 Patricia Troncoso al pueblo mapuche:
“¡Animo, sigamos
adelante, más unidos!”
PATRICIA Troncoso Robles, prisionera política: más de tres meses enm huelga de hambre.
“Ami querido pueblo mapuche, y a todos los pueblos explotados y oprimidos. Aquí me encuentro peleando contra el Estado opresor al igual que ustedes… Cada día y cada noche, no con mi fuerza sino con la fuerza y garra que ustedes me dieron. Queridos lamien, ¿de qué se nos puede acusar? ¿De qué somos culpables, si sólo hemos buscado tener justicia, la que siempre el invasor nos negó? ¿De qué se nos acusa, entonces? De no ceder ante la soberbia del que hoy nos golpea, nos asesina y nos encarcela”.
Con estas palabras, Patricia Troncoso Robles, en huelga de hambre por más de tres meses, respondió a su forzado traslado a un hospital de Chillán el pasado 15 de enero. A 100 días de iniciada su huelga de hambre en la cárcel de Angol, sus palabras reflejan toda la justeza de una lucha de siglos que Patricia -pese a su origen chileno- no dudó en hacer suya a fines de la década de los 90, cuando en trabajos voluntarios conoció del dolor y los atropellos de que eran víctimas las comunidades mapuches. “Cada uno de nosotros no ha perdido la memoria. Cada uno de nosotros ha resistido a lo largo de los años la explotación y el despojo. Cada uno de nosotros sigue sintiendo desde su interior la voz del abuelo, de la abuela, que nos contó cómo ocurrieron los saqueos. Cada uno de nosotros tiene hoy motivo para seguir resistiendo y seguir luchando... Animo, sigamos adelante, más unidos que nunca para defender nuestros derechos a tierra y libertad. ¡Weuwain pu lamien, Newen pu lamien!”, finaliza su carta desde el resguardado hospital de Chillán donde el gobierno sólo buscaría “aislarla”, según denunciaron familiares de Patricia Troncoso.
“A mi nadie me dijo que la iban a trasladar a Chillán”, dijo su padre, Roberto Troncoso, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos tras interponer, el 17 de enero, un recurso de amparo contra la presidenta de la República, Michelle Bachelet. El traslado de Patricia tomó por sorpresa a sus familiares, quienes esperaban su arribo a un centro médico de mayor complejidad en Santiago. Así lo había recomendado una comisión enviada a Temuco por el gobierno, a objeto de chequear el delicado estado de Patricia. Ella fue llevada en ambulancia hasta el Club Aéreo de Maquehua, bajo estrictas medidas de seguridad, para abordar una avioneta de Investigaciones rumbo a Chillán. “El gobierno me lleva secuestrada”, declararía poco antes de abordar la aeronave.
“Yo no he pedido en ningún momento que mi hija sea trasladada a Chillán. Nosotros hemos pedido que sea trasladada a Santiago, porque hay mejores médicos, mejores instalaciones para tratar el delicado estado salud de mi hija”, declaró a Punto Final Roberto Troncoso. Además, manifestó su decepción luego que no prosperaran sus diligencias ante La Moneda para intentar convencer a la autoridad de enviar al Senado un proyecto que permita a su hija obtener beneficios carcelarios. “Ella ha cumplido la mitad de su condena y podría acceder a beneficios. Pero lo único que han hecho es enviarme de un ministro a otro. Se tiran la pelota, pero en el fondo nadie quiere hacerse cargo”, se quejó Troncoso. Para el gobierno, 100 días en huelga de hambre y una baja de 26 kilos de peso no constituyen un peligro para la vida de la joven luchadora. Lo señaló el vocero de gobierno, Francisco Vidal, luego de explicar el polémico traslado de Patricia Troncoso a Chillán. Según Vidal, el informe al gobierno del director de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Alberto Dougnac, del médico de Gendarmería, Gastón Rodríguez y de Luis Ravanal, en representación de la familia, deja en claro “que esta persona (Patricia) no corre riesgo vital”, por lo que su traslado a Santiago sería una “medida innecesaria”.
