 Violencia contra
el pueblo mapuche
LA comunidad Temucuicui exigiendo la libertad de Jaime Huenchullán.
Finalmente las comunidades mapuches dijeron basta. Semanas atrás, más de cien delegados, entre lonkos y comuneros, habían viajado hasta la capital para plantear sus demandas a la presidenta Bachelet. Encabezados por el lonko de Temucuicui, Juan Catrillanca, demandaban la restitución de tierras usurpadas y el fin de la militarización de sus territorios. Nadie los atendió en La Moneda y regresaron al sur anunciando movilizaciones. La promesa se hizo efectiva y el 23 de julio, en una acción coordinada bajo el alero de la Alianza Territorial Wenteche-Pewenche, las comunidades emprendieron la ocupación de numerosos predios agrícolas y forestales de la Araucanía. Pero tal como en años anteriores, la respuesta gubernamental a la movilización fue violentos desalojos, allanamiento a viviendas y arrestos extrajudiciales. Al cierre de esta edición de PF, ya había cinco mapuches heridos a bala, uno de ellos en un ojo. Dos de los heridos por las balas policiales son miembros de la comunidad Coñomil Epuleo. “Ya no se trata de balines de goma, ahora son balas de plomo las que está usando la policía”, denunció la Alianza Territorial. Las comunidades han anunciado que no pararán las movilizaciones y las acciones de autodefensa mientras no exista una señal clara de diálogo del gobierno. Demandan una “mesa de trabajo” que aborde de manera integral la demanda territorial y política mapuche. Hasta el momento lo único que ha imperado, por parte del Ejecutivo, ha sido la lógica de los apaleos y calabozos.
Los últimos acontecimientos en territorio mapuche dan cuenta de un historial de atropellos impunes. De allí que cause indignación el cinismo de las autoridades que el pasado 26 de junio decretaron con bombos y platillos el “Día Nacional Contra la Tortura”. “El propósito es generar una oportunidad para que los chilenos aúnen voluntades y expresen año a año su condena contra esta práctica inaceptable”, explicó la vocera de gobierno Carolina Tohá, aparentemente no informada de los recurrentes abusos policiales cometidos contra comuneros mapuches y sus familias en las regiones del sur, documentados hasta el hartazgo por organismos internacionales. Junto a la asignación del Día contra la Tortura en el calendario nacional, el gobierno anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley que modificará la tipificación del delito de tortura.
Pero no son gestos de buena voluntad, aclara Paulina Acevedo, periodista del Observatorio Ciudadano y quien ha documentado diversos casos de torturas en contra de miembros del pueblo mapuche en los últimos años. “Esta iniciativa obedece a las recomendaciones que en mayo pasado hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas a Chile, tras examinar el quinto informe periódico del gobierno”, dijo a Punto Final. En dicha evaluación, especial atención habría otorgado el Comité a la poco seria tipificación del delito de tortura en la legislación nacional. “En Chile el delito de tortura señala como potenciales víctimas sólo a aquellas personas privadas de libertad. La legislación nacional tampoco prevé sanción para las tentativas de torturas. Y si el responsable del acto es un policía uniformado, el caso no es juzgado como tortura según el Código Penal, sino como ‘violencia innecesaria’, bajo el artículo 330 del Código de Justicia Militar, por lo cual en la práctica la legislación sobre tortura sigue sin aplicación”, indica Paulina Acevedo.
Amnistía Internacional en su Informe 2009, constató que se siguieron produciendo los casos de tortura en el país. Más aún, el organismo no dudó en señalar a Chile como uno de los cien países, de los 157 que analiza la organización, donde las fuerzas de seguridad y la policía practican torturas y malos tratos.
