Editorial PF 757

¡Abajo los partidos!
¡Viva la política!

Los “porfiados hechos” -como decía la antigua retórica de la Izquierda- demuestran que el desgaste de los partidos, víctimas de sus propias prácticas, pone en riesgo a la política propiamente tal, entendida como la actividad colectiva más noble de los ciudadanos de una república. Si no surge una alternativa de cambio que permita retomar la vía de desarrollo democrático y de independencia nacional que truncó el golpe de Estado de 1973, la nación entrará en los tiempos de la ira y el desmoronamiento que antecede al fascismo. Existen fuerzas agazapadas como la UDI, el partido más votado de Chile, que esperan pacientemente su hora.
Una indiferencia política que erosiona las conciencias y ciega la razón se ha adueñado de buena parte de nuestra población, hace años elogiada por su cultura política. El desprestigio y decadencia de los partidos es un fenómeno universal. Sin embargo, ese fenómeno encontró en algunos países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia y Ecuador, soluciones originales que significaron un notable avance para sus pueblos. Esas naciones, que vivieron el derrumbe de los partidos socialdemócratas y democratacristianos, hoy se encuentran a la vanguardia, junto a Cuba y Nicaragua -que vienen de otras experiencias-, en la construcción de sociedades participativas. En ellas la capacidad de autodeterminación de sus pueblos es mucho más que una frase pomposa. En ellas se han iniciado experiencias motivadoras de millones de voluntades, como el proyecto de socialismo del siglo XXI que ha puesto en marcha el proceso de integración en América Latina y el Caribe.
El rechazo a las prácticas clientelares de muchos partidos -que salpica a todos y hace pagar a justos por pecadores-, llegó con retraso a Chile. Pero llegó con mucha fuerza y va tomando un ritmo acelerado. Después de la dictadura militar, que aplicó sin titubear las formas más extremas del terrorismo de Estado mientras generales y empresarios se llenaban los bolsillos, cabía esperar que los partidos perseguidos por ese régimen echarían las bases de un sistema de plena democracia, justicia social y honestidad. Pero no fue así. Los 20 años de gobiernos de la Concertación no tocaron los pilares de la institucionalidad dictatorial; en lo esencial, estuvieron al servicio de la misma casta oligárquica que manipuló a la tiranía. La acumulación de riqueza en pocas manos aumentó y se hizo más expedita. Las ganancias remesadas al exterior alcanzaron niveles inéditos gracias a medidas de inspiración neoliberal de esos gobiernos que, a la vez, favorecieron el enriquecimiento de políticos y funcionarios de sus respectivas capillas.
A falta de una alternativa que representara los intereses del pueblo, la mayoría ciudadana “castigó” a la Concertación el 17 de enero de 2010 entregando el gobierno a la derecha. Como es natural, el gobierno del empresario Sebastián Piñera ha profundizado el trazo grueso de las políticas que inició la dictadura y que afinó la Concertación. Su fracaso personal no servirá de nada -salvo para demostrar que los empresarios gobiernan mejor mediante servidores políticos o militares-, si desde el pueblo no se levanta una alternativa a la derecha de dos caras.
La institucionalidad y el modelo económico deben ser cambiados. Son las compuertas que impiden desarrollar la potencialidad democratizadora que late en la sociedad chilena.
Si en las actuales condiciones llegamos a las elecciones presidenciales del próximo año, estaremos otra vez ante el falso dilema de votar por ésta o aquélla versión de la derecha. Lo mismo dará que gane Bachelet o Golborne porque se agravará el escepticismo y el rechazo a los partidos y a la política.
La iniciativa para superar esta situación está en el movimiento social, sobre todo el movimiento estudiantil. Los estudiantes movilizados constituyen hoy la fuerza principal en capacidad de sumar sectores y poner en acción a los que quieren un cambio. Asumir esa responsabilidad es un deber que los estudiantes no pueden rehuir.
Rumbo a ese objetivo -imposible de materializar de inmediato ni con procedimientos burocráticos-, se presenta una oportunidad de reivindicar a la política como una acción de masas conscientes. Podría lograrlo -por ejemplo- la abstención activa en las elecciones municipales del 28 de octubre. Se incorporan en forma automática alrededor de 5 millones de ciudadanos a los registros electorales. Los nuevos electores son jóvenes que no querían inscribirse porque rechazaban la perversión de la política. La voluntariedad del voto les permite negarse a ser instrumentalizados para prolongar artificialmente la vida a un sistema moribundo.
La abstención activa en las elecciones municipales permitirá, asimismo, solidarizar con la protesta social a sectores que se han visto impedidos de participar en marchas, paros, tomas y otras manifestaciones. La abstención activa se convertirá en un espacio de “enganche” entre sectores sociales dispuestos a rescatar la política del pantano a que la llevaron los partidos

