La huelga que torció la mano
al gobierno

Autor: Paulina Acevedo Menanteau (*)

Tras 88 días, los últimos presos políticos mapuches que se mantenían en huelga de hambre líquida en las cárceles de Angol, Temuco y en el Centro de Internación Provisoria de Chol Chol, decidieron poner fin a esta medida de protesta. Días antes, el 1º de octubre, lo habían hecho los otros comuneros, tras alcanzarse el compromiso del gobierno de retirar las querellas que mantenía en su contra bajo calificación terrorista.
Esta no es la primera huelga de hambre que emprenden presos mapuches para exigir un juicio justo y el fin a la criminalización con que han sido enfrentadas sus demandas territoriales, pero tanto por lo masivo de la acción como por los resultados alcanzados, esta vez se logró torcer la mano al gobierno: impugnar la ley impropia y violatoria de derechos -la Ley Antiterrorista- con la que han sido juzgados; concitar la solidaridad internacional y un apoyo inédito de vastos sectores de la población chilena; y romper el cerco informativo impuesto en un comienzo por el Ejecutivo y los medios de comunicación oficiales.
Fue también una huelga que marcó el nacimiento de un nuevo grupo de dirigentes mapuches quienes, pese a su juventud, demostraron un manejo comunicacional y temple absolutos al momento de negociar con las autoridades. Lograron cambiar la mirada que existe sobre el mal llamado “conflicto mapuche” y abrir las puertas a la posibilidad de una convivencia social más respetuosa de su autonomía e identidad cultural diferenciada.
Es cierto, como señalaron los presos de Angol, que lo ofrecido por el gobierno es mezquino y que no garantiza que la Ley Antiterrorista no les sea aplicada por la Fiscalía, pues ésta, lejos de ostentar la imparcialidad que requiere su función y si bien se les debe considerar ente independiente dentro del Poder Judicial -que es lo que arguyen para perseguir según su propio criterio como delito terrorista las manifestaciones de protesta social de los mapuches-, han dado muestras de un ensañamiento particular con este pueblo y de una persecución que, como se ha denunciado, incluso ha llegado a la utilización de montajes para construir sus argumentos incriminatorios.
Es cierto, a su vez, que la modificación del Código Militar, otro de los rimbombantes anuncios de Piñera para enfrentar la huelga, tampoco evita el doble juzgamiento al que se han visto expuestos por parte de tribunales ordinarios y castrenses, ya que se mantiene la competencia de la justicia militar para conocer de delitos de uso innecesario de la fuerza en contra de civiles. Brutalidad policial -incluida la tortura y el asesinato- que por años ha debido enfrentar el pueblo mapuche en sus comunidades, cometida por agentes del Estado en la mayor impunidad al ser juzgada por las “cortes marciales”.
Pero no es menos cierto que se logró forzar un diálogo inexistente, que es indispensable ahora capitalizar. Pues si bien con estos “gestos” del gobierno se logró poner fin a la huelga y a los riesgos inminentes de desenlaces fatales que con espanto veíamos avecinarse, no se ha puesto término a los abusos sistemáticos contra el pueblo mapuche, ni se ha resuelto su demanda histórica por las tierras ancestrales que le han sido usurpadas, precisamente el origen de la movilización social que durante la última década se ha intensificado en el sur de Chile y que hoy tiene a más de 50 presos políticos mapuches en las cárceles. El debate de fondo se debe propiciar seriamente.
El diálogo debe ser permanente y amplio en su representación. Un diálogo que debe considerar, a la hora de ofrecer propuestas, las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos al Estado chileno y las de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, a nivel interno. Un diálogo que, por sobre todo, debe consultar de buena fe a los mapuches, es decir, ponderar su parecer con miras a alcanzar acuerdos, como lo establece el Convenio 169 de la OIT recientemente ratificado por Chile.
Un diálogo que avance a transformarse en un espacio de negociación como fueron en su momento los parlamentos entre indígenas y españoles, pero esta vez con el Estado chileno, reconociéndose el derecho que tiene el pueblo mapuche a la autodeterminación como nación, además preexistente. Un diálogo, en definitiva, que no se asiente en los problemas de pobreza que afectan al pueblo mapuche, como quiere minimizar Piñera con su insulso Plan Araucanía. Sino en uno de Estado, entre Estados-naciones, de cara a enriquecernos culturalmente.

(*) Periodista, comunicadora en derechos humanos.
Observatorio Ciudadano-Red de Medios de los Pueblos.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 720, 15 de octubre, 2010)
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