Sabor que mata

Arremetida tabacalera para atraer niños al consumo

La industria multinacional tabacalera añade sabores, como mentol, a los cigarrillos para capturar nuevos adictos a la nicotina, especialmente entre niños, niñas y jóvenes. Además, diseña fuertes estrategias de marketing para promover estos productos en puntos de venta cercanos a las escuelas, en Chile y otros países de América Latina. Así lo reveló un estudio regional de la Escuela Bloomberg de Salud Pública, de la Universidad de Johns Hopkins.
Los datos regionales de la investigación muestran que las marcas de las empresas más grandes del mundo, incluidas British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International y Philip Morris International (PMI), se venden en el 85% de los locales de comercio minorista dentro de los 250 metros a la redonda de las escuelas analizadas en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Chile. Más del 74% de los cigarrillos con sabor observados eran mentolados. Otros sabores incluyen cereza, daiquiri, mojito, fruta y alcohol.
En América Latina, los cigarrillos saborizados se han vuelto populares. Entre 2010 y 2015, aumentaron sus ventas. En Chile, el estudio arrojó que el 85,2% del comercio minorista que vende productos de tabaco en la cercanía de las escuelas, comercializa cigarrillos mentolados. Estos se exhiben mayoritariamente en las zonas de cajas y espacios cercanos a golosinas, bebidas y otros productos para niños.(1) Los cigarrillos mentolados duplicaron su participación de mercado nacional entre 2008 y 2013. El segmento de todos los cigarrillos con aditivos, no sólo mentol, creció 16 veces en dicho periodo.
Los estudios internos de la industria tabacalera confirman que el mentol aumenta el atractivo del producto para los jóvenes, al enmascarar el sabor del tabaco. Su uso busca atraer y retener fumadores jóvenes principiantes, algunos de los cuales fuman cigarrillos mentolados porque los perciben como menos dañinos debido a los efectos refrescantes y calmantes del mentol. Pero estudios científicos aseguran que son más tóxicos y adictivos.
Sonia Covarrubias, coordinadora de Chile Libre de Tabaco, organización que colaboró en la investigación de la Universidad Johns Hopkins, afirma que “estamos denunciando esta arremetida de la industria tabacalera contra los derechos de los niños y niñas de Chile y América Latina. Esta estrategia comercial ha provocado que el 66% de los menores de 18 años que fuma en Chile consuma mentolados y el 44% comience a fumar con este tipo de cigarrillos”. Chile tiene la más alta prevalencia de niñas fumadoras entre los 13 y los 15 años a nivel mundial.
Entendiendo que se trata de un problema de salud pública, Chile ha intentado prohibir el uso de aditivos y saborizantes en los cigarrillos, pero el lobby de la industria tabacalera lo ha impedido, denuncia Covarrubias. Durante tres años consecutivo, desde 2011, el Ministerio de Salud envió a la Contraloría General de la República un decreto con tal prohibición. Todos fueron rechazados argumentando que no existía una relación directa entre el uso de mentol y el aumento en los niveles de adicción, daño a la salud o de riesgo que pueda ocurrir como resultado del consumo de productos que lo contengan.
El último decreto del Ministerio, del año 2013, fue enviado con 425 páginas de evidencia científica sobre los daños del mentol. La naturaleza extremadamente técnica de la discusión demostró que el Contralor General, Ramiro Mendoza, quien dejó el cargo en 2015, fue mucho más allá de las atribuciones formales de su cargo para determinar cuándo un decreto o reglamento es legal.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció hace más de una década los peligros de los cigarrillos con sabor, al afirmar que ingredientes aparentemente inofensivos, como chocolate, mentol y azúcares, pueden contribuir a un aumento en los efectos cancerígenos y adictivos.