PELIGRO DE MUERTE
Berna Castro, médico de Patricia, no opina lo mismo. Aseguró que la huelguista de hambre “está entrando a una etapa de alta peligrosidad, donde aparece el paro cardíaco y la muerte súbita”. Por esta razón exigió cumplir la legislación internacional para estos casos. “Llamo a mis colegas a que respeten la Convención de Malta que nuestro Colegio Médico suscribió”, subrayó la doctora Berna Castro. Comparte su opinión el doctor Luis Ravanal, quien formó parte de la comisión enviada por el gobierno. Afirmó Ravanal que “la ayunante ha entrado en un progresivo y acelerado aumento del riesgo de muerte”. Alertó sobre la existencia de “múltiples condiciones y variables que pueden interactuar en cualquier momento, desencandenando una descompensación o evento crítico en forma aguda, en consideración a las alteraciones detectadas, a su condición física actual y al tiempo transcurrido.
En mi calidad de médico, apelo sobre todo al sentido de humanidad de todos los intervinientes que tengan la posibilidad de colaborar y auxiliar con el fin de salvar la vida de Patricia Troncoso Robles, más allá de toda limitación moral y ética, por el valor supremo de la vida”, enfatizó Ranaval.
En conversación con Punto Final, el doctor Rodrigo Avendaño, director del hospital de Chillán, tampoco relativizó el estado de Patricia. “Ella fue evaluada clínicamente y se encuentra estable dentro de su estado, dada la condición de gravedad para alguien que lleva 100 días de ayuno... Es capaz de conversar, aunque está muy debilitada, lo que implica un riesgo evidente de sufrir diversas alteraciones sobre todo a nivel cardíaco. Hemos hablado con ella para analizar su situación, pero mantiene su decisión de no ingerir alimentos. Está siendo hidratada por vía endovenosa y esperamos que con el apoyo de su familia deponga su actitud porque cualquier persona en su condición, tarde o temprano tiene consecuencias que pueden ser fatales”, subrayó. El equipo que la trata está liderado por Fernando Gallo, médico de Gendarmería, con asesoría de especialistas del hospital. Se encuentra acompañada en forma permanente por una funcionaria de Gendarmería y en la puerta hay otros dos gendarmes.
ENGAÑO DEL CONGRESO
Patricia Troncoso, conocida cariñosamente como “La Chepa”, es auxiliar de párvulos y estudió Teología en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Valparaíso. En la búsqueda de sus propias raíces fue aproximándose de manera solidaria a las comunidades mapuches, primero en la zona del Alto Bío Bío y luego formando parte de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), en Traiguén. Fue sometida a juicio por primera vez en octubre de 2002, acusada de los delitos de “amenaza” e “incendio terrorista”. Se le imputó a ella y a los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín responsabilidad en el incendio de la hacienda Nancahue, propiedad del abogado Juan Agustín Figueroa, y autoría de amenazas de incendio contra los dueños y administradores del fundo San Gregorio. Tras dos juicios orales, fue declarada inocente por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol. En diciembre del mismo año, se le inició un nuevo proceso, acusada de ser miembro de la CAM, organización ilegalizada bajo la figura de ser una “asociación ilícita terrorista”. Tras otros dos juicios, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco no sólo la declaró inocente, sino que además debió retractarse en su persecución contra la CAM. Finalmente, en agosto de 2004, el Ministerio Público logró condenarla por el delito de “incendio terrorista” del fundo Poluco Pidenco de Forestal Mininco. La gobernación provincial de Malleco se hizo parte de ese juicio.
