“Caso bombas”

Huelga de hambre
para exigir justicia

Autor: PATRICIA BRAVO BERLI

HASTA los techos revisó la policía en los allanamientos a las “casas okupa” en agosto del año pasado.

Al momento de salir a circulación esta edición de PF, nueve jóvenes que se encuentran hace más de siete meses en prisión preventiva por el llamado “caso bombas”, cumplían 40 días de huelga de hambre. Los hombres en la Cárcel de Alta Seguridad y las mujeres en el Centro de Orientación Femenino (COF). Andrea Urzúa, Mónica Caballero, Camilo Pérez, Carlos Riveros, Felipe Guerra, Francisco Solar, Rodolfo Retamales,Vinicio Aguilera y Omar Hermosilla son estudiantes y trabajadores de entre 22 y 43 años, que forman parte del grupo de catorce detenidos el 14 de agosto de 2010 en violentos allanamientos efectuados en casas, centros sociales, “casas okupa” y otros lugares de Santiago y Valparaíso. Uno de esos lugares, el Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti, en el barrio Yungay de la capital, fue desalojado y clausurado.
A los detenidos se les imputó la colocación de bombas de ruido en instituciones financieras, edificios públicos y negocios privados que se venían investigando desde 2006, sin encontrar pruebas que permitieran identificar a los responsables. El fiscal Xavier Armendáriz, quien dirigió anteriormente la investigación, declaró a fines de 2009 que “es necesario actuar con cautela investigativa ante lo débil de las pruebas” y que todo hacía suponer que “los autores de los bombazos no integran células violentistas propiamente tales, sino que se trata de grupúsculos sin orgánica ni cabecillas”. Armendáriz fue removido de la investigación el 14 de junio de 2010 y en su lugar se designó al fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Alejandro Peña. Los presos, sus familiares y amigos han denunciado que el cambio fue producto de presiones del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, hacia el fiscal nacional, Sabas Chahuán. Paradójicamente, a poco tiempo de asumir y sin contar con nuevos antecedentes, el fiscal Peña ordenó los allanamientos y detenciones, aplicando contra los imputados la Ley Antiterrorista bajo los cargos de participar en actos y asociación ilícita terrorista. Ni lo uno ni lo otro se ha probado, ni siquiera con análisis del ADN de los detenidos a los que se les tomaron a la fuerza muestras de sangre en la cárcel.
Sobrepasando incluso las arbitrariedades y abusos que permite la Ley Antiterrorista, cuando se cumplieron los seis meses de investigación que autoriza la ley, se anunció una nueva formalización de cargos. Luego de sucesivas audiencias en el Octavo Juzgado de Garantía, el juez Juan Manuel Escobar aceptó la reformalización presentada por la parte querellante que elevó de 23 a 30 los bombazos adjudicados a los imputados. Uno de los absurdos de este proceso es que algunos de esos atentados explosivos ocurrieron en el segundo semestre de 2010, cuando los jóvenes se encontraban prisioneros. Sin embargo, el juez no acogió la solicitud de ampliación del plazo de investigación a otros sesenta días -solicitado por los fiscales- y resolvió cerrar la investigación. Por tanto, en la segunda semana de abril la Fiscalía deberá presentar la acusación formal y luego tendría que comenzar el juicio oral. La pronta iniciación del juicio es lo que había pedido, a través de una carta, un grupo de más de 40 diputados, y es también una de las peticiones de los presos en huelga de hambre. Ellos piden, además, la no aplicación de la Ley Antiterrorista, el término del montaje jurídico-policial y la libertad inmediata.
Los familiares y amigos de los imputados han denunciado reiteradamente que desde el primer momento ellos fueron presentados en los grandes medios de comunicación -El Mercurio, La Tercera, canales de televisión- como culpables, violando sus derechos a la privacidad, a la presunción de inocencia y a un debido proceso, estando además sometidos a un sistema carcelario extremadamente severo. Están encerrados en celdas aisladas, con luz artificial durante 22 horas al día. En la mañana y en la tarde tienen una hora de salida a un patio de 3 por 4 metros, donde no tienen dónde refugiarse del sol ni de la lluvia.
Ximena Muñoz, del Colectivo Memoria 119 y vocera de las mujeres y hombres detenidos en este caso, y Myriam Tamayo, madre de Camilo Pérez, explicaron a PF que los pocos visitantes permitidos -sólo cinco familiares directos en el caso de la Cárcel de Alta Seguridad- son sometidos a revisiones vejatorias, obligándolos prácticamente a desnudarse. Están autorizadas dos visitas semanales, pero una de ellas en un locutorio (a través de un vidrio), lo que fue rechazado por los detenidos. Por eso tienen nada más que una visita a la semana en una habitación  pequeña. Para colmo, como castigo, cuando iniciaron la huelga de hambre les cortaron la luz durante cuatro días.

