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España:
¿El quiebre de un país en quiebra?
La tensión política entre las distintas nacionalidades históricas que conforman el Estado español no constituye una novedad(1). Sin embargo, la profunda crisis económica en la que ha caído España ha tenido como efecto colateral una inesperada revitalización de las aspiraciones independentistas del País Vasco (Euskal Herria) y de Cataluña. Este “nuevo aire” del soberanismo agrega a la crisis española un componente de tensión política que complejiza aún más su futuro.
El 20 de octubre de 2011 la organización ETA anunció el cese definitivo de su acción armada luego de 53 años. En ese momento la llamada “Izquierda abertzale”, es decir, la expresión política del independentismo vasco radical, se encontraba en completa ilegalidad. Su principal expresión partidista, Batasuna, fue ilegalizada en 2003 y se le excluyó del sistema de partidos, por lo que dejó de tener expresión institucional bajo la acusación de responder a una estrategia global de ETA. Un año después, el panorama es distinto. En junio de 2011 la Izquierda abertzale logró que el Tribunal Constitucional legalizara un nuevo partido político inspirado en sus planteamientos, llamado Bildu. De esa forma, en las elecciones municipales de ese mes lograron 313.231 votos, 1.138 concejales, y 123 alcaldías. En las elecciones nacionales del 20 de noviembre de 2011 los abertzales concurrieron bajo el nombre de Amaiur y lograron 333.628 votos, los que les otorgaron siete diputados nacionales y tres senadores, siendo la segunda fuerza más votada en Euskal Herria (primera en número de diputados) y tercera en Navarra. Finalmente, en las recientes elecciones al gobierno vasco, celebradas en octubre pasado la Izquierda abertzale, bajo el nombre EH Bildu, alcanzó 276.989 votos (25,0%) y 21 diputados autonómicos. La desaparición de ETA y la normalización política de la Izquierda abertzale no representarían por sí mismas un desafío a la configuración del actual Estado español, si no se tuviera en cuenta además que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) -la expresión moderada del nacionalismo vasco, afín a ideas democratacristianas-, recuperó en esas elecciones autonómicas la Lehendakaritza, o presidencia del gobierno autónomo vasco. De esta manera, si se suman los votos de EH Bildu y del PNV llegan a un 59,64% de los votos. Una clara mayoría política que impide correr un velo al problema de la independencia vasca.
EN CATALUÑA
En Cataluña se ha vivido un proceso similar. Desde los años 70 se hizo tradicional que un par de decenas de miles de personas conmemoraran en las calles el Día Nacional Catalán, que recuerda la caída de Barcelona en manos de los Borbones el 11 de septiembre de 1714. Pero este año esta manifestación fue totalmente distinta a lo habitual. Un millón y medio de catalanes se manifestaron por las ramblas de Barcelona al grito de “independencia”. Una cifra impresionante si se piensa que la población de Cataluña es de siete millones y medio de personas. A partir de ese día, se han sucedido los acontecimientos, partiendo por la decisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de convocar a elecciones anticipadas para el próximo 25 de noviembre. Mas es militante de la coalición catalanista Convergencia i Unió (CiU), un partido muy similar al PNV vasco, que siempre ha buscado mayor autonomía para Cataluña motivada, ante todo, por un afán de obtener beneficios tributarios e inversiones públicas en su territorio. A diferencia de Esquerra Republicana y otros partidos menores, CiU nunca había llegado a adherir públicamente a la idea independentista. Sin embargo, la presión de la calle, la suma de frustradas reformas al estatuto de autonomía, los ataques de la derecha españolista a la política educacional en lengua catalana y la nula voluntad del gobierno de Mariano Rajoy de cambiar el “encaje” de Cataluña en el sistema fiscal español, han terminado por decantar el debate interno de CiU de una porción del ala independentista, históricamente minoritaria. De esta forma Mas ha planteado estas elecciones como un referéndum que abra la posibilidad de convocar a un plebiscito sobre la independencia catalana en el transcurso de la próxima legislatura. Este proceso se ve legitimado, además, por el reciente acuerdo entre el gobierno autónomo escocés y el gobierno británico para convocar a un referéndum de independencia en Escocia en el transcurso del año 2014.
DILEMAS DE LA HISTORIA
Durante siglos el “anclaje” de los territorios ha ocupado un lugar central en la deliberación política y social de España, configurando un debate que por momentos parece cerrado y en otros pasajes históricos se torna insoluble e imposible de saldar. Tras esta situación radica la compleja conformación del Estado español, especialmente desde la llegada al poder de la actual dinastía borbónica. A partir de los llamados “decretos de nueva planta” a inicios del siglo XVIII, los Borbones buscaron deliberadamente hacer desaparecer las lenguas minoritarias, los regímenes forales y unificar el terrritorio en una administración centralizada en Madrid bajo una autoridad absolutista.
