Raúl de la Puente,
presidente de la ANEF

Preparando la batalla

Autor: RUBEN ANDINO MALDONADO

Unos 400 dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) votaron la propuesta de iniciar un ciclo ascendente de movilizaciones para enfrentar los despidos y la inestabilidad laboral en el sector público.
El presidente de la organización, Raúl de la Puente, hombre firme en sus convicciones, anuncia marchas, vigilias, conferencias de prensa, asambleas en horas de trabajo, protestas y otras acciones que se realizarán de manera creciente, para culminar -si no hay respuesta de las autoridades- con un paro nacional para frenar la arremetida del gobierno contra los trabajadores. El paro debería estar listo para fines de agosto, en coordinación con las movilizaciones que está organizando la Central Unitaria de Trabajadores.
La demanda más urgente es el reintegro de los exonerados y el término de los despidos. A ello se suma la negociación sectorial que está pendiente. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se comprometió a entregar una propuesta en mayo que todavía no se conoce y el gobierno tampoco ha dado respuesta al incentivo al retiro y a los derechos a negociación colectiva y a huelga de los funcionarios públicos.

¿Cuál es el estado de ánimo de los funcionarios públicos?
“Percibimos temor, tristeza, indignación, incertidumbre en medio de un clima organizacional enrarecido. Pero transformaremos ese temor e indignación en capacidad de lucha. Muchos que no han sufrido hasta ahora los despidos no pueden sentirse ajenos a esta situación. Lo mismo podría ocurrirles a ellos.
La CUT nos invitó a realizar las movilizaciones en conjunto, porque el gobierno de Piñera debe tener una contraparte fuerte en los trabajadores, que permita enfrentar temas como los intentos de privatización de la salud y educación. Este es un gobierno de gerentes con la visión de un Estado subsidiario: quiere traspasar funciones públicas al mercado. Está desprestigiando al sector público para hacer su política de traspaso de funciones del Estado a la empresa privada y al mercado”.
¿Cómo cree que influirá este clima laboral en la eficiencia del Estado?
“Va a afectar a este Estado que es considerado de calidad. Estamos dentro del 15 por ciento de las administraciones estatales del planeta que cumple sus metas, según datos del Banco Mundial y del BID. En la región somos el país que lidera la gestión pública, con un bajo gasto en administración: sólo abarca el 21% del PIB y con funcionarios que representamos sólo el 6.7 por ciento de la fuerza laboral del país. Es decir, somos pocos, gastamos poco y cumplimos bien nuestras metas.
Esta ola de despidos ha sido acompañada por una campaña de desprestigio de la función pública a través de los medios de comunicación, que el gobierno controla en un 90 por ciento. El propio presidente de la República ha dicho que hay que vaciar la administración de ‘operadores políticos’, dando a entender que todos los despedidos son operadores políticos.
Hay una embestida y un cerco comunicacional contra nosotros. Por eso son muy importantes medios escritos como Punto Final, las radios o el canal de televisión CNN. No tenemos micrófono, pantalla ni imprenta para expresar ideas en los debates que están ocurriendo”.

