Observatorio Político

La historia olvidada del rey del litio

Autor: MANUEL SALAZAR SALVO

Sólo una breve mención dedicó el presidente Sebastián Piñera a la minería en la cuenta que el 21 de mayo leyó ante el Congreso Pleno. Ello, pese a que este sector productivo es la viga maestra sobre la que se afirma la economía nacional y en la cual se sostendrá en las próximas décadas. La ausencia de la minería en el discurso adquiere más relieve cuando ya han surgido dudas sobre el papel que tendrá Codelco, no sólo en la explotación del cobre sino también en el litio, mineral considerado como la nueva gran riqueza del país y que hasta ahora es explotado casi exclusivamente por el grupo SQM -ex Soquimich-, controlado por Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet Ugarte hasta 1995.
Entre 1990 y 1996, año este último en que SQM ingresó al mercado internacional exportando 9 mil toneladas de carbonato de litio, el precio se mantuvo estabilizado en 3.000 dólares la tonelada. La entrada de SQM, entre otros factores, hizo caer el precio a 1.800 dólares hasta 1999, pero de ahí en adelante experimentó un sostenido aumento, hasta volver a situarse -desde 2005- por sobre los 6.000 dólares la tonelada. Hoy el precio y la demanda siguen subiendo y las reservas cuantificadas sólo en el salar de Atacama, donde tiene sus concesiones SQM, se calculan en más de 7 millones de toneladas. Es decir, al valor actual, una riqueza cercana a los 42 mil millones de dólares.
La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich) la fundó en 1968 el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El 37,5 por ciento de las acciones quedó en manos de la Corporación de Fomento (Corfo) y el 62,5 por ciento restante bajo dominio privado de Anglo Lautaro. En 1971, durante el gobierno de la Unidad Popular, la empresa se estatizó y el 99,9 por ciento de las acciones pasaron al Estado.
Por esos años casi nadie en el país pensaba en la explotación del litio. Su presencia en altas concentraciones en las salmueras del salar de Atacama, de unas 300 mil hectáreas, fue detectada por técnicos de la empresa estadounidense Anaconda a fines de los 60, cuando efectuaron exploraciones en busca de agua para uso industrial. La información fue conocida poco después por la transnacional estadounidense Foote Mineral Company, la cual, tras el golpe militar de 1973, convertida ya en esa época en una de las dos mayores productoras de litio del mundo, estableció contactos con las nuevas autoridades de Corfo para efectuar trabajos de exploración y explotación del litio en el salar de Atacama. El acuerdo y la firma del contrato se celebraron en 1975. Pocos años después, la Corfo inició la nacionalización del litio, concediendo su exclusiva explotación a dos empresas, Soquimich y la Sociedad Chilena del Litio (SchL). Esta última nació en 1980, con 55 por ciento de acciones pertenecientes a Foote Minerals y 45 por ciento a Corfo. Poco después la corporación estatal vendió su parte a la empresa norteamericana.
El paso siguiente fue entregar Soquimich al sector privado, representado por el yerno del general Pinochet, Julio Ponce, casado desde 1969 con Verónica Pinochet Hiriart, segunda de las tres hijas del dictador.
Julio Ponce, nacido en 1946, se tituló de ingeniero a fines de la década de los 60 e ingresó a Industrias Forestales S.A. (Inforsa), desde donde pasó a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. En 1973, último año de la Unidad Popular, viajó a Panamá. En 1974, con su suegro en el poder tras derrocar a Salvador Allende, Ponce regresó para ocupar la dirección ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y, simultáneamente, asumir la jefatura de industrias forestales de la Corfo. “A petición de algunos vicepresidentes de Corfo”, según declaró pocos años después, ayudó en la administración de empresas como el Complejo Maderero Panguipulli y Celulosa Constitución, donde llegó a la presidencia ejecutiva.
En su carrera, asumió luego la gerencia de empresas de Corfo y se convirtió en director de varias sociedades, entre ellas Enap, Compañía de Teléfonos, Iansa, Endesa y… Soquimich, terminando, a fines de 1982, como gerente general de Corfo.

