Edición 716 desde 20 de agosto al 2 de septiembre de 2010
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El fallo de la Fiscalia

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Hijos del rigor… mortis

Karen Hermosilla

En la “Mazúrquica modérnica” -mi canción contestataria favorita- las cosas quedan bastante claras. El poder, en sí mismo, contiene las aberraciones de la explotación. Por así decirlo, los funcionarios que sirven en esta estructura no tienen más culpa que la de ser mandados y obedientes con cierto automatismo. No hay una victimización del apatronado, entonces, sino una necesidad que tiene cara de hereje.
Las cosas en doscientos años no han cambiado y posiblemente sigan siendo así en un millón de años más, sobre todo por la diferenciación, primero sexual y después racial y de clases, que hace a los seres humanos sentirnos “especiales”. Incluso intentando hacer “refalósicas revoluciónicas”, unos siempre terminan siendo “más iguales que otros”, parafraseando la fábula de Orwell. Pero la lucha intestina que tenemos por pertenecernos a nosotros mismos, no tiene correlato cuando debemos hacer las labores encomendadas por la estructura, pues el soldado nazi también perteneció a una cadena de mando y fue humillado por sus superiores. El asunto está entonces en la medida en que somos capaces de ceder de nuestro poder personal, o más bien dignidad, con el afán de pertenecer a la masa productiva, que utiliza las trampas del ego con un afán completamente inverso: la homogenización.
En Chile, como en el resto del mundo, el único freno a los abusos llega cuando ya es tarde. Por eso, para que quedaran en agenda los derechos del trabajador debieron morir calcinadas 146 mujeres de la fábrica textil Cotton, de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzó la fuerza pública ante la negativa de abandonar la toma con la que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. Lo mismo sucedió con los “héroes de Antuco”, que provocaron la resolución de hacer el servicio militar voluntario. Qué decir del tsunami o maremoto en las costas del centro-sur; recién luego de la catástrofe se dispuso modernizar los sistemas de sondeo sismográfico y las comunicaciones con centrales internacionales.
Ahora ocurre con la pequeña y mediana minería; luego de tener un derrumbe completamente evitable en la mina San José que dejó sepultados a 33 mineros copiapinos, se comienza a debatir sobre la escasa y casi nula fiscalización de parte del Estado, que se surte de esta faena altamente peligrosa sin los estándares de seguridad pertinentes, y peor aún, sin los impuestos correspondientes a tamaño esfuerzo del obrero. Pareciéramos estar frente a la obra del entrañable Baldomero Lillo, pero cien años después. La “cuestión social” se ha quedado en los papers sociológicos, o en las obras de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, despedido de la Universidad Arcis a la llegada de Max Marambio como presidente del directorio.
Si bien es cierto que el papel del Estado es cuidar a los ciudadanos, parece que la segunda tarea, la de cuidar la propiedad privada, es el imperativo categórico que domina. Pues haber cedido a las presiones para la reapertura de la mina en 2008, en pleno mandato de la socialista Bachelet, es la evidencia de la holgada relación entre los patrones y los “servidores públicos”.
Hijos del rigor… del rigor mortis. Porque se necesita la visita de la “huesuda” para comenzar a hablar sobre los derechos, olvidados ante tantos deberes ciudadanos. ¿Cuántos muertos necesita la historia de un país, me pregunto, un país golpeado por la tiranía, para reaccionar? ¿Cuánto hambre, rabia y sufrimiento?
Es como si estuviéramos esperando al Mesías, esperando ya sin más esperanza que la de la leyenda cristiana que desde el cielo, extramuros de esta condenada cárcel a tamaño mundial, venga “alguien” a rescatarnos.

 

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 716, 20 de agosto, 2010)
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