Calama, tierra de sol y olvido

El despertar de un pueblo

Autor: RICARDO PINTO NEIRA
En Calama

penas cae la noche, las calles céntricas de Calama, capital de la provincia de El Loa, muestran su cara menos amable. Pobreza, delincuencia, microtráfico, prostitución y un enjambre de perros vagos invaden los rincones de una ciudad considerada como tierra de oportunidades. Y de alguna forma, sigue siéndolo. Para inmigrantes bolivianos, colombianos y peruanos. Una mano de obra barata que copa los servicios y gana terreno en áreas menos fructíferas de la economía local, lejos de la opulencia de la minería tradicional de antaño.
Calama tiene 147 mil habitantes y tuvo un crecimiento demográfico explosivo en la última década. Así lo evidencian los centros comerciales atochados de público. Se nota la sobrepoblación. Muchos son improvisados colonos que llegaron a buscar fortuna y nunca más se fueron. Una población eternamente flotante, “que sigue creyendo que está de paso”, dice su gobernador, Luis Garrido. Son pobladores “sin identificación con el suelo bondadoso que sigue generando cobre, molibdeno y recursos que van a parar a la enorme billetera estatal, sin apiadarse de la provincia”, complementa el alcalde de Calama, Esteban Velásquez.
Quizás por eso un movimiento ciudadano tardío, consciente y organizado, empieza a alzar la voz. O al menos a materializar demandas que por años se callaron. Si hasta hace cinco años la provincia sumaba unos veinte mil empleos directos en la División Codelco Norte, entre 2010 y 2011 la cifra apenas bordea los ocho mil. Y el sentimiento de preocupación y penuria se propaga transversalmente por el soleado y abandonado valle de El Loa.

Clamor que crece

A la sombra de la minera estatal, la comunidad de Calama se malacostumbró a depender económicamente de una fuente que sólo entregó migajas. Hasta hoy, Codelco Norte extrae el 50% de la producción anual de cobre del país -unos 18.000 millones de dólares, en la última cuenta pública- pero la comuna de Calama no recibe un peso por ese concepto, según la legislación establecida.
Fue a fines de 2009, en el gobierno de Michelle Bachelet, en que un movimiento ciudadano se despercudió del abuso histórico y comenzó a demandar fondos permanentes para el desarrollo sustentable. La llegada al municipio del alcalde ex PPD, Esteban Velásquez, fue el punto de inflexión. “Conseguimos del gobierno un compromiso de varios puntos, que han sido desestimados por la actual administración”, señala el edil Velásquez, que ha liderado dos paros sucesivos -en junio y agosto de este año-, que dejaron a la comuna cercada, sin comercio, servicios, accesos ni producción de cobre al menos por un turno por jornada.
Sin embargo, la situación hoy es distinta. Una mesa de trabajo con la Intendencia de la II Región, la Gobernación de El Loa, miembros de la Asamblea Ciudadana y el propio alcalde de Calama se encuentra entrampada por detalles burocráticos que colman la paciencia de los dirigentes de la reivindicación social. “Si a fin de mes no hay resultados, tendremos que radicalizar las acciones. Los paros van a venir más prolongados”, asume el alcalde Velásquez. Reconoce, eso sí, que al menos Codelco ha escuchado las demandas y está afinando un plan de inversión permanente en obras viales y desarrollo urbano por casi cien millones de dólares bajo el nombre Refundación de Calama.
Son cinco puntos los que sustentan esta reivindicación histórica, explica el presidente de la Asamblea Ciudadana, Daniel Ramírez: “Está el aporte a la comuna de un 5% de la producción de cobre que se obtenga por Codelco Norte -Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales-, más una indemnización por el costo social que significó para la ciudad absorber la población del campamento de Chuquicamata en 2004”, especificó. En esa oportunidad, unas 18 mil familias fueron instaladas en barrios nuevos de Calama en apenas dos años. También la Asamblea pide la renacionalización del agua, hoy explotada por las mineras y a cargo de un monopolio antofagastino. Los derechos se compraron bajo subterfugios a los agricultores locales. A ello se suma la renacionalización del cobre, con nuevos royalties e impuestos específicos. El alcalde Velásquez pide que al menos se recupere el aporte de recursos que se estableció en la época de Allende. Por ahora, esa demanda tiene una cifra: 400 millones de dólares.

La nueva ciudad

Calama sufre los embates de cualquier otra metrópoli abandonada a su suerte. La brecha social es poco benévola con más de 300 familias que viven en tomas de terreno. Peor aún, existen varias zonas de parceleros que han subsistido en áridos suelos viendo crecer a sus hijos y nietos sin servicios básicos como agua o luz.
El costo de vida en Calama es 40% más alto que en cualquier otro punto del país. A modo de ejemplo, sólo el arriendo bordea los 350 mil pesos en casas de dudosa edificación. No hay departamentos ni nuevos proyectos habitacionales para la clase media. Las calles son angostas y soportan un parque automotriz superior a cuarenta mil vehículos. Sin avenidas ni autopistas, el tránsito se hace insostenible en horas de alta frecuencia.
Durante la última administración de Codelco se ha finiquitado a unos mil trabajadores de los considerados de nivel B y a otros 250 del sindicato de supervisores. La idea es que salgan unos dos mil durante los próximos seis años. Los dirigentes sindicales acusan a la estatal de una privatización inminente, actitud que se deduce de la preferencia por empleados jóvenes, sin beneficios, que paulatinamente reemplazan a quienes por años ocuparon esos puestos.
“Hay muchos trabajadores que están quedando sin sustento. Con sus desahucios compran vehículos. Surgen empresas de taxis piratas; las empresas contratistas también son un remedio pasajero”, apunta Miguel López, vocero del sindicato de trabajadores del cobre. “Sólo en empresas contratistas hay catorce mil trabajadores, como por ejemplo en la mina Ministro Hales, donde en un plazo no superior a 24 meses se construirá la base para comenzar a explotar. Cuando esto ocurra, esa gente quedará desempleada y sin reubicación”, explica José Mardones, presidente provincial de la CUT.
Según Ricardo Calderón, presidente del sindicato de supervisores de Coldeco Norte y líder del gremio a nivel nacional, “la gerencia de Diego Hernández ha demostrado un desapego con la tradición que significa alcanzar acuerdos con los trabajadores de esta tierra, los que mejor conocen las necesidades y que antes fueron siempre considerados por la autoridad. Es un atropello permanente”, acusa.
“Lo peor está por venir”, asegura Miguel López. “Chuquicamata dejará de producir cobre en su mina a cielo abierto en 2018. Sólo cuatro años más tarde alcanzará los mismos niveles actuales de producción con las extracciones de su etapa subterránea”.

Los otros flagelos

Hasta hace diez años Calama no contaba con (...)

Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 745, 28 de octubre, 2011
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