Condiciones para
un diálogo

¿Cuáles son las condiciones mínimas para una relación constructiva con el gobierno?
“Primero, hay que vencer la desconfianza hacia un gobierno que al asumir prometió que no habría despidos. Dicho por el propio presidente Piñera y varios ministros. Pero ya van más de dos mil 500 despedidos. Hay que restablecer marcos de confianza y para ello es necesario que el Ejecutivo diga claramente, a través de un protocolo firmado, que cesan los despidos y que estudia el reintegro de nuestros compañeros.
La ministra del Trabajo, Camila Merino, envió una carta a la asamblea de la ANEF, que fue leída y rechazada por los asistentes. En ella dice que resta una pequeña cantidad de ‘desvinculaciones’ y que esta situación sólo la puede garantizar en el corto plazo, dejando abierta la puerta para más despidos.
Nuestra mayor inquietud pasa por la inestabilidad de 95 mil funcionarios que están a contrata y otros diez mil a honorarios. Estos van a ser cuatro años de intensa lucha, en que estaremos en la primera línea de fuego para defender nuestra fuente laboral. Estamos dispuestos a dialogar, pero también preparados para enfrentar situaciones adversas”.
En la Administración Pública existe el empleo precario. Los que están a contrata y honorarios tienen trabajos en teoría temporales, aunque en la práctica se han convertido en permanentes. ¿Eso cómo afecta al buen funcionamiento del Estado?
“El empleo en la Administración Pública debe estar protegido sobre la base de una concepción que lo resguarde de los cambios de gobierno. Existe personal de confianza política que formula, dirige y evalúa las políticas de cada administración. Está en los dos primeros niveles de jerarquía de la Administración Pública. Los demás, somos parte de la planta permanente que debe estar protegida, porque realiza su trabajo sobre la base de políticas de largo plazo.
El senador Alberto Espina (RN), desnudó esta visión al decir que deben acelerarse los despidos, para que se vayan todos los que no estén de acuerdo con el programa y gobierno de Piñera. Eso no puede ser. El Estado no es el botín del gobierno de turno. Es aberrante lo que está ocurriendo con personas que desempeñan una función regular, con excelentes calificaciones, muchos años de servicio y que han sido despedidos.
Los cuatro gobiernos de la Concertación no dieron solución a este problema. Hicimos paros, negociamos largo tiempo y la presidenta Bachelet se comprometió a regularizar la situación de contratos y honorarios. Pero el problema no se pudo zanjar por la obstinación del ministro de Hacienda, Andrés Velasco. El ministro y la presidenta son los responsables de este problema, porque dejaron abierta la posibilidad de que el gobierno de derecha despidiera indiscriminadamente.
Los despidos sin fundamento son inéditos en democracia, no los vivíamos desde la dictadura. Detrás hay una motivación política, porque la inmensa mayoría de los ‘desvinculados’ tiene un pensamiento de Izquierda o de centro. Pongo como ejemplo el instructivo de la intendenta de Atacama, que pidió la filiación política de los funcionarios de la región. Detrás de esto hay una política de eliminación de las personas que no piensan como el gobierno. Lo dijo el ministro Cruz-Coke, de Cultura: ‘Estoy despidiendo personas que no tienen sintonía con el pensamiento del gobierno y quiero traer gente que piense como nosotros’”.

La mordaza
de los medios

Luego del caso MOP-Gate hubo un acuerdo entre el gobierno de Lagos y la oposición, para establecer la “alta función pública”. ¿Este gobierno ha retrocedido en ese punto?
“Recuerdo esa negociación que tuvo como protagonistas al ex presidente Lagos y al senador Longueira. En primer lugar, porque MOP-Gate fue una vergüenza para la Administración Pública y porque coincidió con el debate de la ley de nuevo trato laboral, en 2003. En esa normativa se introdujo intempestivamente el concepto de ‘alta dirección publica’. Gobierno y oposición coincidieron en que algunos cargos de confianza del primer y segundo nivel de la Administración Pública fueran nombrados por una comisión nominada por el presidente de la República, cuya composición debía ser sometida a consideración del Senado.
La Comisión quedó conformada por dos representantes de la Concertación y otros dos de la derecha. Los de oposición fueron Rossana Costa, actual directora del Presupuesto, y María Luisa Brahm, actual asesora del presidente Piñera. Piñera ha dado un paso atrás, por cuanto ha desconocido el nombramiento de funcionarios que fueron seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública, con el acuerdo de estas dos personas que hoy tienen participación destacada en su gobierno”.
Ha mencionado los medios de comunicación; una de las áreas preferidas para los despidos han sido las de comunicación en ministerios y servicios públicos.
“En Chile hay brechas vergonzosas. Tenemos una de las peores distribuciones de ingreso del mundo. Hay brechas entre la educación pública y la privada, entre las personas que deben soportar largas esperas en los hospitales públicos y los usuarios de clínicas privadas. Esta es una sociedad democrática en lo formal, pero en el fondo no lo es. Existen medios de comunicación vinculados a grandes grupos económicos, que constituyen un poder ideológico que hace que no exista libertad real para expresar diferentes ideas, y se sigue agudizando la brecha que impide la existencia de una democracia justa y equitativa.
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo financiero a través de la CUT para tener un medio de comunicación que represente al mundo sindical y otros intereses, sentimientos y pensamientos excluidos en la sociedad chilena”.
¿No piensa que la Concertación está en deuda también en este punto?
“La Concertación dejó morir los medios de comunicación afines o independientes. Durante sus gobiernos entregó publicidad exclusivamente a los más poderosos, en perjuicio de quienes pudieron representar otro pensamiento que hiciera esta sociedad más diversa. Los medios son vitales, porque lo que no se sabe, no existe. La ciudadanía no conoce todas las opiniones y juzga de manera prejuiciosa, porque los medios no expresan la diversidad existente.
Los trabajadores somos invisibles para la prensa, a pesar de que estamos desarrollando una intensa actividad y existe un rico debate que no está expresado en los medios de comunicación. La nuestra se ha convertido en una sociedad desigual en materia de comunicación social; con muy poca objetividad, (...)

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 715, 6 de agosto, 2010)
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