Piñera y el
puño de hierro
Sebastián Piñera, Andrés Allamand y Alberto Espina, la ex “patrulla juvenil” de la derecha, viajaron el mes pasado a Colombia para conocer lo que ellos consideran una exitosa lucha del gobierno del presidente Alvaro Uribe contra la delincuencia. Muy entusiasmados con la experiencia, Piñera y Espina a su regreso increparon al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en el Consejo Consultivo de la Fundación Paz Ciudadana, que dirige el dueño de la empresa El Mercurio, Agustín Edwards. “La pregunta que yo hago (…) es si realmente queremos empezar a ganar y no seguir explicando por qué no ganamos la batalla contra la delincuencia. ¿Qué falta? ¿Qué se requiere? ¿Por qué otros países han sido exitosos?”, preguntó Piñera, micrófono en mano, al jefe de gabinete delante de la selecta audiencia reunida por Edwards.
El entusiasmo sorprendió a todos. Ci-fras de los más variados organismos internacionales señalan a Colombia como una de las naciones más violentas del planeta.
En los días siguientes, en la página www.chilecontodos.cl, que agrupa a los piñeristas que elaboran la plataforma electoral del empresario-candidato, se publicó un artículo del propio Piñera insistiendo en el tema:
“¿Qué dicen las cifras? El temor a ser víctima de un delito creció desde un 78% el año 2006 a 86% en 2007. Esto significa que en nuestro país catorce millones de chilenos viven con temor de ser víctima de la delincuencia. ¿Qué dicen los indicadores del gobierno? Las denuncias de delitos con mayor connotación social -homicidios, violaciones, robos con violencia y robos con fuerza- han crecido en los últimos diez años en 166%. El año pasado se cometieron cuatro millones de delitos, hubo 500.000 denuncias e ingresaron 1,1 millón de casos al Ministerio Público, lo cual significa 14% de incremento respecto del año anterior”, afirma Piñera en su artículo.
Hasta hoy, tanto la derecha como los gobiernos de la Concertación han manejado todo tipo de cifras y encuestas para tratar de convencer a los chilenos de sus puntos de vista. Los primeros, sostienen que el país está a un paso de sucumbir ante la delincuencia. Los segundos afirman que las iniciativas emprendidas han conseguido, a lo menos, mantener cierto control sobre el delito.
La “tolerancia cero”
En la última década, los centros de ideas y alcaldes de la derecha han traído a Chile diversos exponentes de la doctrina de la “tolerancia cero” para enfrentar el problema de la delincuencia. No obstante, los resultados han sido un fracaso. En el primer semestre de 2008, el Informe de Denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social, que incluye homicidios, violaciones, lesiones, intimidación, hurtos y robos con fuerza, con violencia y por sorpresa, indicó que nueve de las diez comunas donde hubo más denuncias en todo el país eran de la derecha. Ellas son Santiago, Providencia, Concepción, Estación Central, Ñuñoa, Cerrillos, Recoleta, Independencia y Vitacura. La restante, en manos de un edil oficialista, es San Miguel.
Para los partidarios de la tolerancia ce-ro el tema es puramente policial y se re-suelve con más mano dura: aumentar las dotaciones policiales en los lugares públicos y vigilar en especial a los sectores más pobres de la población. Buscan reformular las leyes para facilitar la acción policial, suprimir garantías, detener, enjuiciar y encarcelar a adolescentes y niños. Algunos han propuesto incluso responsabilizar penalmente a los padres por los delitos de sus hijos.
Los exponentes de esta solución recurren a la denominada “Teoría de la ventana rota”, acuñada en 1982 por los estadounidenses James Wilson y George Kelling, que sirvió de base a la tolerancia cero. Consiste en aplicar mano dura contra las infracciones menores porque pueden ser antecedente de acciones criminales mayores. En algunas ciudades de países desarrollados se transformó en una verdadera guerra contra los sin techo, la mendicidad, la ebriedad, el ruido y las ofensas “a las buenas costumbres”. Se hizo “prevención” en los barrios más pobres, sobre las poblaciones de color, de otras etnias o de inmigrantes. En cambio, nunca hubo tolerancia cero contra los delitos administrativos, los fraudes comerciales, la contaminación ilegal ni las infracciones cometidas por gente de cuello y corbata. Más que tolerancia cero fue una estrategia de intolerancia selectiva.
