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 Bolivia
¿Un gobierno radical y desde abajo?
El 21 de febrero el pueblo de Bolivia fue llamado a las urnas. El órgano ejecutivo preguntaba: “¿Nos dais permiso para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional?”. Dicho artículo dice así: “El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Lo que se preguntaba es si el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Alvaro García Linera podrían volver a presentarse como candidatos en las elecciones de 2019.
La consulta al pueblo boliviano no admitía sombras ni restricciones. La pegunta se respondía con un “SI” o un “NO”. Sabido es que cualquier monosílabo es un mal comunicador, pero con todo, por este mal comunicacional pasa una de las mejores democracias de los mal llamados “países democráticos”. El referéndum ha estado posicionado en todos los espacios, públicos y privados, populares y oligárquicos. El pueblo ha tenido que buscar en sus sentimientos las razones que le llevarían a votar a favor o en contra de la reelección del presidente que afirma “Bolivia es mi vida y el pueblo boliviano mi familia”. Un presidente indígena que creció en el campo y se curtió en la lucha sindical cuando los gobiernos neoliberales querían, hipócritamente, erradicar la hoja de coca en la región del Chapare castigando a los pequeños productores mediante la política de erradicación forzosa.
SURGE EL MAS
Las dictaduras sangrientas prepararon el terreno a los gobiernos neoliberales que en 1985 aprueban el Decreto Supremo 21.060 y el Plan de Ajuste Estructural, facilitando la entrada de inversión extranjera directa (IED). Lo llamaron “capitalización”, eufemismo de privatización, lo que generó el caldo de cultivo para la acumulación de otro tipo de capital: la construcción de tejido social. En 2000 estalla la Guerra del Agua en Cochabamba. Una inédita victoria popular da al pueblo una fuerza inmensa al revertir el contrato de privatización con el consorcio empresarial Aguas del Tunari. En 2003 se produce una sublevación a nivel nacional contra el “impuestazo” y meses más tarde la Guerra del Gas en la ciudad de El Alto, que acaba con la huida del país del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. De esta lucha nace la Agenda de Octubre, conformada por el Pacto de Unidad entre diferentes organizaciones sociales, y que demanda una nueva Constitución, la nacionalización de los hidrocarburos y la refundación del Estado.
Esta resistencia auguraba cambios profundos para la sociedad boliviana. Aquí es donde aparece en escena el Movimiento al Socialismo (MAS), con Evo Morales de referente. Se suele afirmar que este gobierno es de los movimientos sociales. Desde sus inicios el MAS no fue un partido político convencional. Se trataba de un instrumento político para la soberanía de los pueblos (IPSP), un instrumento para la toma del poder y de las instituciones que en 2005 consigue su objetivo. Evo Morales Ayma se convierte en el primer presidente indígena-campesino de la historia de Bolivia. Las demandas de la Agenda de Octubre son recogidas y ampliadas por el MAS en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que además de la Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos plantea la reforma agraria y políticas distributivas y sociales.
Por primera vez el sujeto indígena-campesino se consolida, no solo como vanguardia política, sino como sujeto capaz de la toma del poder por medio de las urnas, ese invento liberal. Quizás ahí comience la primera contradicción: un gobierno de carácter nacional, popular e indígena, con un apoyo masivo de diferentes movimientos sociales, inserto en una estructura institucional demócrata-liberal creada para mantener los privilegios de una elite burguesa a la que en los últimos años se había puesto en vereda.
CONQUISTAS POPULARES
El verdadero reto para esta nueva experiencia comenzaba entonces. Para construir un poder que respondiera a las demandas e identidades del pueblo boliviano había que reformar las instituciones, comenzando por la Constitución. Se llamó a una Asamblea Constituyente y tras diversas dificultades, la nueva Constitución Política se aprueba en referéndum el 25 de enero de 2009. El fundamental logro fue la reformulación del Estado, ya no como una República, sino como un Estado Plurinacional(1), convirtiéndose en referente internacional. Por primera vez en la historia, los pueblos originarios tienen voz en la sociedad y las instituciones.
Son muchas las voces, incluso leales al proceso de cambio, que hablan de dos gobiernos del MAS-IPSP, marcando diferencias entre la primera y la segunda gestión. En 2009 se produce la segunda victoria electoral, esta vez con una amplísima mayoría: 64%. Esta victoria consolidaría una tendencia al institucionalismo y al economicismo, dejando de lado esa característica inicial de instrumento político y asumiendo una línea más cercana a un partido clásico. Ya al final de la primera gestión se produce el primer conflicto fuerte de la sociedad boliviana con el gobierno de Evo: “el gasolinazo”. En la segunda gestión los desencuentros crecen. El más conocido es el conflicto del Tipnis, a raíz de un proyecto de construcción de una carretera que atravesaría el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure. Un conflicto al día de hoy sin resolver.