NUEVA LEY DE TABACO
Chile se encuentra discutiendo una nueva ley de tabaco que busca adecuar la actual legislación al Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, que contempla la prohibición del uso de aditivos y saborizantes en los cigarrillos entre otras medidas -promovidas por la Organización Mundial de la Salud-, como el empaquetado genérico y la prohibición de la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta. Así como restituir a la autoridad sanitaria la atribución de sancionar a quienes infrinjan la ley. Tal función está en manos de los juzgados de policía local, que no tienen la capacidad ni el conocimiento para ejercerla, por consiguiente la actual legislación es letra muerta. Pero es la interferencia de las multinacionales tabacaleras la amenaza más grande a la implementación de las medidas del CMCT de la OMS, ratificado por 175 países, entre ellos Chile.
Después de dos años de ingresado al Parlamento, el proyecto de ley de tabaco fue aprobado en junio de 2015 en el Senado. Desde esa fecha se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Como respuesta a la votación en el Senado, BAT Chile recurrió a prácticas de intimidación dentro de su estrategia de presión a los Estados. La multinacional amenazó con el cierre de sus plantas y alertó sobre un supuesto incremento del comercio ilícito de cigarrillos, lo que traería -según publicitó- un impacto económico negativo para el país.
En la ocasión, BAT Chile olvidó mencionar que sólo los gastos directos para el Estado chileno causados por el tabaquismo cada año alcanzan a más de un billón de pesos (casi 1.800 millones de dólares), cifra que supera con mucho los impuestos pagados por la industria anualmente. Con estos recursos se podrían construir tres hospitales de alta complejidad.
La amenaza del aumento de contrabando de cigarrillos es un argumento repetido por la industria del tabaco a nivel global, que busca bloquear políticas de control. Por ende, es poco creíble, advierte Sonia Covarrubias. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud en 2015 señaló que uno de cada diez cigarrillos podría ser de procedencia ilícita en el mundo y agregó que “las tabacaleras son parte del problema, no la solución. Aunque públicamente se oponen al tráfico ilícito y proclaman que están firmemente decididas a ayudar a los gobiernos en la lucha contra el contrabando de tabaco, hay pruebas de que participan activamente favoreciendo el comercio ilícito en la mayor parte de las economías”.
La OMS apuntó a que “documentos internos de la industria tabacalera demuestran que el contrabando ha formado parte de la estrategia utilizada por el sector para promover sus marcas, aumentar la cuota de mercado o abrir mercados cerrados a sus productos. En esos documentos estratégicos internos, las tabacaleras utilizan expresiones en clave, como ‘derecho no pagado’, ‘tránsito’ o ‘comercio general’ para describir operaciones de contrabando”.
Sin embargo, las mediáticas advertencias de la industria tabacalera y el lobby que ejercen inciden en los tomadores de decisión.
El Colegio Médico, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Fundación Cáncer Vida, Sociedad Chilena de Salud Pública Oral, Respira Libre y Chile Libre de Tabaco, junto a otras sociedades médicas y académicas, denunciaron a los diputados de la Comisión de Salud por mantener por más de un año estancado el proyecto de ley sin ningún avance legislativo y los interpelaron a no ceder a las presiones de una industria de la muerte.
El excesivo retraso en la tramitación de la nueva ley no es solo culpa del Poder Legislativo. En octubre de 2015, el gobierno, desestimando las recomendaciones de la OMS, le quitó la urgencia simple al proyecto, lo que demuestra la falta de voluntad política para legislar respecto a una ley que busca salvar vidas. Por ello diversas organizaciones de la sociedad civil, médicas e instituciones académicas de Chile y América Latina han demandado a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, por diferentes vías -cartas, declaraciones y actos públicos-, que reponga la urgencia al proyecto de ley.
De cara a las elecciones de 2017, las organizaciones no solo han advertido que están monitoreando las maniobras de la industria tabacalera, sino la posición de los parlamentarios y del gobierno para que sea de conocimiento público quienes ceden al lobby tabacalero en desmedro de la salud de los chilenos.
Durante décadas las corporaciones tabacaleras han usado su poder político y económico para bloquear regulaciones que buscan proteger la vida y salud de la población de los efectos mortales del tabaco. El artículo 5.3 del CMCT de la OMS insta a los países a proteger las políticas de salud pública de los intereses comerciales y otros intereses velados de la industria tabacalera, como el eje central de sus esfuerzos por controlar la epidemia mundial de tabaquismo.