Estalla el escándalo

A comienzos de 1983, sin embargo, comenzó a circular en las más altas esferas de la dictadura y de la oposición un documento anónimo que denunciaba el supuesto enriquecimiento ilícito del yerno de Pinochet a través de múltiples negocios en los rubros forestal, ganadero y maderero. Fue de tal magnitud el impacto que Julio Ponce se vio obligado a renunciar a Corfo y a conceder una entrevista a la periodista Gloria Stanley, en la revista Qué Pasa, para desmentir las acusaciones y revelar un presunto complot en su contra, instigado, según el afectado, por el empresario Ricardo Claro Valdés y un ex fiscal militar de Temuco, Alfonso Podlech, hoy detenido y procesado en Italia.
El escándalo sacudió al régimen militar y a las esferas económicas. Pronto, en medio de querellas recíprocas, se conocieron más detalles del suceso, que llegaron a la prensa. La autora del escrito era la periodista Vivian Schnitzer, de 26 años, hermana de uno de los mejores amigos de Marco Antonio Pinochet, hijo menor del dictador, quien le sugirió a la joven reportera que abandonara rápidamente el país.
La denuncia coincidió con las transacciones en la Bolsa de Comercio de las primeras acciones de Soquimich, y permitió vislumbrar cómo Ponce Lerou, su padre, sus hermanos y amigos consiguieron, primero como funcionarios de la dictadura y más tarde como particulares, tomar el control total de la empresa estatal y montar un conglomerado de sociedades para manejarla.
Las maniobras de Julio Ponce contaban, además, con otro as bajo la manga. El nuevo Código Minero, diseñado por José Piñera desde el Ministerio del ramo, estableció, en 1983, que los nitratos y sales análogas, el yodo y los compuestos químicos derivados, ya no estaban reservados exclusivamente al Estado. No obstante, el gobierno militar dispuso un período de seis meses para que Corfo y Soquimich fuesen los únicos que pudieran efectuar manifestaciones mineras, es decir, constituir propiedad sobre esos recursos.
En marzo de 1984, Corfo otorgó poder a un grupo de abogados vinculados a Soquimich para que presentaran los pedimentos correspondientes. Ellos manifestaron propiedad minera a favor de Corfo sobre los yacimientos más importantes de salitre y yodo de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, correspondientes al 90 por ciento de los existentes en todo el país. Otro tanto hicieron con los depósitos de litio.
La Compañía de Salitre y Yodo de Chile, Cosayach, una de las casi media docena de empresas que se dedicaban a ese negocio minero, propiedad de Francisco Javier Errázuriz, reclamó y, a través de una demanda contra Soquimich y Corfo, denunció que en 1985 “Corfo transfirió directamente, sin licitación previa, sin previo conocimiento y refrendación de la Contraloría General de la República, a espaldas del público y a un precio irrisorio, el total de sus derechos sobre esas propiedades mineras a Soquimich”.
Al promediar los años ochenta, Soquimich quedó dueña de más de 93 mil hectáreas con los mejores yacimientos de yodo y salitre del país y una cantidad no precisada de toneladas de carbonato de litio. Poco después, se creó el último eslabón de la cadena privatizadora: el llamado “capitalismo popular”, una pomada convincente para inducir a los trabajadores a comprar acciones de las empresas privatizadas que atendía a su aspiración de participar en la gestión de ellas.
El 18 de marzo de 1983, Soquimich fue inscrita como sociedad anónima abierta en la Superintendencia de Valores y en junio fue admitida en la Bolsa de Comercio de Santiago. Hasta entonces, Corfo tenía el 99,99 por ciento de sus acciones y Endesa el 0,001 restante. Aquel año, el último en que Ponce Lerou estuvo a la cabeza del directorio de Soquimich en representación del Estado, se vendió el 1,3 por ciento de la empresa. La Compañía Explotadora de Minas (Cemin), adquirió 0,82 por ciento de las acciones. También apareció como accionista Julio Ponce Zamora, padre del presidente de Soquimich.

El sueño de los trabajadores

Julio Ponce Lerou, en su calidad de gerente de empresas de Corfo, propuso la venta de acciones de Soquimich y Endesa a través de la Bolsa, hasta el 30 por ciento de su capital. La empresa empezó a tener utilidades. En 1986, se decidió aumentar la participación privada hasta el 49 por ciento del capital social. Ese año, un ejecutivo de Soquimich, el gerente general Eduardo Bobenrieth, enfrentado a la negociación colectiva con los trabajadores, propuso una idea que, sin quererlo, facilitaría la tarea de Ponce Lerou. En junio de 1991, el periodista Gilberto Villarroel reveló en el diario La Nación como se tejió aquella historia.
Corfo había prohibido a Bobenrieth negociar con los trabajadores las utilidades futuras de la empresa. Los sindicatos pedían una gratificación fija y, si las utilidades llegaban a sobrepasar lo calculado, querían que se les pagara la diferencia. Bobenrieth consultó al ministro de Hacienda, Hernán Büchi, y éste le respondió que estaba de acuerdo, siempre y cuando pagara en acciones. Se negoció la diferencia en acciones y, en dos años, hasta 1987, los trabajadores pasaron a ser dueños del 4,2 por ciento de Soquimich.
Bobenrieth creó la Sociedad Pampa Calichera en noviembre de 1986. La base de la sociedad eran las acciones que él, otros ejecutivos, y los trabajadores tenían en Soquimich. Las acciones recibidas por los trabajadores como parte del convenio colectivo se multiplicarían por tres, por la vía de unirse en la sociedad, pedir créditos a los bancos y luego pagarlos con los dividendos. Se les prometió que alcanzado este objetivo, en unos pocos años la sociedad se dividiría y le entregarían a cada persona el triple de las acciones de Soquimich aportadas originalmente. Nada de aquello ocurrió y los trabajadores-accionistas fueron presionados para que otorgaran poderes a individuos que apoyaron a Julio Ponce y los suyos en la elección y renovación de directorios. Más tarde, gran parte de ellos vendería sus acciones. (Ver: “La bicicleta de Ponce Lerou”; La Nación, 2 de junio de 1991).

Movidas financieras

En 1986 entre Corfo (25%), Amax (63.75%) y Molymet (11.25%) se conformó la empresa Minsal Ltda. para explotar potasio, boro, litio y cualquier otro producto o subproducto proveniente de las salmueras del salar de Atacama. El contrato estableció limitar (…)

(Este artículo se publicó completo en Punto Final, edición Nº 710, 28 de mayo, 2010)
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