Pide terminar la condena en Chile

Chileno preso en Perú desde hace 20 años

JAIME Castillo Petruzzi con su hija Paula en la cárcel de Ancón I. Con su compañera peruana, Maite palacios, tiene dos hijos: Paula y Rocco.

Uno de los presos políticos más antiguos de América Latina es el chileno Jaime Castillo Petruzzi, que desde hace 20 años permanece en cárceles peruanas. En virtud del tratado bilateral sobre traslado de personas condenadas, suscrito por Chile y Perú en 2012, Castillo Petruzzi podría cumplir el resto de la condena -que termina el 14 de octubre de 2016- en una prisión chilena. Castillo invocó ese derecho el 15 de octubre de 2012 pero las autoridades peruanas no se pronuncian y hacen oídos sordos a las gestiones de familiares y abogados del prisionero.
Jaime Castillo Petruzzi, de 57 años, es un revolucionario cuya historia se remonta a los años 70 en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y luego en el MIR. En 1974 se vio obligado a exiliarse en Francia. Sólo pudo regresar en 1988. Se trasladó a vivir a Perú, donde colaboró con la lucha popular contra la dictadura de Fujimori. Fue detenido en Lima en 1993, junto con otros chilenos y peruanos acusados de pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Fue juzgado sumariamente en tres horas por un tribunal militar sin rostro, sin derecho a defensa (su abogado no pudo hacer uso de la palabra), y condenado a cadena perpetua por “traición a la patria”.
En mayo de 1994, Jaime Castillo Petruzzi fue trasladado a la cárcel de Yanamayo, Puno, a 4.000 metros de altura, donde permaneció ocho años bajo régimen cerrado especial. Por el difícil acceso y la lejanía del lugar, las condiciones climáticas y las dificultades económicas, en todo ese tiempo recibió por algunas horas, y una vez al año, la visita de sus familiares. En 1995 falleció su madre en Santiago. Por la incomunicación y el aislamiento al que estaba sometido, Castillo recibió la noticia varias semanas después.
Entretanto, sus abogados recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 30 de mayo de 1999 ordenó al Estado peruano derogar las leyes de excepción que sirvieron de marco a la ley antiterrorista Fujimori-Montesinos y efectuar un nuevo juicio a Castillo Petruzzi, en el marco de la convención de San José de Costa Rica, teniendo que respetarse el debido proceso y el derecho a defensa. No obstante, el gobierno peruano se negó a acatar el fallo de la CIDH.
En abril de 2001, Castillo y otros cinco chilenos encarcelados en Yanamayo iniciaron una huelga de hambre solicitando ser repatriados a Chile. Al mes siguiente fueron trasladados a Lima, y el nuevo gobierno peruano (de Valentín Paniagua) decide reincorporarse a la CIDH y acatar el fallo en el caso de Castillo Petruzzi. En junio fue anulada la sentencia a cadena perpetua y se inició un nuevo proceso. En septiembre de 2003 Jaime Castillo fue condenado a 23 años de prisión y a una reparación civil de 250 mil soles. Otros dos chilenos fueron beneficiados y ya se encuentran en libertad, uno de ellos en régimen de libertad condicional.
Sin embargo, el 14 de octubre de 2009 Jaime Castillo y otros diez prisioneros fueron trasladados en horas de la madrugada al penal especial de régimen cerrado de Ancón I (Piedras Gordas), en las afueras de Lima. Esto fue un duro cambio para Castillo Petruzzi, que en el penal de régimen ordinario Miguel Castro Castro, en Lima, estudiaba y trabajaba. En la cárcel hacía trabajos de artesanía artística, estudiaba ciencias de la comunicación y enseñaba francés e italiano. El mismo día, el gobierno de Alan García promulgó una nueva ley eliminando los beneficios penitenciarios.
Después de un año en Ancón I, Castillo fue enviado de regreso al penal Castro Castro. El 29 de abril de 2011 fue agredido junto a otros presos políticos del pabellón 5 por decenas de reos comunes, con el objetivo de desalojarlos y poder tomar el control del pabellón. El informe médico de Castillo señala contusiones múltiples, 55 cortes en la cabeza, ruptura de los meniscos de la rodilla derecha y heridas cortopunzantes en el cuerpo. Como consecuencia del incidente, fue trasladado de nuevo al penal Ancón I. Después de cinco meses es operado de la rodilla derecha y le reconstruyen los ligamentos. Lo operan mientras permanece esposado a la cama y en presencia de agentes de la policía en la sala de operaciones. Es dado de alta antes de las 24 horas y enviado de vuelta al penal de régimen cerrado de Ancón I. La terapia de ejercicios y recuperación indicada por los médicos sólo fue cumplida en un 25%, ante la negativa de las autoridades de trasladarlo al hospital.
En el penal de Ancón I sufrió duras restricciones: permanece encerrado desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, sin TV ni radio. Se apaga la luz a las 10 de la noche y su derecho a patio está reducido a cuatro horas. No tiene derecho a comunicación, a pesar de que después de 19 años de prisión y encontrándose clasificado en régimen ordinario de mediana seguridad, debería poder acceder a teléfono público.
Jaime Castillo podría haber alcanzado su libertad en febrero de 2010 si se le hubiera reconocido, de acuerdo a la ley, su derecho a los beneficios penitenciarios (tres cuartas partes de la pena cumplida; reducción de la pena por motivo de trabajo y estudio). Dentro del actual marco legal peruano, Jaime Castillo recién saldría en libertad cumpliendo íntegra la pena, el 14 de octubre de 2016. Su compañera, Maite Palacios, y su padre, así como numerosos amigos de Castillo en Chile y Perú, vienen realizando gestiones en diversas instancia para que las autoridades peruanas accedan a cumplir en este caso el tratado sobre el traslado de personas condenadas, sin éxito hasta ahora.

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