El modelo despótico estuvo a punto de ser derrotado y reemplazado por un régimen federalista y democrático hace justamente doscientos años, en 1812. En ese momento, aprovechando la captura del rey Fernando VII por Napoleón, los pueblos bajo la corona española se convocaron en Asamblea Constituyente en Cádiz. Al grito de “Viva la Pepa” proclamaron la primera Constitución española, que es también la tercera Constitución del mundo después de la de Francia y de EE.UU. Una carta que sentaba la separación de poderes y el principio de soberanía popular. Pocos recuerdan que en ella participaron, en pie de absoluta igualdad, delegados de toda America Latina y de Filipinas, incluyendo a los chilenos Miguel Riesco y Joaquín Fernández de Leiva. Estos delegados fueron electos específicamente para la ocasión en 1809 y se alinearon en el partido “progresivo”, orientados por los principios de la revolución francesa y firmes partidarios de la abolición de la esclavitud.
Tal vez en la España de la Constitución de Cádiz todos podríamos haber tenido cabida No sólo castellanos, vascos, catalanes o gallegos. También podríamos haber tenido un lugar en igualdad las naciones latinoamericanas, si no para siempre, tal vez por muchos años. Cádiz soñó un modelo descentralizado que se anticipó a su época y que prefiguraba los debates sobre un Estado plurinacional, como los que se han dado en Bolivia y en Ecuador en la última década. Sin embargo, la primera decisión que tomó Fernando VII al ser liberado por las guerrillas antinapoléonicas el 4 de mayo de 1814, fue declarar nula esa Constitución y restablecer el Estado absoluto. No sería aventurado decir que con ese gesto de altanería hizo irreversible e irrevocable la independencia latinoamericana, e incubó al interior del territorio peninsular un conflicto territorial que nunca ha podido resolverse.
Así, en 1921 José Ortega y Gasset reflexionaba en su España invertebrada sobre un “proceso de desintegración que avanza en riguroso orden, desde la periferia al centro, de forma que el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de una dispersión interpeninsular(2)”. La historia le dio la razón y el advenimiento de la Segunda República, en 1931, permitió que las aspiraciones soberanistas del pueblo vasco y catalán alcanzaran un desarrollo culminante, que se expresaría en toda su plenitud en el transcurso de la guerra civil (1936-1939), momento en el que estos pueblos lograron un estatus de amplia autonomía como antesala a su plena independencia. Sin embargo, la victoria del franquismo (que como señala el historiador Paul Preston debe comprenderse como la expresión hispana del fascismo)(3) va a aplastar de forma brutal estos anhelos.
ACCIONAR DE LA ETA
En ese contexto la aparición de ETA como fuerza político-militar en resistencia a la dictadura franquista logró una amplia legitimidad en los años 60 y 70 ya que su acción colaboró de forma decisiva a impedir la perpetuación del régimen franquista. Sin embargo, esta legitimidad se desvaneció gradualmente a medida que ETA fue subordinando su proyecto político a una estrategia militarista cada vez más encapsulada y autoreferente. Esta situación llegó a un punto de total ruptura a mediados de los años 80, con el desquiciado atentado al supermercado Hipercor de Barcelona, en 1987, y posteriormente con la llamada estrategia de “socialización del dolor”, que terminó por dilapidar en los años 90 lo poco que quedaba del apoyo social que ETA había conseguido.
En ese contexto, era muy difícil saber si el justo rechazo social que despertaban las acciones de ETA significaban igualmente un rechazo al proyecto independentista. Colaboró a ello la propia Izquierda abertzale, entrampada demasiados años en un debate estéril que paralizó su voluntad declarada de contener y acabar con la violencia irracional de ETA. Sin embargo esta situación cambió positivamente a mediados de la década pasada. ETA acalló definitivamente sus armas porque la sociedad vasca, incluyendo a la Izquierda abertzale, logró imponerse y mostrar una alternativa política que está hoy dando paso a un proceso de paz. Más que una victoria policial o militar, a ETA la venció la ciudadanía, abriendo las condiciones para un nuevo tiempo que permita retomar el debate sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
¿Lograrán Cataluña y Euskal Herria su independencia? No es posible preverlo. Pero me atrevo a sugerir que hoy lo importante no es la independencia en sí misma. Vascos y catalanes podrían llegar a independizarse, están en su pleno derecho y hoy están en condiciones inmejorables de enfrentar esa tarea de forma democrática. ¿Pero para qué? ¿Para conformarse como nuevos Estados neoliberales en la Europa asocial del euro? ¿Es posible que las Izquierdas independentistas puedan morir de éxito?
Alvaro Ramis
(1) La actual Constitución española de 1978 en su art. 2 usa la expresión “nacionalidades” para identificar identidades colectivas, lingüísticas y culturales diferenciadas del resto del Estado.
(2) José Ortega y Gasset. La España invertebrada. Espasa-Calpe. 2006
(3) Paul Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Barcelona, Random House Mondadori, 2011.
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 770, 9 de noviembre, 2012)
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