Punto Final, año 45, Nº 737 – Edición del 8 al 21 de julio de 2011.
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Autor: Juan Jorge Faundes

Sólo recuerda que aquí todo se paga / que en este mundo nadie se va debiendo nada /
... / dalo por hecho aquí todo se paga / quieras o no así es la vuelta de la vida…”.
 (“Todo se paga”, de Alvaro Torres, cantautor salvadoreño).

Cuando se plantea el tema de la gratuidad de la educación, hay que pensar en cuáles son sus costos y quiénes los pagan. Y también, pensar en quiénes deberían pagarlos en un modelo más justo que el actual.
¿Cuánto cuesta la educación en Chile? Desde el año 2000 al 2008, según cifras del Ministerio de Educación publicadas en 2010 (“Indicadores de la Educación”), el costo total de la educación en Chile ha sido, como promedio, de un 6,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Recordemos que el PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del país en un año. El PIB del año 2010, a precios corrientes y al valor del dólar en diciembre del año pasado, fue de 221.600 millones de dólares. Eso significa que en dinero actual, el promedio anual del costo de la educación en la última década ha sido de 15.000 millones de dólares, en números redondos. Eso es lo que ha costado a la sociedad chilena en su conjunto la educación de párvulos, básica, media, técnica y universitaria.
Ahora bien, parte de ese costo (43%) ha sido cubierto con platas públicas y parte (57%) con desembolsos de los estudiantes y sus familias por concepto de matrículas y aranceles. El gasto público anual promedio en educación en la última década ha sido de un 2,9 por ciento del PIB, o sea, 6.400 millones de dólares cada año. Por su parte, los estudiantes y sus familias han gastado como promedio en el mismo periodo un 3,9 por ciento del PIB por año. En plata, 8.600 millones de dólares. Por lo tanto, si realmente quisiéramos que la educación fuese gratuita, el Estado debería adicionar anualmente esos 8.600 millones de dólares que en promedio han gastado cada año los estudiantes y sus familias.
Es necesario considerar que dada la estructura del financiamiento público de la educación en Chile -que privilegia las educaciones parvularia, básica y media- el mayor aporte de las familias se produjo en el rubro de la educación técnica y superior, en proporción de tres a uno. Es decir, en estos sectores educacionales las familias pagaron el 75% del costo. Y en el caso de las universidades vinculadas al Consejo de Rectores, los estudiantes y sus familiares han pagado en torno al 80 por ciento del costo.
Decir que las familias y los estudiantes han pagado un 57 por ciento del costo de la educación no es muy exacto, porque el “gasto público” (el restante 43 por ciento) es producto de los impuestos que pagamos todos. De hecho, un 17 por ciento de todo lo recaudado en impuestos se destina al gasto público en educación.
¿De dónde sacar los 8.600 millones de dólares anuales que se requieren para que la educación sea gratuita y para todos y sin restar dinero a lo que ya está presupuestado? Hay dos fuentes principales de recursos: las utilidades de las empresas (agregar a lo que pagan un 10 por ciento de impuesto con nombre y apellido: “para la educación”) y el patrimonio de las familias más ricas de Chile (otro diez por ciento anual de impuesto patrimonial para la educación).
Las utilidades de las 570 sociedades controladas por la Superintendencia de Valores y Seguros, entre ellas Codelco y otras mineras, sumaron 36.200 millones de dólares en 2010, lo que equivale a más de un 16 por ciento del PIB. Si se les cobrara un impuesto adicional del 10 por ciento a sus utilidades, se reunirían 3.620 millones de dólares. Casi la mitad de lo que se necesita.
Según la revista Forbes (marzo 2011), los patrimonios de las familias Luksic y Matte, de Horst Paulmann y de Sebastián Piñera, suman 42.500 millones de dólares, el 19,2 por ciento del PIB. Si se les gravara su fortuna con un diez por ciento anual extra, pro-educación gratuita, se dispondría de 4.250 millones de dólares más. Prácticamente, lo que falta. Los tres primeros grupos económicos son los números 27, 75 y 76 en el ranking mundial. El presidente Piñera está más lejos en la cuenta, es el número 488 y su fortuna es de sólo 2.400 millones de dólares.
Si consideramos que las siete familias más ricas de Chile suman un patrimonio de 75.000 millones de dólares (según expuso en un reciente seminario el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco), con el 10 por ciento anual de impuesto patrimonial pro-educación gratuita, se recaudarían 7.500 millones de dólares.
En este contexto donde hemos hablado de miles de millones de dólares, la inyección de apenas 75 millones de dólares propuesta por el ministro Lavín para “revitalización” de las universidades estatales, es apenas una 115ava parte de lo que se necesita cada año para que la educación en Chile sea gratuita y para todos.

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 737, 8 de julio, 2011
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