Editorial

Se agrava la crisis

La crisis económica europea y estadounidense ha comenzado a tener efectos en la economía de Chile. De partida, el ritmo de expansión del producto interno bruto se ha reducido, así como el precio del cobre, variable clave para las finanzas públicas. Un par de síntomas que se expresa ya como freno en los niveles de consumo, en una contracción del comercio exterior y, próximamente, tendrá consecuencias en el empleo. Todo ello sin considerar las posibles secuelas de un huracán financiero gestado en la banca europea, escenario en el que Chile, según ha advertido el FMI, se presenta muy vulnerable. Las recientes rebajas a la calificación de varios países de la Unión Europea, entre ellos Francia, anuncian un empeoramiento del clima financiero, sin olvidar las catastróficas predicciones de un default de la economía griega en marzo.
El gobierno chileno ha reconocido lo que es evidente: en una crisis global la economía nacional tenderá a contraerse, en caso de efectos menores, o a enfrentar grandes turbulencias en la eventualidad de un cataclismo europeo. Pero aun cuando Hacienda haya anunciado que el país está preparado para enfrentar estos incidentes del mismo modo como en crisis anteriores, esta vez la contingencia es muy diferente. El proceso de movilizaciones que abrieron los estudiantes a inicios del año pasado se ha traspasado a muchos otros sectores sociales, los que, ajenos a partidos políticos embarcados en componendas electoralistas, expresan en la calle sus demandas. El mismo gobierno ha hecho públicas las estadísticas del malestar, cifrando en unas 2.500 las movilizaciones y acciones ciudadanas ocurridas durante 2011.
Las movilizaciones ciudadanas, de diversos orígenes y geografías, tienen sin embargo un hilo conductor: todas comparten el rechazo a un modelo económico que hoy, si bien no hace crisis en los dueños del capital y sus operadores, sí ha colapsado como modelo laboral, social y articulador de las relaciones económicas. Durante las décadas de desarrollo del modelo neoliberal el país ha conseguido elevar varias veces su producto per cápita para situarse a la cabeza de las naciones latinoamericanas; sin embargo, los niveles de distribución de esa riqueza nunca en la historia económica moderna habían sido tan desiguales. Una cifra gruesa que hoy ya no consigue ocultar todo tipo de abusos y atropellos: desde la abierta colusión entre las empresas para acordar precios, tarifas y cuotas de producción; a un sistema laboral propio del capitalismo del siglo XIX, amparado por gobiernos que permiten jornadas de doce horas promedio, o un modelo de pensiones privadas que conduce a la segura indigencia a la gran mayoría de los trabajadores. El ciudadano nunca había estado tan inerme ante el ubicuo poder de las grandes corporaciones y un cooptado poder político.
La población chilena tardó décadas en comprender el origen de sus sufrimientos. Ya no es la mala suerte, sino el efecto de un modelo diseñado para engrosar de forma abusiva las utilidades empresariales. Esa conciencia ciudadana se expresa hoy no sólo en rechazo al sistema económico, sino también, como expresan todos los sondeos de opinión, a toda la institucionalidad política. En Chile hay un rumor creciente, que tenderá a mutar en grito, que pide cambios estructurales.
El actual gobierno, y la Concertación en la oposición, han debido absorber, pese a su tradicional apego al modelo político-económico, esta nueva realidad, lo que ha abierto un proceso que deberá conducir este año a cambios políticos y económicos. El nuevo discurso levantado por la oposición, como también por el gobierno, es una evidente reacción a la protesta social. El gobierno de Piñera, desbaratado y mareado, ha tenido que incorporar reformas políticas y económicas a la agenda pese al rechazo de los sectores fundamentalistas de su coalición. La propuesta de avanzar hacia una reforma tributaria, las críticas al actuar empresarial -desde la cartera de Economía- o los cambios al sistema electoral, son una mínima respuesta a las demandas del pueblo.
Los eventuales efectos de la crisis económica en el empleo, en una mayor inflación estimulada por el alza especulativa de los precios internacionales de la energía, en los alimentos y en una caída de los salarios, serán combustible para la hoguera en 2012. Un clima social enturbiado aún más por estas consecuencias económicas y ante una institucionalidad política atemorizada y confundida, que debiera abrirse a más reformas, es oportunidad para que el pueblo organizado recupere cuotas importantes de poder.

PF

Editorial de “Punto Final”, edición Nº 751, 20 de enero, 2012).
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