Su huelga de hambre no es la primera que protagoniza en estos cinco años de prisión. Durante 2006, junto a tres presos políticos, Juan Huenulao, Patricio y Jaime Marileo, estuvo en huelga de hambre en demanda de la nulidad del juicio Poluco. Tras 63 días -previo compromiso de parlamentarios de gobierno de votar un proyecto que otorgaba beneficios extrapenitenciarios a ella y sus compañeros-, levantaron la huelga. “Confirmamos mediante este compromiso nuestra voluntad de votar favorablemente el proyecto de ley que establece el beneficio de la libertad vigilada a los presos por la Ley Antiterrorista en la reivindicación del pueblo mapuche (...) Conminamos a los presos de la cárcel de Angol a bajar la huelga de hambre, ante la feliz noticia de la urgencia de este proyecto de ley en el Senado, y ante el compromiso de nuestros votos favorables, que provocará su libertad en el corto plazo”, señalaron los parlamentarios Jaime Naranjo (PS), Guido Girardi (PPD), Jorge Pizarro (DC), Ricardo Nuñez (PS), Jaime Gazmuri (PS), Mariano Ruiz-Esquide (DC), Pedro Muñoz (PS), Fernando Flores (PPD), Carlos Ominami (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Hosain Sabag (DC) y Camilo Escalona (PS). Pero varios que habían comprometido su voto desconocieron el acuerdo, entre ellos los DC Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide y Hosain Sabag, al igual que Fernando Flores (hoy ChilePrimero) quien no asistió a la votación. Lo mismo la senadora Soledad Alvear, presidenta de la DC, quien se había comprometido verbalmente. Con 20 votos en contra, 13 a favor y 2 abstenciones, el Senado desechó la idea de legislar. El proyecto quedó sepultado al ser rechazado en primer trámite.
CASO POLUCO PIDENCO
Un escenario de represión y ausencia de derechos ha dejado al descubierto la huelga de hambre de Patricia iniciada el 10 de octubre de 2007 junto a otros cinco presos políticos. La protesta emprendida por José Huenchunao, Jaime Marileo, José Millalén, Héctor Llaitul y Patricia Troncoso, además del joven Waikilaf Cadín Calfunao, liberado a fines de diciembre de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, buscaba exigir la libertad de todos los “presos políticos mapuches”. Tras casi dos meses de movilización y ante la eventualidad de una mesa de diálogo entre sus familiares y el gobierno, José Huenchunao, Juan Millalén y Jaime Marileo suspendieron el ayuno. Llevaban 66 días sin comer. Fue un gesto para posibilitar un diálogo cuya mediación recayó en el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, y que a poco andar se estrelló contra los muros de La Moneda. “Estamos hablando de personas que se encuentran condenadas por los tribunales de justicia; no han sido condenados por el gobierno, sino por los tribunales y no tenemos facultades para intervenir desde el punto de vista de la modificación de resoluciones penales”, sentenció el subsecretario del Interior, Felipe Harboe. Sin probabilidades de avance, después de 81 días y a petición de su organización y familiares, el dirigente de la CAM, Héctor Llaitul, también dejó la movilización. Patricia, sin embargo, decidió continuar “hasta las últimas consecuencias”.
Tanto ella como Huenchunao y Marileo están encarcelados por la Ley Antiterrorista, cuerpo legal creado por la dictadura militar y desempolvado por la administración Lagos para perseguir a luchadores mapuches. Su aplicación en democracia no sólo dotó a las policías de eficaces instrumentos para vulnerar los derechos civiles de los presos (tales como escuchas telefónicas, violación de correspondencia, seguimientos, infiltración, etc.), sino que, además, abultó sus condenas y limitó una adecuada defensa judicial, permitiendo -entre otras cosas- el uso de un centenar de “testigos sin rostro” en el juicio que los llevó a prisión. Patricia -al igual que sus compañeros- fue condenada a 10 años y un día por “incendio terrorista”, luego que se le encontrara culpable de provocar, el 19 de diciembre de 2001, un siniestro en el fundo Poluco Pidenco de Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, y en el cual hubo sólo daños materiales. Se le condenó a pagar, además, una multa de 420 millones de pesos a la empresa forestal, un despropósito considerando que la maderera -propiedad del grupo Matte- obtiene millones de dólares en ganancias. Junto a ella y sus compañeros ex huelguistas fueron condenados otros seis mapuches, dos de los cuales cumplen condena en cárceles de Victoria y Vilcún, mientras el resto permanece “clandestino” o “en rebeldía”.