Los resultados de esta doctrina han sido mucho más cuestionables en América Latina, donde en la mayoría de los países subsisten “imperfecciones” agudas en los cuerpos policiales y organismos encargados de hacer justicia, entre ellas la corrupción y malos hábitos adquiridos durante las dictaduras militares, cuando fueron un apéndice de los sistemas de represión. Puede ocurrir, como ha sucedido, que la tolerancia cero se transforme en una sistemática “limpieza social”, ya observada en Río de Janeiro, Tegucigalpa, Bogotá y otras ciudades, donde grupos parapoliciales asesinan a niños para que no se transformen en delincuentes.
El caso de las “maras”
Las políticas represivas resultan inquietantes para algunos organismos norteamericanos. Un informe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) sobre Honduras, El Salvador, México, Guatemala y Nicaragua estimó, el año 2006, que el número de integrantes de las pandillas juveniles, denominadas “maras”, oscilaba entre 50 mil y 300 mil, y seguían aumentando.
El estudio agregó que en El Salvador se trató de encarar el crecimiento de las maras con leyes duras en 2003 y leyes aún más punitivas, en 2004. El 80% de los recursos se invirtieron en represión. Los adolescentes podían ser arrestados por la única razón de lucir un tatuaje o una “apariencia” sospechosa. Fueron detenidos once mil miembros de maras en un año. Sin embargo, el número de homicidios siguió creciendo (2.172 en 2003, 2.762 en 2004 y 3.825 en 2005). La presión sobre el sistema carcelario era tal, que en 2002 pasó a ser el más superpoblado de la región. El año 2003, los recursos perdidos por la violencia duplicaron los presupuestos sumados de educación y salud. Una situación similar se vivía en Colombia, Venezuela, Brasil y México.
Un país vecino a los anteriores, Nicaragua, optó por un enfoque opuesto basado en la prevención y rehabilitación, y obtuvo resultados distintos. Su tasa de criminalidad bajó a ocho homicidios por cada cien mil habitantes y las maras se redujeron hasta menos de dos mil miembros. La receta consistió en intensificar la relación entre la policía y la comunidad, ampliar las oportunidades de trabajo para los jóvenes y cursos en las cárceles. Los programas de rehabilitación incluyeron oportunidades educativas, entrenamiento laboral y búsqueda de trabajos. Otro punto fue crear comités de prevención entre el gobierno, el sector privado, las maras y -un aspecto fundamental- los medios de comunicación.
Las tendencias en Chile
De acuerdo a los boletines estadísticos anuales del Ministerio Público, los delitos ingresados para su tramitación provienen mayoritariamente de Carabineros, con 86,6% de las denuncias el año 2007. Luego, con porcentajes significativamente más bajos se ubican Investigaciones (4,6%) y las fiscalías locales del Ministerio Público (4,1%). Más abajo los juzgados de garantía (1,9%) y otros tribunales con competencia criminal (1,5%).
El total de delitos ingresados en el mismo período al Ministerio Público para su tramitación alcanzó la cifra de 1.141.839 casos. Los más numerosos fueron: robos no violentos (199.166), lesiones (162.899), hurtos (133.637), delitos contra la libertad e intimidación (119.827), robos (99.254), faltas (93.682), otros delitos contra la propiedad (67.589), económicos (34.497), de tránsito (27.354), cuasi delitos (17.630), leyes especiales (17.620) y delitos sexuales (16.292). Llama la atención que entre los más numerosos no figuren aquellos contra la ley de drogas, que llegan a 13.469, menos de la mitad de los delitos económicos. No obstante, en la prensa los primeros tienen una cobertura mucho más significativa que los segundos. En el plano de las comparaciones sería útil saber el monto total en dinero de los delitos económicos, para cotejar esa cifra, por ejemplo, con el monto total de los hurtos; y revisar también cuántos de los autores están presos por cada uno de los dos últimos indicadores.
Una mayor desagregación de los datos incluidos en los boletines del Ministerio Público permitiría un análisis más fino de las cifras para aproximarse a una mejor explicación del fenómeno delictivo. Hasta ahora, la mayoría de los estudios proviene de centros de pensamiento de la derecha y de la Fundación Paz Ciudadana, controlada por el dueño de El Mercurio, además de ciertos parlamentarios de derecha que se presentan como “especialistas” en el tema.
Una de las expertas de verdad en delincuencia es la socióloga Doris Cooper, directora de la Sociedad Chilena de Criminología y del Instituto de Criminología de Concepción, vicepresidenta de la International Sociological Association, y profesora de la Universidad de Chile. Pese a sus títulos, Cooper nunca ha sido invitada a integrar las comisiones formadas por los gobierno de la Concertación para abordar el tema. Ello se explica, probablemente, porque no duda en responsabilizar al modelo económico del incremento de la delincuencia y, especialmente, de la creciente violencia manifestada por los jóvenes más postergados.
