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Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas
absolvió al dueño de “El Mercurio”
La importancia de
llamarse Edwards
 AGUSTIN
Edwards: le extendieron certificado de buena conducta.
Sorprende, una vez más, la distancia que hay en
Chile entre los dichos y los hechos. Mucho se habla de justicia, pero
poco -y deficientemente- se la practica. Se dice “no a la impunidad”,
pero a la hora de las decisiones, el peso de los poderes fácticos
se impone por sobre las convicciones. Eso permite, entre muchas otras
cosas, que Augusto Pinochet viva cómoda y tranquilamente la última
etapa de su vida, convencido que hizo un bien a Chile y que de nada tiene
que arrepentirse.
Lo mismo corre para otros poderosos intocables, libres incluso de sanciones
éticas. Es el caso de Agustín Edwards Eastman, periodista
y dueño de la cadena de diarios de la empresa El Mercurio, heredero
de uno de los grupos económicos más antiguos de Chile y
presidente de la Fundación Paz Ciudadana -junto a otros ilustres
cargos-, quien resultó ser inobjetable para las instancias del
Colegio de Periodistas encargadas de velar por la ética de sus
miembros en el desempeño de sus funciones profesionales. Así
lo establece el fallo emitido el pasado 3 de diciembre por el Tribunal
Nacional de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas al rechazar
la petición formulada por el director de Punto Final, Manuel Cabieses,
para que se abriera un sumario al magnate de la prensa “a fin de
determinar su responsabilidad en el golpe de Estado de 1973 y, por tanto,
en las violaciones de los derechos humanos que durante 17 años
se produjeron en Chile”. Los cargos, fundamentalmente, son las gestiones
realizadas por Agustín Edwards ante la Casa Blanca, desde septiembre
de 1970, pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos
para impedir que el presidente electo, Salvador Allende, asumiera el cargo
y luego, ya en el poder, para derrocarlo del gobierno constitucional.
Como parte activa de esta conspiración, El Mercurio recibió
más de un millón y medio de dólares de la CIA. Estas
evidencias, como consignó Cabieses en su demanda, están
descritas en documentos públicos como el Informe Church, del Senado
de Estados Unidos, las memorias del ex secretario de Estado norteamericano
Henry Kissinger, documentos desclasificados de la CIA, testimonios de
ex altos funcionarios del gobierno de Richard Nixon y en diversos trabajos
de investigación periodística.
Con estos antecedentes, Manuel Cabieses dirigió su solicitud de
sumario el 9 de enero de 2001 a quien presidía en ese momento el
Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, Renato Leyton, pidiendo
la aplicación de la máxima sanción a Agustín
Edwards, es decir, la expulsión de la orden, por grave violación
del Código de Etica, especialmente de los artículos 1º,
5º y 28º. En estos se señala el deber de los periodistas
de estar al servicio de la verdad, de los principios democráticos
y los derechos humanos; que el derecho a informar se debe ejercer de acuerdo
con las normas éticas y no puede ser usado en detrimento de la
comunidad o de las personas, y que son faltas a la ética profesional
-entre otras- participar en violaciones a los derechos humanos, la censura,
el soborno, el cohecho y la extorsión.
Casi tres años después, tras un lento procedimiento y una
apelación de última instancia, se confirmó el rechazo
a la petición. Junto a otras consideraciones, el Tribunal Nacional
de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas estimó que no
procedía juzgar el comportamiento de Agustín Edwards de
acuerdo con el actual Código de Etica, aprobado en 1999, sino con
la Carta de Etica vigente en aquella época. Y argumentó
que los antecedentes disponibles “no nos permiten concluir con plena
convicción que se hayan cometido las infracciones a dicha Carta,
tal como lo señala la denuncia”.
Curiosamente, al presentarse la denuncia el año 2001 uno de los
fundamentos que utilizó el primer fiscal del caso para recomendar
la apertura de una investigación sumaria es que los artículos
1, 2, 4, 7 y 8 de la Carta de Etica Periodística -vigente en la
época de los hechos denunciados- “habrían sido transgredidos
por el Sr. Agustín Edwards E., sea directamente o en su calidad
de responsable de la publicación de los diarios de la cadena El
Mercurio.
PROCESO KAFKIANO
Cuando se presentó la denuncia, el Consejo Metropolitano del Colegio
de Periodistas designó al consejero Juan Domingo Silva para que
estableciera si correspondía iniciar un sumario contra Edwards.
