Cárceles para infrahumanos

Purgatorio a la chilena

Autor: ARNALDO PEREZ GUERRA

Las cárceles en Chile están colapsadas y todos lo saben. El presidente Sebastián Piñera prometió resolver el problema, que se arrastra hace décadas, “en noventa días”. Felipe Bulnes, su ministro de Justicia, dispone de tres meses para que “cada reo tenga abrigo, salud y alimentación dignos”. En visita a los penales El Manzano I y II, de Concepción, dañados por el terremoto, el ministro agregó que “cada interno tendrá su litera, colchón y frazada, asistencia de salud para situaciones de emergencia y una alimentación digna”. Y es que hoy los 55 mil presos en las cárceles del país no lo tienen. Según Bulnes se modificará el régimen de las casi quince o más horas que los reos permanecen encerrados, se fiscalizará cómo funcionan los centros de educación y trabajo al interior de los penales, se ocuparán eficientemente los recursos y se construirán más y más cárceles… en manos de empresarios. El Ministerio de Justicia reconoce tasas de hacinamiento “que llegan a cerca del 70%”. “Eso nos impone aumentar la capacidad de los penales, rediseñar los que estaban en proceso de ejecución y construir nuevas cárceles”, dice Bulnes.
El hacinamiento tiene raíces profundas: entre 1985 y 2007, la cantidad de presos aumentó en un 210%: de 22 mil a casi 46 mil. Según cifras de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, el año 2008 la población penal alcanzó a 48.998 internos, y en 2009 ya eran 53.482. Pero la capacidad del sistema penitenciario es de 31 mil internos. Hoy la cantidad supera los 55 mil. A esto se agrega que en los centros del Sename hay 1.200 jóvenes que han infringido la ley de responsabilidad penal juvenil -en vigencia hace poco más de un año-. Ya hay centros hacinados. Hay cárceles donde el hacinamiento es superior al 400%, como el CDP Peumo. Le sigue Villarrica, con 253% de sobrepoblación; el CDP Puente Alto, con 239%; Buin, con 222%; La Ligua, con 204% y el CPF Temuco, con 193%. Estas cifras son anteriores al terremoto que agravó el hacinamiento y dejó inhabitables catorce cárceles y centros de reclusión nocturna del país. La reforma procesal penal aumentó la población carcelaria en 25% lo que cuestiona la mediática tesis de la “puerta giratoria”.
El 24 de mayo, la Fiscalía Judicial reveló que tras el terremoto, en El Manzano I (Concepción) hay 1.728 presos aunque su capacidad es de sólo 738. Señala que un 40% de la cárcel de Parral quedó destruida y los daños en el penal de Constitución obligaron a su cierre. Agrega que en el CDF San Miguel, Santiago, 500 mujeres duermen en un patio pues el terremoto destruyó su pabellón. Según el subdirector operativo de Gendarmería, coronel Carlos Muñoz, la institución ha gastado en infraestructura 1.100 millones de pesos para la emergencia. Se demolerán las cárceles de Buin, Melipilla, Molina y Chillán. Permanecen inhabilitadas las de Parral, Constitución, Chanco, Los Angeles y San Javier. Otras funcionan de forma parcial, como Talca, Arauco, Concepción y Coronel.