Solidaridad creciente

¿Cuál es el estado de salud de los huelguistas?
Ximena: “Están con calambres y se desorientan con facilidad. Las imputadas tienen visitas dos veces a la semana, previa inscripción. A los 35 días de huelga de hambre habían bajado ocho kilos y algunos hombres nueve a diez kilos. Sufren dolores de cabeza, están soñolientos, tienen la piel amarilla, las uñas ennegrecidas y los codos y rodillas escamados. Estamos pidiendo que los controle un médico porque hasta ahora ni los hombres ni las mujeres han tenido algún tipo de asistencia”.
Myriam: “Se han mantenido con buen ánimo, porque como son inocentes están con la convicción de que todo esto se tiene que resolver. También les hace muy bien darse cuenta de que tienen mucho apoyo. Al comienzo, por la forma en que los medios de comunicación abordaron su detención, mucha gente sintió miedo. Pero ahora es distinto, hay organizaciones como Codepu, Observatorio Ciudadano, Comisión de Derechos Humanos y otras que han venido conformando una red de apoyo. Además, estamos haciendo manifestaciones solidarias todos los miércoles a la 7 de la tarde en la Plaza de Armas y Paseo Ahumada”.
En una de las últimas manifestaciones fueron muy reprimidos...
Ximena: “Ha habido represión y detenidos. La última vez, la gente no lo podía creer. Habíamos avanzado recién como media cuadra cuando los carabineros empezaron a tomar detenidos, comenzando por los chicos de los tikus (grupos de bailes) y por quienes llevan lienzos y carteles. Pero eso no nos va a amedrentar. Al contrario, cada vez somos más los que nos reunimos”.
¿Cuáles han sido las principales irregularidades de este proceso? ¿Por qué hablan de un montaje jurídico-policial?
Ximena: “A partir del 14 de agosto de 2010 se sucedió una serie de allanamientos, en los que no siempre hubo detenidos. A veces se llevaron ropas, fotos y otras cosas muy personales. Por eso sostenemos que buscaban elementos para hacer el montaje y empezar a armar este cuento. El período legal de investigación era de seis meses, pero ya han pasado más de siete meses y todo lo que han presentado son ‘pruebas’ irrisorias, que solamente pueden provenir de una mente enferma. Por ejemplo, un joven se comunica por teléfono con la mamá de su hijo y le dice que el niño está durmiendo y que le dieron la comida al gato. Para ellos, eso es comunicarse en clave. A otro chico le encontraron en su casa una foto donde aparece su nombre y su apodo, con una ‘a’ reemplazada por una bombita -el típico dibujo de un círculo con una mechita-. Para los fiscales, eso sería la prueba de que él pone bombas. Se habla de asociación ilícita, pero muchos de ellos jamás se habían visto y se conocieron cuando ya estaban detenidos. Y así. Son cosas muy fantasiosas que no tienen peso jurídico.
En los sitios donde ocurrieron las explosiones no se ha encontrado ninguna evidencia que pueda demostrar (...)

(Este artículo se publicó en “Punto Final”, edición Nº 730, 1º de abril, 2011), ¡suscríbase a PF!!
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