Bien lo saben los hijos del matrimonio Parra-Carilao, Paola, Daniel y sus hermanitos Fernanda y Norberto, miembros de la comunidad Esteban Yebilao, de Tirúa. Acusados de simpatizar con la Coordinadora Arauco-Malleco, relataron los allanamientos policiales que los afectaron en octubre de 2008. Los amenazaron con armas de grueso calibre y según consigna un informe del Observatorio Ciudadano, “el 17 de octubre de 2008 la vivienda de una humilde familia mapuche con cinco niños del sector Choque, cerca del lago LLeu Lleu, fue allanada por un contingente de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). Ello con posterioridad a una emboscada que afectó al fiscal de Cañete que investigaba hechos en el marco de la movilización de comunidades por la recuperación de tierras. Paola tiene 13 años y junto a sus hermanos Daniel de 10, Fernanda de 7 y Norberto de 4, quedaron impactados por la violencia con que los agentes del Estado irrumpieron en su domicilio”. “Me bajé del furgón del colegio, y de repente aparecen carabineros, revisándome, quitándome el celular, y preguntándome quién me lo había regalado y por qué, si era muy chica. Que no tenía que tener celular a esta edad”, relata con voz entrecortada.
Sobre el día del allanamiento, Daniel cuenta: “Me apuntaron a la cabeza, de cerca, estaban en la casa. Me amenazaron, me decían que si no entregaba las armas se iban a llevar presa a mi mamá (Jessica), y yo me puse a llorar. A mi tía (Verónica) le decían que entregara las armas, si no le iban a llevar a todos sus hijos… Después se fueron a la casa de mi mami (la abuela, María Liencura, de 73 años), y empezaron a desparramar toda la harina... después le llevaron todos los huevos. Eran los últimos que tenía y parece que se los comieron. Ahí donde estaban sembrando desparramaron las papas y el abono. Los carabineros también pararon a un caballero que andaba vendiendo frutas y le apuntaron; él traía una guagüita, lo apuntaban, le decían insolencias y que se fuera”.
Jessica Carilao (27) madre de los niños y esposa de Norberto Parra, detenido en Concepción, ratifica que ese día llegaron carabineros “apuntando con sus armas a los niños, diciendo: entreguen las armas, dónde tienen las armas, cooperen. Nosotros les decíamos ‘si no tenemos armas, de dónde vamos a sacar armas’. Hicieron el allanamiento y no encontraron nada”.
Pero Daniel relata otro hecho acaecido meses antes. Estaba en su escuela y sintió disparos. Al acudir vio a su padre ensangrentado por un ataque de carabineros que le disparó por la espalda mientras cortaba leña con una motosierra en un terreno de su hermano. “El arrancó porque le dio miedo”, relata el menor. En aquella ocasión los carabineros “le dejaron moretones en los hombros, en la espalda, también le botaron un diente, le dejaron los ojos negros”. La versión del menor es ratificada por Verónica Mariñán, cuñada de Norberto Parra. Explica que el 12 de junio su cuñado se encontraba trabajando junto a su esposo, César Parra, cuando fue atacado por Carabineros. “Después decían entre ellos (los carabineros) ‘la cagamos con dispararle’, ya que estaban en propiedad privada y ellos pusieron que estaban en tierras de la (forestal) Mininco y que habían disparado y andaban robando madera. Puras mentiras”, subraya Verónica. “Los niños están traumatizados. Mi hijo ve un carabinero y arranca y se aferra a mí; en las noches tienen pesadillas”, concluye.
Informe silenciado
Lo relatado por los niños no son cuentos. La propia jefatura de Carabineros en la zona sur ha consignado esta realidad en informes confidenciales a los cuales tuvo acceso Punto Final. “Se puede apreciar con absoluta claridad que el personal de Carabineros llega al lugar de los hechos con un ánimo confrontacional predispuesto e incluso, en más de algún procedimiento ha sido la actuación policial desmedida y prepotente la que ha provocado la reacción de los comuneros mapuches”, advertía en junio de 1999 el entonces jefe de la Novena Zona de Carabineros, general Mauricio Catalán, a la Prefectura de Cautín. Organismos del Estado, como el Ministerio de Salud, han documentado los graves daños sicológicos que sufren los niños mapuches tras ser víctimas o presenciar torturas y apremios en contra de sus familiares por parte de Carabineros y la policía civil. Fue lo que comprobó el Servicio de Salud Araucanía Norte en septiembre de 2004, tras conocer el Informe de Diagnóstico e Intervención encargado a dos profesionales del área y que jamás fue dado a conocer públicamente.