Récord mundial de presos

Chile, junto a Panamá y EE.UU., figura entre los países con mayor número de reclusos en el mundo. La tasa chilena supera los 340 por cada 100 mil habitantes. “La desigualdad ha provocado y desarrollado fenómenos como la concentración de pobreza en barrios periféricos, educación deficitaria, escasez de trabajos formales y bien remunerados, falta de oportunidades, consumo y tráfico de drogas, etc. A la par, se incrementa la población carcelaria, mayoritariamente compuesta por jóvenes de 18 a 28 años. Cada día más jóvenes se involucran en lo delincuencial, se estigmatiza a ciertos sectores y grupos. Las autoridades buscan la solución en promulgar nuevas y más duras leyes. La penalización no ha logrado disminuir los delitos”, dice Silvia Vidal, presidenta de Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco).
La presidenta Michelle Bachelet prometió construir quince cárceles concesionadas. Pero sólo son siete y son un buen negocio. En mayo de 2008 Santiago Uno -que tiene un tope admitido por contrato de 3.081 presos- llegó a 3.090 internos. Pocos días antes del terremoto se informó de la construcción de cárceles concesionadas antes de 2015 en Calama, Copiapó, Valparaíso, Concepción y Temuco, por 150.000 millones de pesos. Para el anterior y el actual gobierno las cárceles privadas son la solución. La Comisión Defensora Ciudadana señaló en un estudio realizado en las cárceles concesionadas de La Serena, Rancagua y Santiago, “problemas de hacinamiento, alimentación y seguridad”. De los 55 mil reos, unos 15 mil están recluidos en penales concesionados.
Es difícil acceder a las estadísticas en relación al hacinamiento. La ONU sugiere celdas individuales o de hasta tres internos. Organismos internacionales recomiendan celdas de quince metros cuadrados por interno. En Chile se calculan en veinte metros cuadrados, pero se incluyen la celda y la superficie proporcional de patio, talleres, comedores y baños.

Inhumano, degradante
y cruel

Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), califica como “poco serio” el plazo que dio Piñera para resolver la crisis penitenciaria. “Es contradictorio que mientras se anuncia que se terminará con el hacinamiento, se recorte el presupuesto y nos mantengan turnos de trabajo inhumanos”. Denuncia que en la cárcel de Copiapó hay celdas con 70 camas donde duermen más de 180 presos. “Es atroz el hacinamiento desde hace años. Dicen que en noventa días se van a comprar más literas, poner colchones, arreglar la infraestructura… pero acaban de recortar del presupuesto nacional de Gendarmería en 2.600 millones de pesos”, agrega.
Y para qué hablar de la rehabilitación o reinserción de los presos. Ocho de cada diez que salen en libertad, reinciden. La infraestructura estatal fue concebida sólo para 23 mil reclusos y muchos cumplen condena en condiciones infrahumanas. El penal con mayor sobrepoblación es la ex Penitenciaría de Santiago, construido en 1843. La mayoría de los presos son jóvenes de menos de 30 años; el 75% cumple condenas de entre 5 y 20 años. En 2004, Confrapreco denunció que en la ex Penitenciaría había una ducha y una taza turca por cada 64 internos.
En 2008, Florentín Meléndez, relator de la OEA sobre derechos de las personas arrestadas, verificó en Chile maltratos a presos y hacinamiento. Visitó cárceles estatales y concesionadas: “La delegación observó con preocupación que en todos los centros de detención visitados existe un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería, y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas. (…) Existe una práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes a las visitas, particularmente a mujeres y niñas, así como la permanencia en centros carcelarios de personas con discapacidad mental y de ancianos y ancianas de hasta 80 años de edad. Hay serias deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social, incluyendo el limitado porcentaje de la población carcelaria que tiene acceso a los programas de los centros de estudio y trabajo”.
Lapidaria fue también la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, que calificó como “inhumano, degradante y cruel” el trato que reciben los presos. Su inspección detectó situaciones “graves”: hacinamiento, extensos horarios de encierro, deficiente alimentación, prácticamente nula rehabilitación, insuficientes condiciones sanitarias e higiénicas, aplicación de castigos, aislamiento de internos en condiciones inhumanas, e inseguridad y muerte de reos.
La investigación se originó tras un incendio en el penal de Colina II que culminó con una decena de muertos. La fiscal recordó que desde 2001 había representado a las distintas autoridades competentes “las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios… debido tanto al hacinamiento como a la falta de una política penitenciaria y acciones concretas que permitan la reinserción social”. Pero no sólo se trataría de falta de espacio, también hay maltratos: “La situación de hacinamiento se ve agravada por el hecho de permanecer los internos encerrados en sus celdas por espacio de aproximadamente 15 horas diarias, en celdas abarrotadas que por lo general carecen de servicios higiénicos y de la adecuada luz y ventilación. (…) Es fundamental contar con la

(Este artículo se publicó en “Punto Final”, edición Nº 716, 20 de agosto, 2010)
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