“La Nación” se niega a morir

TRABAJADORES de “La Nación” y de Gráfica Puerto Madero expresan su protesta.

La decisión del gobierno de poner término a la edición en papel del diario La Nación, luego de 93 años de circulación, constituye un golpe para la libertad de expresión y un paso que debilita todavía más la dudosa calidad de la democracia en Chile, acentuando el monopolio ideológico existente en la prensa de circulación diaria y el control de la información por parte de quienes manejan los hilos del poder económico y político en el país.
En ese contexto, se realizó en Santiago el Congreso de Trabajadores de la Comunicación y las Artes Audiovisuales, que congregó a cerca de cien participantes, entre ellos dirigentes sindicales, el Colegio de Periodistas, la Plataforma Audiovisual, medios comunitarios, académicos y destacados profesionales, que debatieron sobre los temas que afectan al sector.
El primer acuerdo, adoptado por unanimidad, fue un voto de apoyo a la existencia de La Nación en formato de papel, refrendado con un aplauso de los asistentes, incluyendo al recién asumido secretario ejecutivo del Arte y la Industria Audiovisual, Alberto Chaigneau Alliende. El presidente de uno de los sindicatos de La Nación, Víctor Pérez, señaló que los trabajadores han formado -en conjunto con el Colegio de Periodistas- un Comité Ciudadano de Defensa del diario. Participan también la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), parlamentarios, dirigentes de partidos políticos y organizaciones sociales.

En defensa de un diario

Mientras se realizaba la sesión en que Daniel Platovski, presidente del directorio de La Nación, oficializó la decisión del gobierno, el Comité Ciudadano realizó una protesta en el frontis de la empresa, que no tuvo cobertura en los medios de comunicación. “El cierre es una decisión que no entendemos, explica Víctor Pérez, porque el diario electrónico ya existe desde hace dos años y la propuesta contradice la que nos hizo el propio Daniel Platovski en abril, cuando nos dijo: ‘Vamos a crear un proyecto de medio público con mayor contacto con la ciudadanía, énfasis en deportes y espectáculos, que deje al margen el tema político’.
Hoy pensamos que era un calmante para que el sindicato no protestara. Nos habló de una política de puertas abiertas y de diálogo directo, para impedir que se adoptaran decisiones precipitadas en relación al futuro de la empresa. Nosotros cumplimos hasta ahora este compromiso. Es importante que la opinión pública sepa que no sólo se verán afectados los trabajadores de La Nación, sino además los de otras dos empresas públicas asociadas: Puerto Madero, que imprime el diario y Vía Directa, que lo distribuye. El 70 por ciento de propiedad fiscal sobre la empresa convierte a La Nación en una empresa del Estado y su desaparición es un perjuicio directo al patrimonio público”.
Agrega el dirigente que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se comprometió a conversar con el presidente de la Federación de Trabajadores de los Medios de Comunicación, Domingo Vargas, y que a pesar de sus reiteradas solicitudes para concordar una cita, aún no responde. “Por lo visto tenemos que concluir que este gobierno no se reúne ni dialoga con los trabajadores. Hacemos un llamado al presidente de la República para que recapacite. Durante su campaña ofreció crear más puestos de trabajo y con esta decisión de eliminar el diario hace todo lo contrario. En total somos 600 familias que quedaremos cesantes, si la decisión del gobierno llega a prosperar. Lo que hay que hacer es presentar un proyecto para transformar el diario en un medio público, con un estatus legal especial, como el de Televisión Nacional”, concluye.
Felipe Sánchez, presidente del Sindicato Nº 1, que agrupa a los trabajadores de Gráfica Puerto Madero, empresa editorial de los mismos propietarios de La Nación, manifiesta su preocupación: “Dejaremos de percibir importantes ingresos por la impresión del diario La Nación y la inexistencia de otros medios, hará muy difícil la tarea de encontrar un cliente que diariamente pida a la empresa este servicio en el mismo horario”. Sus preocupaciones no se refieren sólo a la pérdida de un cliente, sino también a que desaparece un medio informativo vital para el pluralismo informativo, especialmente porque algunos de sus productos, como La Nación Domingo, tienen un importante número de lectores.
Ambos dirigentes sindicales denuncian el círculo de silencio que rodea a las acciones y opiniones de quienes se oponen a la desaparición de La Nación; un hecho que se suma a la constante omisión que existe en Chile sobre la falta de diversidad informativa, que impide a sectores mayoritarios de la población ver reflejados sus punto de vista en los medios hoy existentes.