Centrado en los menores de la comunidad Cacique José Guiñón, de la comuna de Ercilla, en sus conclusiones el Informe es lapidario: “Queremos enfatizar la existencia en general de una vulneración o alteración de la mayoría de los derechos de los niños y niñas de la comunidad Cacique José Guiñón, a pesar de que en el año 1998 Chile manifestó su acuerdo como país comprometido con la defensa de los derechos humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU”, consignó. El revelador estudio, elaborado por los profesionales Rosa Sepúlveda, sicóloga del Servicio de Siquiatría del Hospital de Angol, y Adelmo Millaqueo Millapán, facilitador intercultural del Consultorio de Ercilla, dio cuenta de la situación de vulneración en sus derechos de 11 niños de la comunidad, producto de los constantes allanamientos policiales y otras acciones de amedrentamiento llevadas a cabo por efectivos de Fuerzas Especiales y agentes de la PDI, quienes actuaban al amparo de la Ley Antiterrorista aplicada por el entonces presidente Ricardo Lagos.
Según señalan, el grupo de niños con los que se llevó a cabo el diagnóstico correspondió a cinco familias afectadas por la represión policial. A través del testimonio de los menores afectados, obtenido en sesiones de entrevistas y trabajos de grupo, los especialistas armaron un verdadero puzzle de terror, dando cuenta de una historia de atropellos que hasta la fecha se ha mantenido inalterable para muchas familias. Allanamientos nocturnos, golpizas, amenazas y arrestos extrajudiciales; menores apuntados con una subametralladora; niños observando aterrados, a altas horas de la noche, el violento ingreso de uniformados en sus casas.
Esta cara oculta del conflicto llevó a los profesionales del Servicio de Salud a un diagnostico inequívoco: “Es por lo anterior, por las situaciones a las cuales han sido expuestos y la sintomatología mostrada, que puede decirse que la violencia sufrida tanto por los niños/as como por los otros integrantes de la comunidad José Guiñón, emerge como una seria violación de los derechos humanos que revoca la dignidad, la igualdad, la autonomía y el bienestar tanto físico como emocional de quienes la viven (…) A los niños los han amenazado, golpeado contra el suelo y la pared, dado culatazos con armas de fuego y les han hecho presenciar fuertes escenas en que sus padres, cuidadores o familiares son agredidos física y psicológicamente por efectivos policiales”, señala el Informe, dando cuenta de diversos testimonios entregados por los propios menores víctimas del accionar policial y que grafican un escenario de terror que -concluyen los profesionales- “los marcará por el resto de sus vidas”.
Más acusaciones
En el caso del pueblo mapuche, otro sector que es víctima recurrente de torturas lo constituyen los presos políticos. El 26 de junio recién pasado, día en que la presidenta Bachelet decretaba el Día Nacional Contra la Tortura, representantes de la Comisión Etica Contra la Tortura (CECT) entregaban en La Moneda los resultados de su segundo informe de derechos humanos. El informe no sólo contenía las deudas pendientes del Estado chileno respecto a la tortura ejercida en tiempos de dictadura, sino también un capítulo completo centrado en la situación mapuche. “En los últimos años, excepto el asesinato del trabajador forestal Rodrigo Cisternas de 26 años, todas las demás personas afectadas gravemente en sus derechos humanos son mapuches”, señala el informe.
“Matías Catrileo, asesinado por la espalda por Carabineros. Johny Cariqueo, muerto luego que Carabineros de Pudahuel lo torturara. José Huenante, de 16 años, detenido por Carabineros en 2005, desaparecido desde entonces. Miguel Tapia Huenulef, detenido por carabineros del Gope, que en un número superior a treinta efectivos allanaron violentamente su domicilio en Santiago, reduciendo a golpes a los moradores. El secuestro, en 2003, de Daniela Ñancupil de 12 años, hija del lonko de Nalcahue, por parte de civiles portando armas y que la retuvieron amenazándola de muerte, golpeándola e interrogándola sobre su familia y dirigentes mapuches; Patricio Queipul Millanao, de 13 años, secuestrado en diciembre de 2008 por la PDI en la comunidad autónoma de Temucuicui”... Y la lista continúa.
PEDRO CAYUQUEO
En Temuco
(Publicado en revista “Punto Final”, edición Nº 691, 7 de agosto , 2009. Suscríbase a PF. punto@interaccess.cl)
|