No se pueden negar los avances sociales que este gobierno ha implementado desde su llegada. Uno de ellos es el mencionado carácter plurinacional, pero hay otros:
• La nacionalización de los hidrocarburos(2) y del sector eléctrico, junto con un largo periodo de alza de los precios de las materias primas, ha permitido una redistribución basada en bonos para la infancia, la mujer, los pensionistas y mejora en obras públicas.
• Se ha reducido la extrema y moderada pobreza, posibilitando que muchos sectores se incorporen a una clase media en aumento.
• La reformulación de la reforma agraria de 1996 (ley INRA), mediante la aprobación de decretos como el de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, ha permitido un reparto de tierras a comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o con tierras insuficientes, mejorando sus precarias condiciones.
• En materia de soberanía, se han sentado unas bases impensables hace unos años para un país que es, en palabras de Rafael Puente, “el más fuertemente neocolonial de Sudamérica”. El Estado ha recuperado su papel de promotor y protagonista del desarrollo económico, implementando una política de control que la inversión extranjera debe respetar.
Se puede decir que este gobierno ha sido el mejor gobierno de la historia de Bolivia. Pero si obviáramos algunas apreciaciones y críticas, aun siendo dolorosas, haríamos un flaco favor a los intentos de construcción de procesos revolucionarios.
PROBLEMAS VIGENTES
A diez años del proceso, se puede hacer una retrospectiva que permite afirmar:
• Si bien se han mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población, estas mejoras se han producido en base a una recuperación parcial de la soberanía de algunos recursos naturales, la distribución de un excedente acumulado en una coyuntura económica favorable, y a través de bonos que si bien cumplen una función social transitoria importante para paliar el problema, no lo solucionan de raíz.
• Si bien ha disminuido la pobreza, no se han tocado las estructuras socioeconómicas que reviertan el desigual reparto de la riqueza, a pesar de la estabilidad económica de la última década, la mayor del continente.
• Si bien la reforma agraria ha significado una distribución de tierras para el sector indígena-campesino, no ha tocado los intereses de los latifundistas agroindustriales del oriente cruceño. La tenencia de la tierra sigue siendo favorable para el latifundio, que continúa ampliando la frontera agrícola a favor del agronegocio.
• Si bien el proceso de nacionalización ha recuperado la soberanía económica nacional, no se ha logrado modificar el patrón productivo. El modelo primario exportador fuertemente extractivista sigue siendo la base de la economía. Además, las empresas transnacionales todavía tienen una importante presencia en el país.
• Si bien se habla de plurinacionalidad, los procesos de autonomía y autorrepresentación indígena se encuentran debilitados, con una sola autonomía indígena en marcha, la del territorio guaraní de Charagua. Igualmente, existe un desequilibrio en la economía plural reconocida en la Constitución, siendo minoritaria la economía comunitaria a favor de la estatal, privada o mixta.
Conforme se acercaba el referéndum, se observaba una fuerte división respecto a la intención de voto. De hecho, son muchas las voces que a pesar de apoyar al MAS, en este asunto se mostraban dubitativas. La oposición de derechas, dividida y debilitada, ha utilizado todas las argucias para desgastar el liderazgo de Evo. Incluso con financiación desde Washington. Pero en contra del argumento oficialista de que todo el ‘NO’ es la derecha, hay que decir que hemos encontrado muchos sectores no alineados con ésta que se posicionan en un espacio crítico tanto al gobierno actual como a los anteriores. Esta heterogeneidad del voto por el ‘NO’ hace que la citada explicación oficialista ayude poco al proceso, pues al boliviano y boliviana común, crítico y politizado, no le convencen estos argumentos. Flaco favor hacen a la verdad dichas posturas; por el contrario, le apuntan un tanto a la derecha, que con este resultado sale fortalecida. Además, los recientes casos de corrupción vinculados al gobierno reforzaron la dicotomía frente al referéndum. Más allá de argumentos liberales de alternancia política, el pueblo se preguntaba si era saludable una permanencia en el poder del presidente y el vicepresidente.
Hay que señalar la gran debilidad que supone moverse en el marco de los sistemas electoralistas. La enorme maquinaria puesta en marcha para garantizar la permanencia supone una pérdida de fuerza abismal que ningún gobierno de estas características debería pasar por alto. Con tanta energía puesta en este asunto, uno se pregunta si queda mucho tiempo para las reformas estructurales que los pueblos del mundo piden a gritos.
