Venezuela en el huracán

El proceso revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro plantea escenarios difíciles en Venezuela, ya que a fin de año deberían realizarse también elecciones de gobernadores y alcaldes, mientras la oposición trabaja internacionalmente (sin demasiado éxito) para que la OEA intervenga en los asuntos internos y se insiste en la inminencia de un golpe de Estado.
La oposición teme que las elecciones sirvan para alargar la organización del referéndum hasta el próximo año y así prolongar constitucionalmente el dominio del Poder Ejecutivo bolivariano hasta las elecciones presidenciales de 2018.
No es secreto que en estos momentos la popularidad de Maduro sigue en baja, con un descontento en las calles en aumento ante la falta de soluciones a problemas tan graves como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la inflación, la inseguridad; pero eso no significa que la credibilidad de la oposición haya crecido.
Mientras la prensa extranjera recibía con amplio despliegue la activación de la recolección de firmas para convocar el referéndum (apenas 1% del padrón), el diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al ex ministro de Espacios Acuáticos y Aéreos, Hebert García Plaza, de “robar” el dinero venezolano y “coordinar” un golpe de Estado -que se iniciaría el 15 de mayo- desde Estados Unidos. “Entregó al gobierno norteamericano, a la DEA, al Pentágono y a la CIA información precisa de la ubicación del armamento venezolano”, señaló Cabello.
Diferentes círculos de la oposición reconocen que cometieron un grave error al anunciar en enero que “en seis meses” saldría Nicolás Maduro de la Presidencia, sin presentar siquiera un mensaje constructivo frente a los problemas económicos. La palabra empeñada parece que se quedará en palabras. Ni gobierno ni oposición están en condiciones de materializar plenamente su modelo o programa máximo. La oposición parlamentaria se ha convertido en una maquinita de elaborar proyectos de ley, que suman muchas fallas en lo estructural y en su basamento jurídico. El caso más significativo fue el proyecto de Ley de Amnistía, calificado como un gran mamarracho jurídico.
La fuerte confrontación política seguramente se agudizará en los próximos meses, incluso en la interna del oficialismo, donde conviven tres corrientes: la que promueve el diálogo nacional, la negadora de cualquier diálogo y que busca una nueva conducción del Psuv, y la corriente que lidera Maduro y que desde un gobierno errático y sin atinar en las soluciones, mantiene aún el control cuando para algunos analistas se multiplican las señales de una confrontación cada vez más aguda.
Cayó muy mal en el Vaticano el proyecto que la oposición presentó en la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de diálogo en Venezuela, sesgado y nada apegado a lo convenido con el Nuncio Apostólico, Aldo Giordano. El proyecto fue reformulado para que, en definitiva, fuera aprobado por unanimidad. Al Vaticano también le molestó el encadenamiento de un puñado de personas pidiendo la libertad de los llamados “presos políticos” frente a la sede de la Nunciatura Apostólica. La advertencia es que tales actitudes perjudican el propósito que mueve a la Santa Sede para facilitar acuerdos en el caso venezolano.
Es en el plano internacional donde la agresión va in crescendo. El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se muestra cada vez más beligerante contra Venezuela y espera una solicitud de la oposición venezolana, probablemente por medio de la Asamblea Nacional, clamando por la aplicación de la Carta Democrática. Almagro hubiera podido jugar un papel útil en relación a Venezuela de haber adoptado una actitud menos comprometida con los grupos radicales de Washington, pero se ha saltado las reglas de funcionamiento de la OEA y utiliza los recursos de esta organización con fines no autorizados por los países miembros.
Es estrategia de Washington la de involucrar a la OEA en estos propósitos, tratando de convencer a los gobiernos latinoamericanos de que es “impostergable” activar la “famosa” Carta Democrática de la OEA, bajo la cual EE.UU. ha justificado intervenciones de todo tipo contra los países latinoamericanos.
No se debe olvidar la renovación del decreto presidencial calificando a Venezuela como “una amenaza a la seguridad nacional” de EE.UU., que abre las puertas para tratar de justificar una agresión militar directa. A eso se suma un editorial del 12 de abril del Washington Post, donde se indica que “Venezuela requiere de forma desesperada la intervención política (y no tan política) por parte del resto de los gobiernos latinoamericanos”, vaticinando una explosión social.
Lo cierto es que los partidos de oposición en Venezuela no alcanzan a superar sus propios desatinos y divergencias internas, y algunos asumen posiciones tan extremistas y beligerantes que obliga a sus propios aliados a tomar distancia de estos grupos.
Mientras, multiplica los ataques contra las instituciones: el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia. Y, obviamente, el Ejecutivo.
Volviendo al referéndum revocatorio, a la oposición no le basta la mayoría de votos en favor de revocar a Maduro, sino que debe reunir al menos 7.587.533 a su favor (los que eligieron a Maduro más uno) y eso no pareciera ser tarea fácil. Será un esfuerzo muy grande para una oposición llena de contradicciones internas, fracturada entre egocentristas, golpistas y electoralistas

Aram Aharonian

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 851, 13 de mayo 2016)

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