El 21 de abril del 2001, Silva recomendó hacerlo y constituir una
comisión ad hoc para revisar el comportamiento y responsabilidad
de los periodistas y los medios en los acontecimientos anteriores y posteriores
al golpe de Estado. Pero nada de eso se hizo. Más de un año
después, el 30 de septiembre de 2002, el Tribunal de Etica y Disciplina
de la Región Metropolitana -presidido entonces por la periodista
Cecilia Alzamora- decidió unánimamente declararse incompetente.
¿Razones? La inexistencia en Chile de documentación y evidencias
o testimonios que respaldaran la acusación, “ni personas
u organismos dispuestos a entregarlas”. El tribunal argumentó
también que no estaba en condiciones de iniciar una investigación
propia sobre hechos ocurridos hace 30 años y que sólo contaba
“con los antecedentes de unos archivos de un organismo de inteligencia
de un país extranjero, lo que estimamos insuficiente”.
En su calidad de denunciante, Manuel Cabieses recurrió el 2 de
octubre del mismo año al Tribunal Nacional de Etica para solicitarle
que ordenara al Tribunal Metropolitano abrir el sumario, pues existían
antecedentes suficientes. A la misma conclusión llegó ese
tribunal el 30 de octubre. Por lo tanto, instruyó al Tribunal Metropolitano
de Etica para que diera curso al proceso, considerando además que
las faltas por infracción a los derechos humanos no prescriben.
Sin embargo, en los ocho meses siguientes hubo renuncias y nuevas incorporaciones
de miembros al Tribunal Metropolitano de Etica, lo que se tradujo en cero
avance en el proceso. Sólo se reinició el 1 de julio de
2003, entonces presidido por Oriana Zorrilla e integrado por Margarita
Pastene, Víctor Abudaye, Alfredo Taborga y Humberto Zumarán.
El 8 de julio de 2002 este tribunal resolvió por unanimidad rechazar
la denuncia, pues su función “es resolver conflictos derivados
del ejercicio profesional en el campo ético-periodístico”
y “las opciones ideológicas y políticas del propietario
de un medio de comunicación para oponerse o defender un régimen
político, bajo cualquier circunstancia, entran en el campo de la
libertad de conciencia, que un tribunal ético no puede juzgar”.
El 16 de julio, Manuel Cabieses apeló al Tribunal Nacional señalando
que la argumentación anterior era “vergonzante” y que
su acusación se dirigía contra “el periodista Agustín
Edwards, director de El Mercurio, inscrito con el Nº 88 en el Registro
Nacional de la orden” y no contra el empresario. Y agregó
que no eran materia de sumario sus opciones ideológicas, sino sus
“actos que han violado el espíritu y la letra del Código
de Etica del Colegio de Periodistas”.
“PERSECUCION POLÍTICA”
Así, el proceso quedó en manos del Tribunal Nacional de
Etica, integrado por Lidia Baltra Montaner (presidenta), Felidor Contreras
Muñoz (secretario general), Jorge Donoso Pacheco, Guillermo Hormazábal
Salgado (ambos, ex presidentes del Colegio de Periodistas) y Guillermo
Sandoval Vásquez. Posteriormente, Lidia Baltra se inhabilitó
para participar en este proceso argumentando, como razón principal,
el hecho de aparecer públicamente integrando el Grupo de Amigos
de Punto Final.
El periodista Felidor Contreras, designado fiscal instructor del caso,
propuso al Tribunal Nacional acoger la apelación, dejando sin efecto
el fallo de primera instancia. Destacó en su informe que “la
calidad de periodista se adquiere por el título universitario o
por imperio de la ley y desde ese momento forma parte indisoluble, indivisible
e inseparable del ser de esa persona... Ningún periodista puede
decir que se quitó esa calidad, que el terno de periodista lo dejó
en el hotel o en el automóvil antes de ingresar a la Casa Blanca
a conversar con Nixon”. Además de proponer la expulsión
de Edwards por apoyar e impulsar la campaña de terror contra el
gobierno constitucional de Allende, hizo notar que el Tribunal Metropolitano
no dio a conocer al director de El Mercurio la denuncia en su contra,
sólo le comunicó el fallo de primera instancia que la rechazó.
Cumplida esa diligencia por el fiscal, se citó a Agustín
Edwards a tres reuniones, pero no apareció y tampoco envió
un abogado en su representación. En cambio, mandó dos cartas.
En la primera dice que la acusación, “cuyo contenido injusto
y erróneo me ha afectado dolorosamente”... “no tiene
relación alguna con el ejercicio de la profesión, en virtud
de la cual participo desde hace más de 45 años en el Colegio
de la orden”. Añade que “por eso, hacerme cargo de
la acusación constituiría un precedente para estimular la
politización de nuestra organización gremial”.
