Codelco en el filo de la navaja

MINA Radomiro Tomic

(Los capitalistas extranjeros) “viendo la imbecilidad troglodita de los habitantes del país se sienten amos y los tratan como lacayos, cuando no como bestias. Ellos fijan los precios de nuestra materia prima al salir del país y nos fijan otra vez los precios de esa misma materia prima al volver al país elaborada. Y como si esto fuera poco fijan el valor cotidiano a nuestra moneda (…)
Y esos prohombres de la política chilena que entregarían el país maniatado por una sonrisa de Lord Curzon y unos billetes de Guggenheim no se dan cuenta que cada vez que esos hombres les dan la mano, les escupen el rostro. ¡Qué desprecio deben sentir los señores del cobre por sus abogados!”.
(Vicente Huidobro, “Balance patriótico”, 1925).

A cuarenta y un años de la nacionalización impulsada por el presidente Salvador Allende, frustrada en parte por la dictadura y los gobiernos de la Concertación y ahora de la derecha, el tema del cobre se coloca nuevamente en el centro de la preocupación nacional. Las movilizaciones estudiantiles del año pasado dieron nuevo impulso a la protesta de grandes masas de ciudadanos en torno a problemas que los agobian.
Educación, salud, vivienda, contaminación ambiental, redistribución del ingreso, centralismo excesivo, discriminación, opresión del pueblo mapuche están en el tapete y su enfrentamiento y solución requieren cuantiosos recursos, que necesariamente deben provenir, en parte sustancial, del cobre.
La explotación transnacional de la principal riqueza natural de Chile ha esquilmado al país. Decenas de miles de millones de dólares quedan en su poder, como consecuencia de la privatización de la mayor parte de la gran minería. El economista Hugo Fazio ha escrito: “La renta procedente de inversión directa en Chile según las cifras de la Balanza de Pagos entre 2004 -cuando se inicia el super ciclo en la cotización del cobre- y el año pasado, sumó 131.700 millones de dólares. Ello muestra elocuentemente quién ha sido el gran receptor de los beneficios”. La cifra, que puede parecer inverosímil, es desgraciadamente exacta. El año 2004 la ganancia de las transnacionales en el año fue de 20 mil millones de dólares, equivalente a una vez y media el total de la inversión hecha por las multinacionales hasta ese momento, según denuncia del economista Orlando Caputo. El mismo Fazio señalaba hace algunos años: “El año 2007 la rentabilidad de Minera Escondida sobre su patrimonio fue de 165,89%. En 2006 alcanzó a 190,03%. Es decir, si se consideran ambos años, en conjunto acumula una rentabilidad de 355,92%, o sea en sólo dos años obtuvo el equivalente a más de dos veces y media la inversión total realizada, que por lo demás desde que se inició el boom en el precio del cobre ya había recuperado”. Un saqueo sin disimulo. Una explotación intolerable.
Las encuestas señalan que la mayoría de los chilenos son partidarios de la renacionalización del cobre. Incluso la mayor parte de las personas que se declaran partidarias de la UDI. En esta opinión influyen sin duda las denuncias de lo que sucede con la gran minería y el trabajo de especialistas, como los ya citados, y otros como Armando Uribe, Manuel Riesco, Julián Alcayaga, Jorge Lavandero, Carlos Tomic y Rafael Agacino o de personeros políticos y dirigentes sociales. Ha sido muy importante, también, la actuación de los trabajadores, tanto de Codelco como de las transnacionales, incluyendo a los contratistas y subcontratistas. El buen funcionamiento de Codelco -que ha aportado desde la nacionalización a la fecha más de 84 mil millones de dólares al Estado-, aboga por sí mismo a favor de su recuperación.

