Rebeldía
mapuche
en prisión

La movilización partió el 12 de julio en Concepción y se expandió como reguero de pólvora por las cárceles del sur. Aquella jornada, cinco presos políticos miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), entre ellos el dirigente Héctor Llaitul Carillanca, comenzaron una huelga de hambre líquida en la Cárcel El Manzano, emplazando al gobierno de Sebastián Piñera a poner fin al uso de la Ley Antiterrorista, así como al doble procesamiento en tribunales civiles y militares y terminar con los montajes judiciales “que implican el término de procesamientos externos y viciados”. Finalmente, piden garantizar a los comuneros el derecho a un juicio justo.
Horas más tarde, quince presos mapuches recluidos en el Centro Penitenciario de Temuco se sumarían a la huelga, denunciando por su parte la violencia de los organismos policiales al interior de sus comunidades, ello “en presencia de los propios fiscales del Ministerio Público”. Una semana más tarde se sumaría Ignacio Gutiérrez Coña, estudiante mapuche recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, y Waikilaf Cadín Calfunao, miembro de la Comunidad Juan Paillalef de Cunco, este último en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Angol acusado de supuesta “tenencia de explosivos”. Días más tarde, el 26 de julio, asumirían la misma medida otros ocho presos políticos recluidos en el penal de Angol, miembros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Comunidad Ranquilco y Comunidad José Millacheo. La lista la completarían el pasado 28 de julio los comuneros Carlos Muñoz Huenumán y Eduardo Painemil Peña, en la cárcel de Lebu, provincia de Arauco.
Son treinta y un prisioneros movilizados que hasta el cierre de esta edición de PF cumplían 22 días de ayuno. Un gran porcentaje de ellos enfrenta acusaciones por infracción a la Ley Antiterrorista, creada por la dictadura para perseguir opositores políticos y que permite “en democracia” mantener a los mapuches en prisión preventiva durante dos años, impide a los abogados el acceso a la investigación y a las acusaciones, y se presentan testigos cuya identidad y rostro se oculta, al estilo de los tribunales fujimoristas en Perú.
Muchos de los huelguistas enfrentan además procesamientos simultáneos en la justicia civil y militar y, por si no bastara, se les ha catalogado en los medios de comunicación como “peligrosos terroristas”, pese a que ninguno de ellos se ha visto involucrado en delitos de sangre o de gran connotación y alarma pública. La mayoría sólo ha participado en acciones ligadas a la recuperación de tierras ancestrales o en manifestaciones públicas pacíficas. Y un porcentaje menor, en acciones de autodefensa que si bien han afectado bienes de empresas, en ningún caso han puesto en riesgo la vida de personas.

Estudiante solidario

Uno de los huelguistas en Temuco es Claudio Sánchez Blanco, de 28 años. Padre de un hijo y miembro de la comunidad Pelewe, en la comuna de Teodoro Schmidt, fue detenido el 25 de octubre de 2009 en Temuco, en las cercanías del Hogar Universitario “Purram Peyum Zugu”, en pleno centro de la ciudad. A dicho recinto llegaron cerca de 40 efectivos policiales, quienes sin exhibir orden de allanamiento ingresaron incautando computadores, notebooks y celulares de los universitarios. Sánchez, alumno de último año de pedagogía intercultural en la Universidad Católica, se dirigía a su trabajo al momento del arresto. El Ministerio Público le atribuyó vinculación con el supuesto ataque a un bus de pasajeros ocurrido en el sector del bypass de Temuco. Según el fiscal, Sergio Moya, entre sus pertenencias “se habría encontrado” un original del comunicado con que un grupo se habría atribuido la acción. Junto a Sánchez otros seis mapuches fueron detenidos aquella jornada tras violentos allanamientos a las comunidades Juan Huenchumil y Juan Catrilaf II, de la comuna Padre Las Casas. Todos fueron formalizados por infracción a la Ley Antiterrorista y permanecen recluidos en Temuco, a la espera de un juicio oral donde, por lo bajo, arriesgan 20 años de prisión.
“El arresto de Claudio fue muy difícil para nosotros”, relata Pedro Sánchez, su hermano, también ex dirigente universitario y hoy profesor de educación básica intercultural. “En especial para nuestros padres. Tener un hijo en la universidad y que de un día para otro lo encarcelen sin haber cometido ningún delito, genera un gran impacto emocional. Ha sido realmente duro para ellos, que son personas humildes y se han esforzado por entregarnos educación. Mi madre se encuentra con depresión y ha tenido que ser hospitalizada en reiteradas ocasiones por crisis de angustia”, relata Pedro.
“Una huelga de hambre nunca es buena, puesto que conlleva consecuencias físicas y sicológicas para las personas que la asumen y mucha preocupación para quienes vemos cómo paulatinamente se deteriora la salud de nuestros familiares”, señala a Punto Final. Sin embargo, no duda en respaldar a su hermano y los demás comuneros movilizados en Temuco. “Nosotros apoyamos la huelga como mecanismo que permite presentar la problemática de los presos políticos a la sociedad. Y también para que los medios de comunicación den a conocer las injusticias y la discriminación que el Estado sigue practicando contra los peñis (hermanos) y lamgenes (hermanas) que denuncian y alzan la voz frente a estos hechos. El caso de Claudio, por ejemplo: tiene como único delito ser un solidario dirigente estudiantil. Hoy vemos cómo injustamente se lo mantiene privado de libertad por más de nueve meses y procesado por la Ley Antiterrorista”, subraya Sánchez.