Congreso de la Comunicación

La definición de la libertad de expresión como la posibilidad de decirle a los demás lo que no quieren oír, atribuida al célebre periodista y escritor británico George Orwell, constituye una posibilidad negada para la inmensa mayoría de los habitantes de Chile. La libertad de expresión está garantizada formalmente en la Constitución Política. Pero se ha vuelto letra muerta por un complejo entramado de poder económico y político que ha terminado controlando los principales medios de comunicación. Algunas revistas y dos radioemisoras (Cooperativa y Bío-Bío), acosadas de manera continua por la amenaza de no tener avisadores, constituyen las únicas excepciones ante la instalación de un pensamiento único que ha llevado al sociólogo Felipe Portales a caracterizar Chile como “la dictadura perfecta”, aludiendo a los sofisticados mecanismos de control y censura que se esconden bajo una apariencia de libertad.
El ingeniero de sonido y estudiante de derecho, Leonel Cajas, presidente del Sindicato de Canal 13, dice que el principal logro del congreso fue la confluencia de trabajadores de la comunicación y las artes audiovisuales en un espacio común para lograr acuerdos que permitirán iniciar un trabajo conjunto. “Nuestro encuentro no tuvo la pretensión de agotar los temas, sino más bien fue el inicio de un trabajo de organizaciones y personas en temas tan relevantes para la sociedad como la libertad de expresión, la situación laboral de los trabajadores, la propiedad intelectual o la televisión digital”.
En materia de libertad de expresión, el congreso respaldó el derecho ciudadano a la información como un bien social que debe ser cautelado por el Estado, tal como lo consagran diversos tratados suscritos por Chile ante organismos internacionales como la ONU y la OEA. El encuentro constató también cómo la concentración de la propiedad impacta negativamente en el pluralismo informativo y en el derecho a la información. Al respecto el acuerdo propone diversificar la propiedad, hoy circunscrita exclusivamente a medios comerciales, a otros de carácter público o que sean regentados por organizaciones sociales y universidades, operando con financiamiento del Estado. El Congreso de la Comunicación consideró que deben acceder también a estos aportes las redes comunitarias de radios y televisión, que sobreviven con grandes penurias económicas.
Entre los aspectos más debatidos estuvo uno que ha llevado a Punto Final hasta la Corte Suprema de Justicia: la regulación y reparto equitativo del avisaje estatal, como un elemento que garantice el pluralismo informativo y se constituya en un factor que permita el acceso ciudadano a la información. También hubo consenso en la necesidad de fortalecer la legislación y mecanismos de apoyo a las radios y canales de televisión comunitarios, considerando el constante acoso y persecución al que están sometidos.

Televisión digital
y pública

Impulsada por el mercantilismo y una creciente concentración de la propiedad, la televisión chilena adolece de un déficit crónico de programas que enriquezcan sus contenidos y de una endémica falta de pluralismo editorial. Los cambios asociados a la televisión digital producirán una transformación radical del modelo tecnológico de televisión imperante y esta realidad fue analizada en profundidad en el Congreso de la Comunicación, especialmente porque su cualidad de multiplicar las señales en un mismo ancho de banda, posibilitan el ingreso de más operadores a la televisión abierta y gratuita.
Los asistentes vieron en esta nueva realidad una oportunidad para generar, a través de la discusión del proyecto de ley en el Parlamento, un nuevo modelo para la televisión chilena que concilie los cambios tecnológicos con un salto en la calidad de sus contenidos. El nuevo modelo de televisión propuesto pone el acento en la calidad de los mensajes, el pluralismo editorial y la participación ciudadana como elementos centrales sobre los cuales debiera organizarse la nueva era digital.
Entre las propuestas concretas del congreso sobre televisión pública están: tener representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y en el directorio de Televisión Nacional (TVN); generar un nuevo régimen de concesiones que incorpore a las organizaciones ciudadanas, gremios y universidades. También se propone constituir un Foro Social de Televisión Digital que incorpore al Estado, a los actuales operadores de canales de televisión y a las organizaciones ciudadanas, con el objeto de concordar una propuesta sobre acceso ciudadano a la televisión digital que será entregada al Parlamento y gobierno antes que finalice el debate parlamentario sobre TV digital.