En su segunda carta al tribunal reacciona ante el informe del fiscal señalando
que confirma sus aprensiones “en cuanto a que esta acusación,
así como los antecedentes en que ella se funda, tiene una inspiración
estrictamente política”. Argumenta que “mi profundo
compromiso con la libertad de expresión e información”
le ha hecho optar por no rectificar las publicaciones biográficas
o memorias de quienes, según dice, le han atribuido un papel decisivo
en hechos ocurridos hace 30 años. Expresa, además, su confianza
en que las autoridades del Colegio de Periodistas “no se prestarán
para validar estas acciones de persecución política”.
Obviamente, el director de El Mercurio no consignó a propósito
de su “compromiso con la libertad de expresión” -y
tampoco el tribunal, a pesar que fue agregado a los antecedentes por el
denunciante- el reclamo que presentó al Colegio el periodista de
TVN Santiago Pavlovic, en diciembre del 2000. Pavlovic denunció
que El Mercurio nunca publicó una carta suya en respuesta a falsas
imputaciones publicadas en el cuerpo Reportajes sobre un programa de Informe
Especial, donde se informó de los dineros entregados por la CIA
al diario de Edwards. “Uno de los elementos más injuriosos
de la crónica -acusó Pavlovic- fue plantear que el programa
sería parte de una campaña de la ultraizquierda”.
Volviendo al caso actual, el fallo del Tribunal Nacional de Etica y Disciplina
de la orden resolvió rechazar la apelación de Manuel Cabieses
con los votos de Guillermo Hormazábal, Guillermo Sandoval y Jorge
Donoso. Hubo un voto fundamentado en contra, de Felidor Contreras. En
la resolución de mayoría se declara plena coincidencia con
el fallo de primera instancia, añadiendo que de las pruebas presentadas
“no se puede concluir que la conversación del colega Agustín
Edwards con el presidente norteamericano Richard Nixon haya sido la causa
eficiente para que éste ordenara la intervención de la CIA
en nuestro país”. También estima que el objetivo de
esa gestión “no puede interpretarse inequívocamente
como el llamado a un golpe de Estado”. Y “mucho menos se puede
atribuir a esa gestión, único hecho citado como fuente de
esa responsabilidad, el atropello masivo a los derechos humanos que existió
en nuestro país durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet,
cuando sus responsables han sido condenados o están sometidos a
proceso por los tribunales de nuestro país”. No hay ninguna
alusión al dinero de la CIA que recibió El Mercurio.
En su voto de minoría, Felidor Contreras reiteró su postura
de expulsar del Colegio de Periodistas a Agustín Edwards por violar
el artículo 1° de la Carta de Etica y los artículos
1°, 5° y 28 del actual Código de Etica. En definitiva,
“el hombre duraderamente más influyente de Chile”,
como llama a Edwards el escritor Armando Uribe, sigue impune, libre de
polvo y paja
PATRICIA BRAVO
¿Quién recibió los billetes de
la CIA?
De modo que somos abierta minoría: obtuvimos sólo uno de
cinco votos.
Y los cuatro colegas -que de una u otra manera apoyaron a Edwards- nos
proponen un ejercicio de disociación que linda con la esquizofrenia.
Tenemos que separar con bisturí al Edwards-periodista del Edwards-propietario
de El Mercurio, al Edwards-empresario y al Edwards-político. ¡Qué
raro ejercicio para cumplir con la gimnasia de lo “políticamente
correcto”!
Todos sabemos quién entró al despacho oval de la Casa Blanca
el 15 de septiembre de 1970: fue el propietario de la cadena El Mercurio.
Y todos sabemos la tragedia que se desencadenó a partir de esa
reunión con el presidente Richard Nixon y su asesor de Seguridad
Nacional, Henry Kissinger. Una tragedia que tuvo como primera víctima
al comandante en jefe del ejército, general René Schneider,
en octubre de 1970.
Todos sabemos -porque consta en documentos oficiales- de las jugosas partidas
en dólares que recibió El Mercurio para prestarse al complot.
Los billetes-coima son aquí un agravante.
¿Quién los recibió? ¿El empresario, el político,
el periodista, el dueño del imperio periodístico?
Sólo el empresario-político, nos dice el Tribunal Nacional
de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas, por lo que no está
sujeto a la Carta de Etica.