¿Terroristas mapuches?

Según el Informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura, existe un total de 57 presos políticos mapuches en el sur de Chile, incluyendo dos mujeres y dos menores de edad, repartidos en cárceles de Concepción, Lebu, Los Angeles, Cañete, Angol, Victoria, Traiguén, el Centro de Reclusión de Menores de Cholchol, Temuco y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 96.
El informe, que fue entregado el 23 de junio en La Moneda, abarca desde junio de 2009 a junio de 2010 -incluye los últimos nueves meses del gobierno de Michelle Bachelet y el primer trimestre de gestión del presidente Sebastián Piñera-. Según la CECT, doce mapuches cumplen condena en libertad vigilada. Se suman a ellos otros 37 casos de procesados con medidas cautelares, como arresto domiciliario, firma periódica ante la Fiscalía, reclusión nocturna o arraigo (prohibición de salir de un territorio determinado). Entre ellos figuran nueve menores de edad que fueron detenidos durante unas horas y posteriormente procesados por causar presuntamente desórdenes públicos.
El CECT recogió además en su informe cinco casos de absoluciones judiciales, entre las que destaca la de la documentalista Elena Varela, que fue acusada de participar en dos asaltos a mano armada ocurridos en 2004 y 2005. Paradójicamente, las absoluciones no son hechos aislados. Numerosos son los mapuches que tras años de encierro “preventivo”, en juicio oral han sido declarados inocentes por los tribunales. El último fue Luis Tralcal Quidel. El 30 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo absolvió del delito de incendio. Tralcal permaneció más de un año encarcelado, acusado de participar en un atentado a maquinaria forestal del fundo Las Praderas de Chol Chol. Por esta misma causa los jueces habían absuelto el año 2009, en forma unánime, a Héctor Llaitul y a Roberto Painemil. La Fiscalía no pudo probar la participación de Tralcal y no aportó nuevas pruebas, confirmándose su inocencia. No es la primera absolución de Tralcal. En el año 2009 tuvo que enfrentar cargos por “homicidio frustrado en contra de Carabineros”. Fue absuelto por la Corte Marcial.
Fernando Lira, presidente de la ONG Liberar, que asumió la defensa del dirigente en el último juicio, es claro en denunciar una “puesta en escena” del Ministerio Público. “Este caso debiera haber sido considerado como causa ya juzgada desde el principio, y no haber realizado un nuevo juicio. El tribunal lo acogió finalmente de esa manera. La Fiscalía aprovechó estos días de juicio para mostrar a Luis Tralcal en los medios de comunicación como un ‘terrorista’ y para decir que el acusado está ‘bajo sospecha’ de haber recibido formación paramilitar en Colombia, sobre lo que no hay pruebas ni acusación formal. Eso es lo que queda en la retina de la gente, no que es inocente”, señala a Punto Final. Pese al fallo judicial en su favor, Tralcal permanece encarcelado en Temuco. Pronto, junto a Claudio Sánchez y otros ocho comuneros, enfrentará juicio oral por el supuesto ataque el bus interprovincial. Hoy permanece en huelga de hambre.