EL NEGRO HISTORIAL DE BAT CHILE
La empresa British American Tobacco Chile, conocida como BAT Chile, es dueña casi absoluta del mercado nacional de cigarrillos, con 94,4% de participación.
A diferencia de lo que dice la tabacalera, el cultivo del tabaco tiene una mínima contribución a la agricultura nacional. Las hectáreas de cultivo de tabaco sólo corresponden al 0,06% del total de tierras destinadas a la producción agrícola nacional. Solo en las regiones de O’Higgins y Bío Bío se distribuyen las 2.400 hectáreas de cultivo de tabaco.
Los agricultores de tabaco son el eslabón más débil de un negocio que lucra a costa de la salud de la población. BAT Chile genera utilidades por 46 mil millones de pesos anuales, descontando impuestos. La transnacional tabacalera se aprovecha de su posición de mercado, y compra el tabaco a un precio inferior al valor que tendría si existiera competencia. Entrega “préstamos o anticipos” a sus productores de tabaco, y así los mantiene cautivos mediante un continuo endeudamiento.
Además del poder económico, la tabacalera tiene estrechos vínculos con el mundo político. Desde siempre, y en todos los países donde opera, esta industria busca influir en las más altas esferas políticas y de decisión. Una de sus estrategias principales es incluir en su cuerpo directivo a representantes de todas las tendencias políticas.
El actual directorio de BAT Chile reúne a ex ministros de la dictadura cívico-militar y de los gobiernos de la Concertación. En su momento también tuvo entre sus integrantes a ministros del gabinete de Sebastián Piñera.
El actual directorio es presidido por Carlos Cáceres, ex ministro del Interior y de Hacienda durante la dictadura. Es miembro del directorio de la Fundación Pinochet, está a la cabeza del consejo asesor de Libertad y Desarrollo (LyD), y preside el consejo asesor empresarial de la Universidad del Desarrollo. Estas últimas instituciones han sido beneficiadas con millonarios aportes de BAT Chile. Según la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), sería parte del directorio Karen Poniachik Pollak, ex ministra de Energía y Minería del primero gobierno de la presidenta Bachelet. Paralelo a integrarse al directorio en 2009, presidió Chile Transparente (filial nacional de Transparency International), que en ese entonces tenía como miembro cooperador a BAT Chile.
También integra el directorio de la tabacalera el economista democratacristiano Jorge Rodríguez Grossi, actual presidente del Consejo Consultivo del BancoEstado. Ha ocupado importantes cargos públicos y ha sido parte de directorios de grandes compañías. Fue ministro de Economía, Energía y de Minería. Presidente de la Comisión Nacional de Energía de Chile y del directorio de Ferrocarriles del Estado. Rodríguez Grossi se autocalifica como “fanático de los empresarios”. Estuvo a la cabeza del directorio de la hidroeléctrica Guacolda, del grupo Angelini, y en la presidencia ejecutiva de Alto Maipo Spa. Fue director de la empresa generadora eléctrica AES Gener.
La puerta giratoria entre el mundo privado y público ha sido una práctica habitual de ministros y otras autoridades durante los gobiernos posdictadura. En el caso de Rodríguez Grossi resulta más grave, pues ostenta un cargo público y al mismo tiempo es parte del directorio de una de las industrias multinacionales con mayor poder económico del país, que requiere de una regulación fuerte por parte del Estado, pues el producto que comercializa mata a la mitad de sus consumidores.

ISABEL DIAZ MEDINA

Notas
(1) En Chile, el estudio se realizó en enero de 2017 y abarcó 372 locales de comercio minorista alrededor de 250 metros de 81 escuelas en Santiago.
(2) Informe Técnico de Cigarrillos Saborizados en el Punto de Venta América Latina (2017)”. Universidad Johns Hopkins. http://globaltobaccocontrol.org/sites/default/files/Deadly_Flavor_Technical_Report_Latin_America_Spanish.pdf

El tabaquismo: un problema de salud pública

• El consumo de tabaco es la principal causa de muerte por enfermedad evitable en el mundo.
• La epidemia de tabaquismo mata a más de seis millones de personas en el mundo; en América Latina a 370.000 y en Chile, suman 16.000 al año.
• Chile es el país más fumador de la región.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 882, 18 de agosto 2017).

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