No queda más camino que ampararnos en palabras pronunciadas el
11 de septiembre de 1973: “Tengo fe en Chile y su destino, superarán
otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende
imponerse”
PATRICIA VERDUGO
Dinero de la
CIA financiaba “El Mercurio”
Entre los numerosos medios de prueba presentados en este
intento por sumariar y expulsar del Colegio de Periodistas a Agustín
Edwards, Manuel Cabieses puso a disposición del tribunal ético
el libro Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte,
de Patricia Verdugo (Catalonia, agosto 2003), y un artículo de
Peter Kornbluth, director del proyecto de Documentación sobre Chile
en el National Security Archive de la Universidad George Washington, publicado
en septiembre-octubre en la revista Columbia Journalism Review (reproducido
en PF N° 553).
Kornbluth aporta detalles de los documentos desclasificados por la CIA
y la Casa Blanca sobre las gestiones de Edwards en Washington en los años
70. Proporciona, además, pormenores de la entrega de casi dos millones
de dólares de la CIA a El Mercurio, autorizada por Richard Nixon
en 1971 y 1972 para financiar la campaña destinada a crear condiciones
favorables al golpe militar.
La periodista Patricia Verdugo describe minuciosamente esos mismos hechos
a partir de las fuentes norteamericanas. Así, relata la reunión
en la Casa Blanca entre Nixon y Agustín Edwards el 15 de septiembre
de 1970, gestionada por el presidente de la Pepsi Cola, Donald M. Kendall:
“Se encontraron en un ‘desayuno de trabajo’ al que también
asistieron el empresario Kendall, Kissinger y John Mitchell, fiscal general.
(...) En suma, el poderoso empresario chileno Agustín Edwards pidió
la ayuda de Estados Unidos para impedir el desastre en Chile. Kissinger,
en sus memorias, Los años en la Casa Blanca, le endosa al chileno
Edwards la responsabilidad de haber presionado a Nixon, de haberle ‘calentado’
el ánimo para que decidiera acciones drásticas”. Más
adelante, Patricia Verdugo cita al Informe Church, donde se da cuenta
del resultado de esa reunión: “El 15 de septiembre, el presidente
Nixon informó al director de la CIA, Richard Helms, que un gobierno
allendista no era aceptable para los Estados Unidos e instruyó
a la CIA para que jugara un rol directo en organizar un golpe de Estado
en Chile, para evitar que Allende accediera a la presidencia”.
En otra parte del libro, la escritora y periodista reproduce otra aseveración
del mismo informe: “La CIA gastó más de un millón
y medio de dólares para apoyar a El Mercurio, el principal diario
del país y el más importante canal de propaganda en contra
de Allende. De acuerdo a los documentos de la CIA, estos esfuerzos tuvieron
un rol significativo en la creación de las condiciones para el
golpe militar”. El dinero llegó a El Mercurio por intermedio
de la transnacional ITT, a través de una cuenta bancaria en Suiza.
Patricia Verdugo ratificó todo lo publicado en su libro y sus dichos
en la entrevista publicada en PF N° 552 y ante el Tribunal Nacional
de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas, como testigo referencial
en el “caso Cabieses versus Edwards”. En esa ocasión,
destacó que el hecho que Agustín Edwards nunca se haya querellado
contra el gobierno de Estados Unidos “constituye prueba de que efectivamente
recibió casi dos millones de dólares por hacer participar
a su cadena de diarios en el complot para desestabilizar la democracia
en Chile”. A su juicio, sancionar a Edwards con su expulsión
del Colegio de Periodistas de Chile “sería un mínimo
acto de reparación”
Periodistas y propietarios
La función de los profesionales de la comunicación
suele situarse a medio camino entre el propietario de los medios y el
receptor pasivo. Son intermediarios dentro del juego de la alienación
universal, sometidos a reglas muy duras dentro de una economía
de mercado mediático. Que lo serán todavía más,
porque es un mercado limitado y hay demasiados profesionales para una
industria cultural mediática en proceso continuo de concentración
(dentro de cada mercado nacional) y con clara decantación hacia
el Norte (en el contexto global).
Hace veinticinco años propuse que se incorporara la lectura de
los medios de comunicación en las escuelas. Es decir, enseñar
a decodificar, como única posibilidad de ser un receptor libre.
Nos rasgamos las vestiduras cuando nos enseñan historia, pero aprender
a ver y decodificar un mensaje televisivo es una cuestión fundamental
de supervivencia democrática. Para saber “leer” cualquier
medio, en cualquier lenguaje, lo primero que hemos de aprender es quién
es el propietario de ese medio y a partir de ahí se puede empezar
a decodificar cada lingüística comunicacional.
MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN
(Del artículo “Los estuches de la libertad”, publicado
en Brecha, Montevideo, 23-1-98)
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