Una tragedia nacional

Todos somos mineros

Dos grandes eventos de diferente naturaleza han brotado para fluir hacia un destino similar. El terremoto y maremoto del 27 de febrero y el encierro de 33 trabajadores en la mina San José han desenmascarado al país. El modelo económico, social y también político levantado en varias décadas por expertos en comunicaciones políticas y corporativas, parece haberse desplomado en pocos meses. El país líder en reformas económicas, libre mercado, crecimiento económico, inversión extranjera, la nación que era el paradigma latinoamericano de estabilidad política y paz social, el país baluarte para la región en la protección social, el que tiene como meta el desarrollo para finales de la recién iniciada década, ha exhibido en pocos meses una cara jamás mostrada por aquellos publicistas, comunicadores, ejecutivos e inversionistas. En pocos meses, ha saltado a la luz pública no sólo una extensa y endémica pobreza. Ha saltado a los ojos de todos la artificialidad de un relato político-económico.
El terremoto de febrero ha mostrado un país que no aparecía en las teleseries, en la publicidad oficial y corporativa o en los informativos. La precariedad y pobreza de extendidas regiones del país se ha instalado por sobre ese país representado por barrios como La Dehesa, las empresas extractivas y exportadoras de recursos naturales y las compañías de servicios de alta tecnología. El Tercer Mundo ha pasado a ser el protagonista del país que había entrado en el siglo XXI aspirando a ser la reserva sudamericana del capitalismo industrial y posindustrial.
El desastre minero del 5 de agosto ha mostrado las bases sobre las que se ha construido aquel mito económico. Una clase empresarial soberbia y ambiciosa, que basa la rentabilidad en recortes salariales, en la apropiación de los fondos de jubilación y salud de sus trabajadores, en el desprecio de la vida de sus empleados. Una clase obrera desarticulada, que depende de las arbitrarias decisiones dictadas por los mercados internacionales sobre las gerencias de finanzas y recursos humanos. Esta precariedad laboral, incapaz de mantenerse escondida bajo la caverna minera, se extiende y reproduce en millares de lugares. Los trabajadores chilenos, lo vemos cada día, parecen haber sucumbido a la extracción de los recursos naturales, a la gestión empresarial, a la búsqueda de rentabilidades corporativas. A esta economía.
Hace pocos meses se demolió hasta el corazón del mito: Chile, ejemplo de protección social; Chile, modelo en la lucha contra la pobreza; Chile, líder en los mercados internacionales, Chile, el guardián del laissez faire en Latinoamérica. Bajo la argumentación de los números, las estadísticas de Mideplan revelaron no sólo un aumento en los niveles de pobreza en un país de por sí pobre, sino demostraron una vez más un ensanchamiento de la brecha entre los más ricos y los más pobres. De cierta manera, los guarismos de Mideplan han demostrado que el mito de un país pujante que compite en los mercados desarrollados, que se ha colado entre las naciones de la OCDE y que aspira a llamarse “desarrollado” en unos pocos años, existe como una burbuja, como un condominio exclusivo o coto cerrado en un gran campo lleno de mediaguas. Chile está dividido en dos realidades muy separadas. Y si son complementarias para el modelo económico, para el modelo extractivo y exportador son antagónicas en lo social.

El enclave del
Primer Mundo

El año pasado Chile exportó cobre por más de 26 mil millones de dólares, cifra que este año podría llegar a 37 mil millones. Este volumen de divisas que surge de la extracción y procesamiento de 5,7 millones de toneladas de cobre, mantiene al país en el liderazgo de la producción mundial de este mineral.
Se trata de una gran producción y también de un gran negocio. Durante el año pasado las grandes mineras ganaron cerca de diez mil millones de dólares, cifra que este año, por una mayor actividad económica mundial y un aumento en el precio del cobre, tenderá a elevarse. Y si revisamos un poco hacia atrás, durante los últimos cuatro años estas grandes corporaciones mineras registraron en sus balances utilidades por 57 mil millones de dólares. Con más detalle, en estas cifras podemos destacar que Minera Escondida, del consorcio internacional BHP Billiton, ganó unos 18 mil millones de dólares en ese período, Codelco casi diez mil millones, Doña Inés de Collahuasi (Anglo American XStrata y Mitsui) más de seis mil y Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, casi cinco mil millones.
Chile es una potencia minera. Pero una potencia desigual. Porque sólo cuatro compañías producen el 70 por ciento del cobre nacional y poseen gran parte de las reservas del mineral. La estatal Codelco produce el 25 por ciento del cobre, tiene activos propios por más de trece mil millones de dólares y es el primer productor mundial. BHP Billiton tiene oficinas en unos 25 países, con ventas el 2008 por más de 20 mil millones de dólares; Anglo American posee sólo en Chile los yacimientos Los Bronces, Collahuasi, Mantos Blancos, El Soldado y Mantoverde, que alcanzaron una producción de 638 mil toneladas de cobre fino en 2008. La otra chilena, Antofagasta Minerals, de Luksic, posee los yacimientos Los Pelambres, Michilla y El Tesoro, con una producción de 477 mil toneladas en 2008.
Gran producción y grandes ganancias. Una realidad que también se siente en los sueldos de los trabajadores, sensiblemente muy por encima del resto de los empleados y obreros chilenos. En septiembre del año pasado los más de dos mil trabajadores de Escondida consiguieron que la empresa les pagara un bono por 14 millones de pesos. En Codelco, aun cuando las condiciones de los trabajadores de planta son más o menos similares, no ha sucedido lo mismo con los subcontratados, que pese a realizar las mismas labores reciben salarios mucho más bajos. Las huelgas de los subcontratistas de 2006 sacaron a la luz esta discriminación y las políticas de externalización de funciones de la estatal. Ante la extendida creencia en una “aristocracia obrera”, se conoció otra realidad. Una gran mayoría de los trabajadores externalizados recibían salarios inferiores a los 500 mil pesos mensuales. Un mundo subdesarrollado enclavado en el desarrollado. La reducción de costos sobre la base de la discriminación y la desigualdad tiene sus bases en la primera empresa del Estado. Y si Codelco entrega la pauta, ¿qué se puede esperar en el resto de los productores?