¿TERRORISMO MAPUCHE?
No todos los jueces concuerdan en que en el caso Poluco Pidenco sea aplicable la Ley Antiterrorista. Con fecha 10 de febrero de 2007, otro acusado en la causa, el ex vocero de la CAM, José Llanquileo Antileo (27 años), con las mismas pruebas y testimonios presentados por el Ministerio Público, fue condenado sólo a 5 años de prisión, luego que los jueces Claudio Espinoza, Gladys Villablanca y Juan Petit-Laurent, del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, desestimaran el carácter “terrorista” del incendio que afectó al predio forestal, sepultando la tesis planteada por el gobierno y los fiscales en el primer juicio oral que condenó a Patricia. El veredicto de los jueces de Angol generó una situación única en el marco de la reforma procesal penal: por el mismo ilícito hay 6 condenados por “incendio terrorista”, dos absueltos y un comunero -Llanquileo Antileo- encontrado culpable sólo de incendio calificado. Llanquileo, ex estudiante de asistencia judicial, fue detenido en la comunidad Juana Millahual, de Contulmo, en la ribera del lago Lleulleu, tras haber sido declarado “en rebeldía” por el tribunal de Angol. Hoy cumple condena en la cárcel de Traiguén.
La decisión de los magistrados de de-sestimar el cargo de “terrorismo” contra Llanquileo, a juicio del analista interna-cional Raúl Sohr sólo se ajustaría a la rea-lidad chilena, donde no existen grupos ni personas que ejecuten prácticas de terrorismo. “El terrorismo, en rigor, es un método clandestino de combate. Pero, en el lenguaje cotidiano, el terrorismo se ha convertido en un adjetivo para designar una lucha artera y enemiga de la seguridad de la ciudadanía. Desde la perspectiva del empleo peyorativo del adjetivo terrorista, es mala fe acusar a activistas mapuches bajo una Ley Antiterrorista. Tanto más que esta ley fue gestada bajo un régimen dictatorial carente de legitimidad. Es una hipocresía postular ante el mundo que en Chile reina la paz, es decir que no operan grupos terroristas, y a la vez encausar a compatriotas bajo ese cargo”, respondió Sohr consultado por Punto Final. “La violencia social ejercida por un estudiante encapuchado que lanza una molotov es un delito, pero no constituye un acto terrorista. Como tampoco lo es la quema de bienes por parte de activistas mapuches. En el caso contrario, si un agente del Estado ejerce fuerza desmedida con el fin de amedrentar, se le acusará de abuso de poder o de violar derechos humanos. Pero aunque haya aterrorizado a las víctimas no cabe juzgarlo como un terrorista. El adecuado uso del lenguaje es clave en estas materias, pues condiciona las percepciones o, como dicen algunos, crea realidades”, agregó.
El 2 de mayo de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el estudio de las demandas contra el Estado de Chile presentadas por Patricia Troncoso y el resto de los condenados en la causa Poluco Pidenco.
El ex juez Juan Guzmán Tapia es otro que ha señalado la improcedencia de aplicar la Ley Antiterrorista. El ex magistrado se ha identificado con la causa mapuche y ha solicitado, incluso, la intervención de tribunales internacionales para terminar con la persecución hacia las comunidades. “La lucha de los mapuches es política y, de hecho, como se hizo durante la dictadura, se le fabrican delitos para criminalizarlos”, señaló a PF. A juicio de Guzmán, el gobierno no sólo estaría desoyendo las demandas históricas de los mapuches, sino además incrementando aquel escenario de criminalización que caracterizó a la administración Lagos y alertó a la comunidad internacional. “Lo cierto es que durante la gestión de Michelle Bachelet la represión, el hostigamiento y la persecución política contra las comunidades, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado”, señaló
PEDRO CAYUQUEO
En Temuco
(Publicado en “Punto Final” Nº 656, 25 de enero, 2008)
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