Documento sin título
Buscar |
|
último Editorial |
|
Patricia Bravo |
|
Carta al director
|
|
Ediciones
Anteriores. |
|
En
Quioscos |
|
Archivo
Histórico |
|
Publicidad del Estado |
El fallo de la Fiscalia
 |
Regalo |
|
|
La agenda 2012
En 2011 los movimientos sociales han logrado desestabilizar el sistema político. Un logro, considerando el dominio incontestable de las elites que se constituyeron al finalizar la dictadura. Con una misma comparsa controlando la política, las empresas y la esfera simbólico-comunicativa, es algo difícil. Ahora ha cambiado la hegemonía de esa camarilla que ya no se ejerce de modo espontáneo. El contrapeso ciudadano, que siempre ha existido, ha llegado a un nivel que hace inestable su dominio.
Pero aunque el sistema se ha desestabilizado, no se ha desestructurado, no se ha producido ningún cambio en la institucionalidad ni en la legalidad vigente. Se ha logrado cuestionar de forma radical la legitimidad de este orden jurídico-político, pero no se le ha tocado en su materialidad. Hacer esta distinción nos aporta un diagnóstico sobre lo que debería ser la prioridad en 2012. Durante este año, es crucial mantener y acrecentar la presión social, de manera que la casta en el poder no logre reestabilizar su dominio. Para ello es fundamental la movilización en todos los espacios naturales de sociabilidad: estudio, trabajo, transporte y convivencia. Sobre todo en el cara a cara, haciendo sentir el desfase entre legalidad y legitimidad que vivimos. Pero la movilización, aunque necesaria, no será suficiente. Porque la desestructuración del sistema político requiere algo más: la acción propiamente política. En otros términos, los movimientos sociales no pueden por sí mismos desestructurar el entramado legal e institucional que nos agobia. Es necesario traducir el poder social de negar y resistir, en poder político afirmativo, que haga operativos los cambios.
Este giro no es fácil. Basta ver las revoluciones árabes para darse cuenta. El inmenso poder de la multitud en la plaza Tahrir, que hizo caer a Mubarak en Egipto, no ha logrado expresarse políticamente, y ese espacio lo han ocupado los Hermanos Musulmanes, que participaron tardía y tibiamente en el proceso. O el movimiento 15M en España, que logró sacar a millones de personas a la calle: mientras, la derecha más rancia de Europa alcanzaba el poder del Estado en las elecciones. Poder social no es sinónimo de poder electoral. Esto obliga a pensar el dilema de la representación política de los actores sociales: optar por la autorepresentación o desarrollar una estrategia de incidencia estratégica sobre los partidos políticos establecidos.
En el primer caso, constituyendo un instrumento político que permita a los movimientos sociales poner en valor su capacidad movilizadora. Así nació el PT brasileño y es lo que lograron los sindicatos cocaleros y movimientos indígenas que construyeron el MAS boliviano. Es el mejor escenario, pero también el que exige mayores condiciones. Presupone organizaciones “madre” de largo recorrido, dotadas de una autonomía básica que sustente ese salto a lo político. Presupone un sistema electoral mínimamente proporcional. Y requiere un liderazgo corajudo y carismático, pero también con capacidad de administración y cálculo estratégico.
La segunda opción es renunciar a priori a la autorrepresentación política y optar por condicionar el escenario de los actores políticos existentes, por medio de una acción racional que les imponga adherir al núcleo programático defendido por los movimientos sociales. En otros términos, obligar a la Izquierda actualmente existente a hacer lo que la calle decida. Esta opción tampoco es fácil ni exenta de riesgo. En los años treinta, en medio de la gran depresión, los movimientos sociales “obligaron” a Franklin D. Roosevelt a implementar el New Deal que él mismo les había prometido. Cuando los dirigentes sindicales acudían a su oficina, Roosevelt les decía: “Ahora vayan a la calle y oblíguenme a hacerlo”.
Puesto el dilema sobre la mesa, es hora de deliberar y hacer opciones. Las dos estrategias poseen adherentes y detractores y lo único claro es que la movilización social debe unirse urgentemente a una propuesta política. ¿Podrán ser ambas estrategias complementarias o al menos no contradictorias?
Alvaro Ramis
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 752, 2 de marzo, 2012).
revistapuntofinal@movistar.cl
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org
|
Punto Final
|