Cooper sostiene que en los bolsones de pobreza urbana marginal existen los roles laborales de obrero, comerciante ambulante, ladrón, traficante de drogas minorista, y prostituta. Sólo los primeros tienen un trabajo legal. El resto participa de una economía complementaria a la neoliberal y no ha tenido oportunidades de recibir educación ni de encontrar un trabajo en la economía formal. Esto arrastra a buscar en la delincuencia los ingresos para subsistir. En algunos barrios y poblaciones la cesantía juvenil llega al 50%.
Como resultado de sus trabajos de campo en cárceles y centros de rehabilitación del Servicio Nacional de Menores, la socióloga Doris Cooper afirma que los niños empiezan su carrera delictiva cerca de los seis años. Empiezan como “niños moscas”, los que suben a los camiones de basura en movimiento; luego, empiezan a prostituirse en rotondas y avenidas, o a cometer pequeños hurtos en las ferias libres. Muy luego se especializan. En las regiones Quinta, Octava, Novena y Metropolitana, Doris Cooper encuestó a casi todos los niños privados de libertad. Sólo 8% de sus padres son ladrones y en un 2% las madres estaban involucradas en el narcotráfico. Pero todos provenían de la más extrema pobreza.
Del total de niños privados de libertad, 72% ya se autopercibe como ladrón verdadero, por lo tanto ve su futuro cumpliendo ese papel. Además, tienen un código ético y penal, roles laborales y grados; quienes poseen más prestigio son los asaltantes; en segundo lugar, los ladrones internacionales, y sucesivamente los monreros, los lanzas, los mecheros, los cuenteros, los atracadores y los que trabajan de “toco”, robando autos, declaró Cooper. Los más peligrosos y violentos son los pandilleros o domésticos, como les llaman en las cárceles, que alcanzan al 28%: son quienes roban en sus propias poblaciones.
Las mujeres de clases alta y media tienen su espacio laboral. Las jefas de hogar pobres optan por el microtráfico, para compatibilizar la necesidad de generar ingresos y seguir siendo jefas de hogar, madres y dueñas de casa. Un 75% de presas en Santiago por tráfico de drogas son jefas de hogar.
Los niveles de violencia en Santiago han aumentado; y la presión ejercida por la sociedad sobre los desposeídos se ha agudizado, incrementándose la explotación y segregación. Lo anterior induce a una reacción también violenta de los sectores marginados, que se manifiesta en la comisión de delitos y conductas antisistémicas relacionadas con determinados territorios urbanos.
También ha crecido la participación de la mujer en los delitos contra la propiedad, que es del 60%, y de un 30% en el tráfico de drogas. La mujer lleva el peso del hogar y cuando la economía formal está cerrada, decide sumarse a la economía informal e ilegal. “En los años 1980-82, las mujeres que cumplían condena constituían el 3% de la población penal. Hoy nos acercamos al 10%. El porcentaje se ha más que triplicado en veinte años y es probable que esto siga creciendo hasta que sea 52% de mujeres y 48% de hombres, tal como es la población del país”, afirma la investigadora.
Todos en el mismo saco
Las investigaciones de Doris Cooper y de otros especialistas demuestran que el problema de la delincuencia no puede ser controlado sólo con medidas represivas. La tolerancia cero y sus derivados, auspiciados por la derecha y por algunos miembros de la Concertación, tratan del mismo modo todas las formas de criminalidad. Mezclan a la delincuencia dura con la criminalidad inicial de niños y jóvenes. Si se les aplica el mismo trato, los jóvenes en riesgo serán rápidamente reclutados por la delincuencia avezada y se les cerrarán todas las oportunidades de incorporarse a la sociedad.
No es casualidad que los delitos más violentos se cometan en las comunas más pobres. De los homicidios registrados en Santiago el año pasado, 62 se originaron en poblaciones de Puente Alto, 54 en San Bernardo, 33 en La Pintana, 32 en Talagante, 28 en La Florida, 26 en Maipú, 23 en Pudahuel, 21 en Peñalolén y 21 en La Granja.
Detectives de la Brigada de Homicidios, analizando estas cifras, han encontrados ciertos patrones de pertenencia de los principales focos de conflicto: muchos de ellos corresponden a poblaciones creadas a partir de las masivas erradicaciones efectuadas por la dictadura militar en 1984, cuando avalada por la derecha, decidió “limpiar” los barrios pudientes y empujar a los pobres a los extramuros de la ciudad.
MANUEL SALAZAR SALVO
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 669, 22 de agosto, 2008) |