Sería injusto no tener en cuenta que Bolivia ha sido un país enormemente castigado por la colonización y el imperialismo, absolutamente vapuleado por el saqueo de sus recursos naturales, una condición de dependencia que hace imposible revertir esta situación en 10, 20 o incluso 50 años. De modo que no sería adecuado pedirle a Bolivia que se convierta en el superhéroe de la revolución que a todos nos gustaría, y más teniendo en cuenta que se trata de una economía, queramos o no, inmersa y rodeada del sistema capitalista mundial. Pero eso no significa que el proceso no pueda ser sometido a críticas constructivas que puedan ayudar a resolver algunas fallas que para muchos comienzan a ser demasiado evidentes.
EL “NO” NO ES UNA DERROTA
El “NO” en el referéndum no debe representar una derrota para el proceso. Por el contrario, como ha pasado en Venezuela, puede ser una llamada de atención de que algo no está marchando como debería, de que algo se ha dejado en el camino, y hacer un ejercicio de autocrítica, que permita profundizar las virtudes, modificar los vicios y construir las ausencias. Puede ser un estímulo necesario para generar nuevos paradigmas, nuevas inventivas que tracen caminos hacia una plena construcción de soberanía y de un marco hegemónico basado en modelos éticos de construcción de poder para el pueblo.
El propio Evo Morales, en una reciente entrevista a un medio de comunicación europeo, habla de la pérdida de apoyo al gobierno, y la achaca “al machismo, la corrupción y la división interna en el MAS. Todos quieren ser alcaldes, concejales. Tenemos ejemplos de alcaldes que si no están en la cárcel están procesados. Estos temas de corrupción nos han afectado”. También afirma que de no poder ser reelecto, “me voy feliz y contento a mi chaco. Jamás voy a claudicar en mis principios. Me quedaré apoyando desde abajo”.
No cabe duda que el MAS sigue teniendo un amplio apoyo de la sociedad boliviana, a juzgar por el resultado del referéndum, al menos de casi el 50%. Pero este apoyo sería más amplio si consideramos que muchos de los que han votado ‘NO’, siguen respaldando al gobierno, pues aquí jugaban otros factores. Respaldo mayoritario que posibilitaría al proceso emprender un periodo de reestructuración de algunos de sus planteamientos.
Son muchos los retos que se presentan en esta nueva etapa. Será fundamental profundizar en la experiencia de socialismo comunitario. Fomentar la democracia participativa y comunitaria mediante el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Implementar un sistema de salud y educación integral, universal y gratuito. Reformar un sistema judicial que hoy es un desastre. Avanzar en la recuperación de los medios de producción. Crear industrias nacionales para no basar el crecimiento en la exportación de materias primas, siempre dependientes de la variabilidad de los precios en el mercado internacional, diversificando la matriz productiva en relación respetuosa con la naturaleza. Ampliar las fuentes de empleo, como medio no-asistencial para acabar con la pobreza. Reducir el altísimo porcentaje de economía informal, fiscalizando y ofreciendo seguridad a este sector de trabajadores y trabajadoras. Atacar el problema de la reforma agraria y del desigual reparto en la tenencia de la tierra, haciendo frente a los latifundistas y agroindustriales del oriente cruceño, e impulsar la tan necesaria soberanía alimentaria. Seguir avanzando en descolonización y despatriarcalización, para lo cual no podemos olvidar la batalla cultural, ética e ideológica, formando ciudadanas y ciudadanos comprometidos y responsables con la sociedad en la que viven y de la que deben ser actores de cambio. Bolivia tiene que decidir si quiere seguir el camino de las sociedades del bienestar, cuyas consecuencias socioculturales podemos ver en Europa, o si quiere profundizar en la sociedad del Vivir Bien, fomentando primero de todo el debate de qué significa Vivir Bien
Vanessa Pérez y Raúl García
Proyecto sobre América Latina Vocesenlucha
Vocesenlucha.com
Notas
(1) El Estado Plurinacional se traduce en el reconocimiento institucional de la igualdad de oportunidades de pueblos, idiomas, identidades; y se concretiza en la igualdad de derechos, en la igualdad de culturas y pueblos, en la supresión del colonialismo y discriminación.
(2) La Ley de Hidrocarburos no supone una nacionalización en términos absolutos, pues las empresas transnacionales siguen como socias, pero se aumenta la participación del Estado en la renta petrolera. La participación del Estado en el valor de la producción asciende al 82%, obligando a las empresas a firmar nuevos contratos que “cumplan con las condiciones y requisitos legales y constitucionales”. Habría que hablar pues de un modelo de nacionalización mixto.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 846, 4 de marzo 2016)
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