Propiedad intelectual y precariedad laboral

El Congreso de la Comunicación acordó también denunciar las situaciones de abuso con los derechos de propiedad intelectual cedidos por guionistas bajo claúsulas especiales y otras formas de presión a los canales de televisión, y proponer modificaciones legales para el caso de renuncia a sus derechos.
Respecto del abandono que hacen algunas sociedades de derecho de autor de su misión de defender los intereses de sus asociados, fijación de tarifas o cobrar derechos de los creadores audiovisuales, se acordó promover la existencia de un organismo estatal regulador del funcionamiento de estas entidades y proponer un mecanismo más objetivo para la fijación de tarifas, establecido con participación de todos los sectores involucrados.
Más del 60% de los trabajadores del sector de los medios de comunicación laboran sin horario y excediendo con creces las 45 horas semanales, sin pago de horas extraordinarias y sometidos a diversas formas de contratación abusiva para eludir derechos, como la prestación de servicios ocasionales o la subcontratación. Incluso, en algunos canales de televisión existe la práctica de contratar servicios de técnicos y profesionales por día. El contrato expira al caer la tarde y a la mañana siguiente el trabajador firma otro en las mismas condiciones. Bajo esta realidad, se comprende que los medios de prensa, radio y televisión excluyan sistemáticamente de sus pautas las noticias laborales de su sector, un tema tabú en la prensa chilena.
El Congreso de Trabajadores de la Comunicación y las Artes Audiovisuales decidió crear una instancia superior que agrupe a todas las organizaciones participantes para defender sus derechos a través de la comunicación y coordinación de sindicatos, colegios profesionales y agrupaciones gremiales vinculadas al sector de los medios de comunicación

RUBEN ANDINO MALDONADO

RECUADRO

Cierre del “Diario Uno”

Otra publicación independiente, el semanario Diario Uno, ha debido suspender sus actividades por… asfixia económica.
Diario Uno, dirigido por el economista Marcel Claude, alcanzó a editar treinta y dos números. En la edición del 31 de octubre informó editorialmente sobre su cierre temporal. Al reseñar los esfuerzos por mantener a flote la publicación, señala: “En primer lugar, intentamos abrir un flujo de apoyo de personas dispuestas a crear una cooperativa propietaria del diario y esperábamos unas 30 mil personas, lo que nos habría permitido un capital inicial y una venta asegurada de ejemplares para sostenerlo financieramente. Sin embargo, el número de personas inscritas no superó las 400 y de ellas, no más de 15 enviaron las cartas respectivas para cumplir el requisito jurídico de inscribirlas como socios de la cooperativa. Lo recaudado por esta vía no alcanzaba ni siquiera para solventar el costo de impresión de un mes y el Diario Uno lleva ya siete meses de circulación. En consecuencia, todo el esfuerzo financiero de solventar esta iniciativa se ha sustentado en el endeudamiento de una sola persona que hoy supera los 25 millones de pesos”.
Agrega el editorial que se buscaron “todas las alianzas estratégicas posibles” con organizaciones sindicales como la CUT, Anef, Colegio de Profesores, etc. “La respuesta -señala- siempre fue de acogida y buena disposición, aunque nunca se materializó en apoyos concretos. Y no está demás recordar que no sólo se les pidió apoyo financiero, sino que además, se les ofreció ser parte de un mesa editorial y espacio abierto y sin restricciones en las páginas del diario. Se conversó con sectores políticos que hoy claramente no disponen de espacio ni medios para comunicar sus proyectos políticos pero, desgraciadamente, la respuesta fue siempre la misma, palabras de buena crianza y nada más”. Finaliza el editorial manifestando que Diario Uno espera “volver con un proyecto mejorado, más amplio y pluralista…”

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 722, 12 de noviembre, 2010
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