MANUEL CABIESES DONOSO

Editorial “Punto Final”, edición Nº 757, 11 de mayo, 2012
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Rompiendo cadenas

El pasado Primero de Mayo el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la renacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad, de capitales españoles, cuya planta en Cochabamba fue inmediatamente ocupada por el ejército. En fecha similar, desde 2006 en que anunció la recuperación por el Estado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el presidente Morales viene dando a conocer medidas como ésta, que fortalecen la independencia y capacidad de gestión económica del país.
La medida que afecta a la empresa española es un acto inobjetable de soberanía de Bolivia, cuyo gobierno -por lo demás- manifestó su disposición de pagar una indemnización justa por la expropiación. La empresa fue privatizada en 1997 por el gobierno neoliberal del general Hugo Bánzer. En quince años, la empresa matriz -Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica de España-, invirtió apenas 81 millones de dólares, suma insignificante para abordar las necesidades de suministro eléctrico en los nueve departamentos del país. En cambio el gobierno se propone invertir de inmediato 200 millones de dólares para ampliar el sistema interconectado, que desde ahora está a cargo de la Empresa Nacional de Electricidad.
La renacionalización de Transportadora se fundamenta en perentorios requerimientos de la estrategia de desarrollo de Bolivia y se ajusta en todo a las disposiciones de la Constitución, cuyo artículo 378 encomienda al Estado la misión de asegurar los recursos energéticos que requiere la nación. Por otra parte, esta medida es coherente con la política del gobierno del presidente Evo Morales de avanzar en una paulatina recuperación de las empresas estratégicas que el Estado boliviano perdió durante la acometida neoliberal de los años 80 y 90. Los hidrocarburos, en especial el gas, así como otras empresas, incluyendo latifundios, han vuelto a manos del Estado.
Bolivia adelanta una política cuidadosa en esta materia, midiendo cada uno de sus pasos. Por ejemplo, en esta ocasión ha reiterado que las inversiones extranjeras cuentan con garantías, si se ciñen a las normas que hoy protegen el interés nacional. Parecen haberlo entendido empresas como Repsol, asociada con el Estado boliviano en la explotación del gas del que existen enormes reservas.
En los mismos días en que Bolivia procedía a renacionalizar Transportadora de Electricidad, Argentina concluía el trámite legislativo de la ley que devuelve al Estado la propiedad de Repsol-YPF. Son hechos muy importantes que reflejan el proceso de profundos cambios que vive América Latina. Por fin, mediante el apoyo de los pueblos a gobiernos que se comprometen en la reivindicación histórica de la soberanía, se están rompiendo las cadenas que han hecho de nuestro continente una región dependiente de las transnacionales.
Es lastimoso que Chile permanezca al margen de este proceso liberador. Mientras en Argentina y Bolivia ocurrían estos acontecimientos, en Chile recrudecían las amenazas de privatizar parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ver págs. 10 y 11 de esta edición). El tradicional vocero de la antipatria -el diario El Mercurio- viene apoyando esa medida, congruente con los intereses que representa el actual equipo de gobierno, en especial en la cartera de Energía que se ha convertido en un enclave de Empresas Copec S.A., dominante en el mercado de la distribución de combustibles. Por otra parte, se mantienen al acecho los apetitos privatizadores que rondan a Codelco, nuestra empresa nacional del cobre.
Lo anterior corrobora la necesidad de una alternativa de cambio político, social y económico en Chile, para desplazar a los dos bloques neoliberales que se turnan en el gobierno y que mediante todo tipo de artimañas impiden que nuestro país participe en la lucha por la independencia y la dignidad emprendida por naciones hermanas

PF

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