En malas compañías

El 15 de diciembre visitó Chile el ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz. No es habitual que los ministros de esa cartera realicen visitas al exterior, campo que por su naturaleza compete a la diplomacia. Pero esta visita se hacía sentir desde hace bastante tiempo. Los lazos ya los había creado el ministro Hinzpeter y los acrecentó el ministro Chadwick en la administración pasada. Y en septiembre el ministro Rodrigo Peñailillo visitó Madrid y estableció una serie de acuerdos en materia “antiterrorista” con su homólogo peninsular. Ahora, la visita de Fernández Díaz cerró un ciclo de conversaciones y convenios que apunta, según la versión oficial a “establecer una vía de colaboración para luchar contra el terrorismo anarquista”. Esta opción presupone que los atentados cometidos en los últimos años en Santiago y la región de Valparaíso, como el atentado en el Metro Escuela Militar de septiembre de 2014, son obra de grupos insurreccionales vinculados a esa identidad política. Y que esos grupos han establecido una línea de acción transfronteriza que iría desde Chile a España. La prueba sería la detención en Barcelona de Mónica Caballero y Francisco Solar en noviembre de 2013. Además, se agrega ahora la detención de Francis Peña Orellana, vinculada al denominado “Estado Islámico”, el 15 de diciembre.
Las hipótesis de complots y relatos de conspiración no merecen el menor desarrollo. La existencia de grupos seudo-anarquistas encapsulados, con prácticas violentas, es un hecho comprobado. Y que ISIS y otros grupos yihadistas son capaces de reclutar a personas de cualquier nacionalidad, mediante vínculos personales y afectivos directos, también es un dato evidente. Pero ambos datos no logran justificar un acuerdo de las proporciones que han escenificado Peñailillo y su contraparte de España.
En el caso de Fernández Díaz se hace evidente su necesidad de conseguir a breve plazo un nuevo “enemigo interior” luego de la desmilitarización de la ETA. El enorme presupuesto, los recursos humanos, y la vasta infraestructura para el combate a esta organización vasca desarrollada desde hace cincuenta años, lo hacen una necesidad prioritaria para el ministro del Interior español. En un contexto de recortes presupuestarios salvajes, que han desmantelado dramáticamente el sistema de protección social ¿cómo justificar una infraestructura antiterrorista tan amplia y cara si el enemigo se ha desvanecido? Fabricar un enemigo a su altura es una necesidad de primer orden para el ministro y su gente.
Simultáneamente, Fernández Díaz ha iniciado la tramitación parlamentaria de una nueva “ley de seguridad ciudadana” muy semejante a la propuesta en su momento por el ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter. En síntesis, se trata de un intento de legalizar la censura, impedir el derecho a la asociación, a asamblea, reunión y libre manifestación. Todo ello en un contexto de extremo temor del gobierno a enfrentar estallidos sociales en el ambiente de crisis social que afecta a su país. De allí que los movimientos sociales españoles denominen a la iniciativa de Fernández Díaz “ley mordaza”.
Finalmente, al ministro del Interior español le venía bien un pequeño deshielo internacional, en un momento en que su gestión ha sido acusada de violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la vigilancia de fronteras en el norte de Africa y el Mediterráneo. El ministro español ha logrado legalizar en el Parlamento, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, las denominadas “devoluciones en caliente”, que permiten a la Guardia Civil expulsar a los inmigrantes ilegales sin mayor trámite administrativo. Ello es particularmente dramático en los territorios de Ceuta y Melilla, en el norte de Africa, bajo soberanía española.
Frente a estas políticas Fernández Díaz ha debido enfrentarse a la Iglesia Católica, su tradicional aliada en su carrera política. Como supernumerario del Opus Dei, Fernández Díaz ha construido su trayectoria sobre la base de pronunciar frases de una catolicidad recalcitrante, tales como “Dios está en el Congreso” o “España será cristiana o no será”. Pero luego de que la Conferencia Episcopal expresara su “enérgico rechazo” a la legalización de las devoluciones en caliente, Fernandez Díaz varió en 180 grados su discurso, para argumentar que “España es un Estado aconfesional”.
Las críticas al ministro del Interior no sólo han logrado aglutinar a más de un centenar de ONGs. El comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea, Nils Muiznieks, afirmó el 10 de diciembre que la política de Fernández Díaz contradice expresamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De allí que, en sus palabras, España no pueda “legalizar lo ilegal”. Por su parte el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha admitido la preocupación pública de la UE ante las determinaciones de España.
Este es el contexto de la visita de Fernández Díaz a Chile. Aislamiento internacional, desprestigio público por sus políticas violatorias de los derechos humanos, masivas manifestaciones en contra de la “ley mordaza” y la búsqueda desesperada de justificar el presupuesto de su cartera. De allí que la mano tendida desde el fin del mundo le haya caído en un muy oportuno momento.
El ministro Peñailillo debe medir mejor sus vínculos internacionales, sopesando con prudencia los efectos de este tipo de vinculaciones. Todos agradecemos la preocupación por la seguridad pública, la que constituye un deber y una urgencia para todo Estado. Pero esa preocupación debe centrarse en objetivos claros, que no se contaminen por la agenda oculta de un personaje tan oscuro, cuestionado y merecedor de tanta desconfianza como Jorge Fernández Díaz. Lo que busca el ministro español no es otra cosa que “fabricar ruido” con tal de lograr un aval internacional a sus políticas criminalizadoras, y un justificativo racional al enorme presupuesto de su Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que para su desgracia se ha quedado sin ETA, su gran razón de ser y de existir. No caigamos en su trampa.

Alvaro Ramis

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 820, 26 de diciembre, 2014)

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