’. Ahora se plasma la ‘economía verde’, nuevo concepto que le asigna a los bienes comunes un valor económico transable en el mercado por sobre los culturales y ancestrales, es decir, el neoliberalismo en una nueva fase”.
Nada en la “economía verde” cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentando el mito de que es posible el crecimiento económico infinito. El fallido modelo económico, disfrazado de verde, pretende someter los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones.
Eduardo Guisen asegura que en Chile, en el “sector energía, existe una concentración de la propiedad en manos de multinacionales y grupos económicos, que se apropian corporativamente del agua, en medio de una ausencia de política energética e hídrica. Endesa (Enel), Colbún y Gener generan y comercializan más del 84% de la energía del Sistema Interconectado Central (SIC). Mientras que E-CL (Suez), Gener y Gas Atacama más del 94% de la energía en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Las cinco compañías han capturado más del 90% del mercado eléctrico hasta el año 2020. La demanda proviene principalmente de la gran minería extractivista -también propiedad de multinacionales y grupos económicos-, de los grandes negocios comerciales urbanos, además de los sectores residenciales de altos ingresos”.
El modelo neoliberal produce y profundiza el calentamiento global y la crisis climática, el hambre y la desnutrición, la pérdida de los bosques y la diversidad biológica y sociocultural, la contaminación química, la escasez de agua potable, el aumento de la desertificación de los suelos, y la mercantilización de todos los aspectos de la vida en las ciudades y en el campo.

EL “LABORATORIO” CHILENO

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) señala que “Chile ha sido laboratorio de políticas neoliberales de desregulación ambiental, autocontrol de las empresas, instrumentos de mercado para la gestión del medioambiente, y la privatización o concesión de áreas protegidas (…) En cuanto al sector minero, el Estado entrega a transnacionales la gestión estratégica del cobre. Como primer productor, Chile renuncia a regular el mercado y los precios. Así las transnacionales deciden dónde y a qué ritmo explotar. En definitiva, la política minera la imponen las empresas. No hay royalty y casi no se tributa”.
Agrega que “las comunidades ya están viviendo las consecuencias sociales y ambientales de estas políticas en sus territorios. La crisis hídrica del norte es responsabilidad de la minería. Este sector es causante de la destrucción y contaminación de las fuentes de agua”. Además, “la concesión minera se sobrepone al dominio del suelo, inclusive en el caso de territorios indígenas. En lo territorial, se imponen a comunidades locales y ecosistemas. Se socava la democracia al negar el ejercicio de participación real de las comunidades respecto a sus territorios. Por ello, las comunidades demandan renacionalizar, para poner límites a su expansión. Estos límites deben ser determinados por ecosistemas frágiles, glaciares, nacientes de aguas, cabeceras de las cuencas y territorios de pueblos indígenas, por voluntad (soberanía) de las comunidades locales”.
Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, asegura que “durante estos veinte años se han agudizado y expandido los impactos antrópicos (de origen humano) que afectan a los procesos ecológicos esenciales y a los sistemas que sustentan la vida en los océanos y áreas costeras del planeta, amenazando la diversidad genética y el uso sostenible y equitativo de las especies y ecosistemas acuáticos. Hoy, un 70% de las pesquerías mundiales se encuentran colapsadas o sobreexplotadas debido a la creciente imposición de políticas neoliberales impulsadas por los mismos gobiernos, organismos internacionales, transnacionales y representantes del sistema financiero que asistirán a la Cumbre Río+20”.
Cárdenas señala que “Chile es presentado para América Latina como modelo de la aplicación de políticas neoliberales en el sector de la pesca y acuicultura, basadas en la privatización, concentración económica y transnacionalización del sector. La dictadura militar y los últimos cinco gobiernos civiles han profundizado(...)

 

La otra cumbre

Entre el 15 y 23 de junio, en Río de Janeiro, en forma paralela a la Cumbre de la Tierra Río+20 se desarrollará la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental. La sociedad civil, las organizaciones, colectivos y movimientos sociales propondrán una nueva forma de vida en el planeta contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes.
(Más información sobre la Plataforma Social y Ambiental hacia Rio+20 en www.olca.cl)

ISABEL DIAZ MEDINA

Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 759, 8 de junio, 2012.

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