La pesadilla
de las pymes

Si estas cuatro corporaciones producen el 70 por ciento del cobre, hay un tercio producido por medianas y pequeñas empresas, entre las que se halla la mina San José. Muchas de estas empresas, que están hoy en plena producción, tuvieron que cerrar durante los primeros años de la década pasada cuando el precio internacional del cobre no alcanzaba a cubrir los costos de producción. Sin ir más lejos, hacia finales de 2008, con un precio del mineral de 1,4 dólares la libra, numerosas pymes mineras golpeaban las puertas del Ministerio de Minería para pedir subsidios gubernamentales. Hoy, con un precio superior a los tres dólares, han vuelto a las faenas.
Cuando la televisión exhibe las imágenes de la mina San José y sus precarias condiciones laborales, es posible extender esta realidad a numerosas otros yacimientos mineros, lo que ha quedado expresado por los cierres que realizaron los organismos fiscalizadores durante las últimas semanas. Las condiciones laborales de la gran empresa no tienen relación con las de las pymes.
El accidente minero ha revelado también otra realidad. Aun cuando la actitud de los propietarios de la mina San José es condenable, no deja de ser verdad la situación financiera de la empresa operadora, lo que expresa la contradictoria realidad económica del país. Las enormes diferencias que existen entre las gigantescas corporaciones y las pymes mineras es también trasladable a numerosos otros sectores de la economía. Cuando las autoridades condenan las condiciones en que operan estas empresas, también condenan, de manera indirecta pero concreta, a los productores de menores recursos. No se trata de justificar los ahorros en las inversiones para la seguridad o la retención de las imposiciones de los obreros, pero la competencia en el capitalismo feroz empuja a estas situaciones. ¿Sólo pueden competir aquellas compañías de alta tecnología y bajos costos de producción? La precariedad de las condiciones laborales de la mina San José es extensible a numerosos otros sectores de la producción. Millares de pymes, asediadas por la competencia de la gran empresa y los grupos económicos, presionadas por las deudas contraídas con los bancos a altas tasas de interés, han de sobrevivir trasladando los costos a los trabajadores.

Miles de accidentes
del trabajo

Según la Superintendencia de Seguridad Social durante 2009 se produjeron 233 mil accidentes laborales sólo en las empresas asociadas a la Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo. De este total, 62 mil ocurrieron en el sector de servicios comunales y personales, 35 mil en el comercio, casi 27 mil en la construcción, 39 mil en la industria manufacturera, 26.600 en la agricultura y pesca y sólo 1.289 accidentes en la minería.
La minería, y especialmente la gran minería, no es un sector que ocupe mucha mano de obra, a eso responde la baja cantidad de accidentes. Pero en cifras relativas, tampoco destaca como un sector en extremo riesgoso. La minería tiene una tasa de accidentabilidad de sólo un 0,6 por ciento, cifra muy inferior si la comparamos con la construcción, que tiene un 4,6 por ciento, o la industria manufacturera, con un cinco por ciento, según se desprende de cifras del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) y de la Superintendencia de Seguridad Social.
Las malas condiciones laborales en Chile permitidas por la creación de gigantescos grupos económicos, es un mal que se extiende desde la minería a la construcción, a la industria forestal y el comercio. Las bases del tan elogiado crecimiento económico chileno se han construido sobre la precariedad, la inestabilidad y la inseguridad social. Cuando los medios de comunicación y el mismo gobierno claman por las deudas previsionales de la mina San José, como si éste fuera un caso único en el país, debieran extender su espanto a todos los otros sectores productivos y de servicios. El no pago de la seguridad social a los trabajadores, así como el trabajo informal, ha llevado a que una gran parte de los futuros jubilados sólo obtendrán pensiones asistenciales. Cuando el Congreso propone legislar para extender a las pymes el plazo de pago de las deudas previsionales con sus trabajadores, otorgando 24 cuotas, lo único que hace es postergar el problema. El verdadero mal está en el escaso o nulo apoyo a las pymes para mantener sus mercados, cada día más reducidos a costa de la dura competencia de las grandes corporaciones.
El gobierno conoce de sobra estas condiciones. De cierta manera, lo ha expresado entre líneas. Cuando el presidente Sebastián Piñera anunció la creación de la Comisión para la Seguridad en el Trabajo, dijo que un trabajo seguro y digno significa un trabajo que definitivamente es más comprometido y es más productivo. “Y también va a beneficiar a nuestro país, porque nos va a permitir ampliar el ámbito de lo que entendemos como país desarrollado, que es mucho más que un ingreso per cápita o un determinado nivel de inversiones, es un país que trata con dignidad a todos sus ciudadanos y muy especialmente a sus trabajadores”.
No sólo Sebastián Piñera conoce los problemas, sino toda la clase política y empresarial. Pero el problema no se resuelve con buenos deseos y anuncios grandilocuentes. El modelo económico, bien sabemos, estimula los deseos más perversos.

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final” edición Nº 717, 3 de septiembre, 2010)
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