CODELCO BAJO AMENAZA

El mérito es mayor si se considera que Codelco ha funcionado permanentemente bajo amenaza de privatización desde los tiempos de la dictadura. Según se dice, fue por presión de los militares que se impidió que Codelco fuera privatizada. Eso explicaría que en la Constitución de 1980 se haya reiterado el principio del dominio absoluto, permanente y excluyente del Estado sobre los minerales existentes en el territorio nacional. Hubo, sin embargo, un exitoso contraataque en 1981-1982, encabezado por los ministros Hernán Büchi y José Piñera. Argumentando sobre la base de la inevitable sustitución del cobre por la fibra óptica, impusieron en desmedro de la Constitución la figura jurídica de la “concesión plena” en materia minera, equivalente a la propiedad privada y un sistema de indemnización en caso de expropiación que equivale al valor presente del yacimiento hasta su agotamiento, pagado al contado; mecanismo semejante no existe en ninguna legislación del mundo. Aun así, con Ley Orgánica Constitucional minera y nuevo Código de Minería, no hubo inversiones significativas en minería hasta el término de la dictadura. La gran penetración de las transnacionales se produjo a partir de los gobiernos democráticos que, paradojalmente, pretendían representar a fuerzas que durante la dictadura se comprometieron a derogar la ley minera.
Ya en el gobierno de Patricio Aylwin se vio que el propio presidente y un sector poderoso ligado a las transnacionales no quería cambiar las cosas. Así lo ha relatado uno de los economistas expertos que trabajó en la redacción del programa de gobierno del presidente que sucedía a Pinochet. Se trata de Gonzalo Martner, que fue más tarde presidente del Partido Socialista. Cuenta que hubo un desacuerdo a propósito de la política del cobre, que no tuvo solución. Una mayoría sostuvo que el país era todavía “demasiado pobre” como para tomar medidas contra las transnacionales. Sintetiza: “Simplemente hubo una controversia, una confrontación política que unos ganaron y otros perdimos”.
Martner reconoce que hubo un error de base: “Había un cierto diagnóstico compartido de que el cobre era un producto sin demasiado futuro, que encontraría sustitución rápida como había ocurrido con el salitre. Había que apurarse. Entonces se dijo: no importa que vengan empresas extranjeras, hay que generar empleo. Como el precio no estaba ni iba a estar muy alto, tampoco había que preocuparse demasiado por cobrar muchos tributos, puesto que la rentabilidad de esa industria iba a ser relativamente baja. Había que mantener Codelco y atarla con privados. De hecho, se produce un cambio legal impulsado por el ministro Juan Hamilton. Allí Codelco se desprende de un conjunto de pertenencias para entregarlas a privados, se consolida el proyecto Escondida y se da curso general a la gran minería privada. El error fue profundo. De todos nosotros, y me incluyo. Personalmente siempre fui partidario de cesar las concesiones mineras privadas, de ponerle término a las existentes y que Codelco siguiera su curso, pero éramos francamente minoritarios. El error fue garrafal, porque el cobre por la industrialización de los países emergentes del peso y magnitud de China e India, más los cambios tecnológicos, llegaría a tener mucho más consumo”. (Revista Fesuc, Profesionales del cobre, diciembre 2011, pg. 32).
Valiosas como reconocimiento de un error gravísimo, las palabras de Martner evidencian la debilidad y falta de información con que trabajaba la Concertación. Hace sospechar incluso en un trabajo de desinformación manipulado por las propias transnacionales. Hay un antecedente decisivo. Entre 1985 y 1989 las transnacionales ya habían presentado solicitudes de inversión por 6 mil millones de dólares. Obviamente disponían de estudios, que indicaban que el cobre era un buen negocio y que sería mejor más adelante. Por eso es inexplicable que en los distintos gobiernos de la Concertación prácticamente no haya habido una política minera nacional.
El gobierno de Aylwin marcó la pauta. Uno de sus ministros de Minería se declaró orgulloso por la afluencia de capitales privados, ya que el Estado no debía ser productivo. Un subsecretario apareció en la prensa norteamericana hablando de una posible privatización. La llamada ley Hamilton, por el nombre del ministro autor de la iniciativa legal, facultó a Codelco para vender activos e incluso yacimientos de reserva, y sólo el rechazo de los trabajadores pudo impedir la posibilidad de enajenar yacimientos de reposición.
Ya entonces se impuso a Codelco la obligación de entregar la totalidad de sus utilidades al Estado, obligándola a endeudarse en caso de nuevas inversiones que, además, debían contar con el visto bueno del ministro de Hacienda. El plan de inversiones de Codelco será financiado a través de depreciaciones, impuestos diferidos, provisiones varias de largo plazo y otras fuentes internas de fondos, sin alterar el traspaso del 100% de las utilidades operacionales al Estado. Lo cual ha determinado que hasta ahora Codelco no haya crecido ni recuperado su lugar de elemento central de la gran minería del cobre.
Las transnacionales siguieron fortaleciendo sus posiciones y Codelco perdiendo importancia relativa. En los gobiernos de Lagos y Bachelet -cuyo ministro de Hacienda se declaró públicamente partidario de la privatización de Codelco- ante la impresionante alza del precio del cobre en el mercado internacional hubo alzas del impuesto específico llamadas intencionadamente “royalty”, para desviar la demanda que exigía una captación efectiva de la renta minera. El falso royalty se combinó con invariabilidad tributaria, para no inquietar a los consorcios. En ese periodo se frustró, por intransigencia del ministro de Hacienda, la recuperación de Disputada-Los Bronces, que finalmente fue vendida a un precio mucho más alto por Exxon a Anglo American, con las consecuencias que se aprecian hoy.