Herramienta de persecución

El destacado historiador José Bengoa, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, señala a Punto Final: “Estos conflictos son fundamentalmente políticos y la autoridad los debe entender como tales. La política significa siempre reconocer a los interlocutores, establecer bases de discusión, llegar a acuerdos y, por cierto, a desacuerdos. Cuando los caminos políticos se cierran queda como argumento la judicialización de la política, que es sin duda un camino muy poco adecuado para los conflictos sociales. Lamentablemente, lo que se observa es que al abandonarse la política se lleva el conflicto a los tribunales. No habrá por tanto en el caso mapuche políticas adecuadas, lo que conllevará mayores dificultades, penurias, y sin duda, a nuevos conflictos”, agrega.
A juicio de Bengoa, una de las muestras más palpables de esta errada estrategia de las autoridades ha sido el desempolvar la Ley Antiterrorista, a su juicio una “herramienta de persecución”. “En democracia se ha criminalizado de un modo inaceptable el ‘conflicto mapuche’. El ‘terrorismo’ siempre es y ha sido una construcción del Estado. Se acusa de ‘terrorista’ a quien se quiere castigar. ¿Cuántas veces no ocurrió en Chile? ¿Cuántos acusados de terrorismo en el mundo no han ganado posteriormente el Premio Nobel de la Paz? Es una herramienta malvada del Estado y en este caso del Estado chileno”, responde tajante. “Además una herramienta muy poco adecuada”, agrega. “Cuando se acusa de terrorismo, las personas son criminalizadas y se desata una espiral que es muy compleja y a veces muy difícil de resolver. He estudiado la casi totalidad de los juicios contra comuneros mapuches, aquellos que son públicos, y me cabe la convicción que las acusaciones son absolutamente injustificadas”, subraya Bengoa. “Creo que son procesos puramente de intimidación. Hay un gravísimo error conceptual y a lo más una enorme desproporción, que cuando los juicios avanzan, no resisten el valor de la prueba”, agrega. Bengoa, autor de la monumental Historia del pueblo mapuche, no duda en apuntar también sus dardos a los medios de comunicación de los sectores dominantes de la sociedad chilena.
“La presión de los intereses regionales sobre el gobierno fue y ha sido muy fuerte. Con una gran irresponsabilidad, El Mercurio asumió esos intereses de manera ciega y con el ánimo de confundir y erosionar a la Concertación, levantó el fantasma del ‘terrorismo mapuche’. Un análisis sereno de las informaciones de este diario muestra que se trató de una campaña orquestada y sistemática. El ‘terrorismo del sur’ fue repetido sin pensar por los canales de televisión que construyeron de modo irresponsable una imagen de ingobernabilidad. Los gobiernos de la Concertación, siempre temerosos de lo que les dijera El Mercurio, asumieron en la práctica que se trataba de terrorismo y aplicaron la famosa y maldita ley. Así la espiral ha seguido”, apunta Bengoa, para quien “los medios de comunicación en Chile han llegado a un grado de monopolio y control espectacular. Lo que no les interesa a sus propietarios no existe y esa es una verdad del tamaño de una catedral. La propia huelga de hambre ha sido silenciada”.
Miembro de la comunidad Juan Paillalef de Cunco, Antonio Cadín si de algo sabe es precisamente de represión y cárcel. La ha sufrido en carne propia. Prueba de ello es su grupo familiar. Juana Calfunao, su esposa y autoridad tradicional, cumple condena por “desacato a la autoridad” en la cárcel de Temuco; Relmutray Cadín, su hija de 15 años, debió exiliarse a Suiza en 2008. Allí vive junto a una tía y desde entonces tramita una petición de refugio político; Waikilaf Cadín, su hijo mayor, se encuentra recluido “preventivamente” en la cárcel de Angol y es uno de los 31 mapuches en huelga de hambre. El propio dirigente permaneció largos años en prisión, accediendo recién este 2010 a beneficios extracarcelarios.
Víctor Ancalaf, por su parte, guarda el triste record de haber sido el primer mapuche condenado por Ley Antiterrorista en Chile. Fue el año 2004, cuando el ministro en visita Diego Simpertigue lo condenó a 10 años de cárcel por su supuesta participación en atentados contra maquinaria de Endesa España en el Alto Bío Bío. Rebajada su condena en segunda instancia, Ancalaf pasó 5 años recluido en la cárcel El Manzano, de Concepción.

PEDRO CAYUQUEO
En Temuco

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 715, 6 de agosto, 2010)
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