EL TIEMPO NO JUEGA A FAVOR

La falta de una política minera es evidente. La mayor parte de la producción de cobre se exporta en forma de concentrados aunque es claro que lo que se debería hacer es fundir todo el cobre que se produce. No hay una orientación hacia la exportación exclusiva de cobre electrolítico, lo que permitiría adicionalmente evitar las eventuales pérdidas de elementos asociados al cobre que se recuperan por procesos posteriores a la etapa de concentración. Las ideas sobre “clusters” mineros ligados a las grandes explotaciones siguen sin avanzar, y no se advierten signos de preocupación por la incorporación de valor al cobre para llegar a manufacturas y productos de alta elaboración. La situación energética puede llegar ser crítica. La reciente iniciativa presidencial para que Codelco se interese en la producción de litio debería integrarse en una política nacional de largo plazo, que abarque también el oro, el potasio y otros elementos de amplio futuro.
En el caso del cobre el tiempo, en las condiciones actuales, juega en contra de Codelco. Las minas de Codelco envejecen y sus leyes van cayendo. Virtualmente no hay exploración. Las inversiones en marcha permitirán recuperar terreno, pero no aumentarán significativamente la producción. La tendencia muestra un fortalecimiento de las multinacionales a expensas de Codelco. La producción de las transnacionales tiene mayores posibilidades de crecimiento, tanto por la disponibilidad de recursos (en las condiciones de hoy) como por las cualidades de los yacimientos. Mayor producción de las transnacionales significa mayores utilidades para ellas y menores ingresos para los chilenos, ingresos que son indispensables para avanzar en condiciones de equidad y mejor calidad de vida. Codelco necesita exploración, nuevos yacimientos y recursos abundantes para explotarlos. En caso contrario, la decadencia sería el destino previsible. Un progresivo retroceso significará disminución de la importancia de Codelco y mayores dificultades para sobrevivir. En ese deterioro -que incluso podría ser rápido y no ajeno a la voluntad del gobierno- llegaría un momento en que la privatización de Codelco pudiera ser vista como solución (y como un gran triunfo de las transnacionales). Eso es lo que hay que evitar. La defensa de Codelco y el aumento de su importancia es una tarea de hoy, porque será esencial en la recuperación plena del cobre para Chile, como la más importante base material de nuestra soberanía.

HERNAN SOTO

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 763, 3 de agosto, 2012)

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