Pobladores burlados demandan
al Estado

AUTOR: NICOLAS COLLAO

Avenida La Serena, vecina a la autopista Acceso Sur: el poste de luz entorpece el acceso al hogar.

En 1994 los vecinos del sector nororiente de la comuna de La Pintana, en Santiago, fueron informados que se construiría una autopista, denominada Acceso Sur. Su finalidad era establecer conectividad expedita entre las comunas de La Pintana, La Granja, Puente Alto, San Bernardo, Buin y Paine. La carretera fue concesionada por el MOP el 30 de junio de 1998 a la empresa Autopista del Maipo Sociedad Concesionada S.A., en la que participa la española Cintra S.A.
Como destaca la ex concejala Berna Castro, “esta carretera no sirve a la gente que vive en La Granja, Puente Alto y La Pintana. Le sirve a aquellos que sacan su producción o a quienes viajan dentro y fuera de Santiago. Pero a la gente que vive al borde de la carretera no les facilito la vida ni les genera mayores niveles de conectividad con la Región Metropolitana”.
Durante la construcción de las obras -desde Avenida Américo Vespucio (La Granja) hasta pasado Av. Gabriela (La Pintana y Puente Alto)- los vecinos se manifestaron contra la carretera que los afectaba no sólo ambientalmente. Además, se los expropiaba sin previo acuerdo y se colocaba una autopista de alta velocidad a centímetros de sus casas. Particularmente los vecinos de Av. La Serena (La Pintana), fueron vulnerados en su calidad de vida, ya que la construcción implicó, según un estudio de impacto ambiental, dificultad para los vecinos en el acceso expedito a sus viviendas. Esto debido a que se instaló un murallón a 50 cms. de las casas, entre la autopista y la vivienda. Legalmente debía estar a 1.5 mts. desde las obras a las casas. Asimismo, se dificultaba el acceso de los niños al colegio y al consultorio de la población, servicios que se encuentran cruzando la calle. Ni para qué mencionar el acceso de carabineros o bomberos en los casos de emergencia.
El sector está poblado por viviendas sociales, que fueron afectadas por los movimientos de tierra quedando con daños estructurales. También la deficiente reingienería de las cañerías de agua provocó que las aguas servidas contaminaran el agua potable, afectando viviendas y al consultorio de la población Santo Tomás.

Sembrando la división

Lo anterior se registró entre los años 2004 y 2009, sin que ninguna autoridad diera solución al problema. Además, para mitigar la tala indiscriminada de árboles para construir la carretera, la empresa “compensó” a los vecinos plantando árboles a más de dos kilómetros de la población afectada, específicamente en el Parque La Platina.
La comunidad se organizó en una mesa social que agrupaba a las juntas de vecinos de ambos lados de la carretera y a trabajadores de los servicios públicos que atienden a la comunidad: el colegio y el consultorio. El compromiso de la mesa fue que ningún vecino firmaría con el gobierno o la empresa constructora un acuerdo antes que todos estuvieran indemnizados por la expropiación. Sin embargo, los dirigentes más visibles de la mesa social, militantes del Partido Comunista, firmaron un protocolo de acuerdo con autoridades como Sergio Bitar, ministro de Obras Públicas; Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo y el intendente de la Región Metropolitana, Alvaro Erazo.
Esta acción provocó el quiebre de la mesa social y la expropiación de algunas viviendas no afectadas por la autopista. La expropiación sólo se hizo efectiva en el sector poniente de la carretera, que no era el perjudicado. Más bien se trata de viviendas que en su construcción, a principios de los 90, ya presentaban daños estructurales, incompatibles con la autopista. Asimismo, como consta en el protocolo de acuerdo del 23 de abril de 2008, contempló zonas no involucradas en los daños que ocasionaría la autopista.
Para colmo, el acuerdo sólo señalaba la “mitigación de daños ambientales” -que en la legalidad actual no existe pues es imposible medirla en dinero-, con la construcción de áreas verdes y el mejoramiento de espacios públicos (sedes vecinales y multicanchas).
Los vecinos “representantes de la comunidad” fueron sólo del lado poniente de la autopista, distantes incluso más de 200 mts. de la carretera. Es decir, se trató de un acuerdo de un círculo cerrado.
Pasados tres años, los basurales afloran como callampas en la zona, pues aún no se concreta nada. La empresa constructora y el MOP se comprometieron a expropiar a los vecinos afectados, pero lo que hicieron fue más simple: demolieron dos edificios de departamentos, que no representan ni la mitad de lo acordado.

El parque que nunca será

Antes de iniciar las obras de la autopista la empresa se comprometió a construir 35 hectáreas de áreas verdes, incluyendo un parque de no menos de 20 hectáreas. Esto no se ha concretado, aunque ya está terminada la autopista. También el parque implicaba presupuesto para su mantención, pasarelas, entradas y salidas de vehículos y equipamiento comunitario: Casa de la Mujer, sede vecinal, jardines infantiles, entre otras propuestas incumplidas.
Según informó a los vecinos, el lugar donde fueron demolidos los edificios sería el espacio destinado el parque. Pero resulta que ese espacio no tiene más de 30 metros. Así también, los vecinos que no firmaron el acuerdo con el gobierno, no recibieron los 7.2 millones de pesos que éste entregó como indemnización. Esa indemnización, considerando la pobreza de los que la recibirían, se concretó para el resto un día antes de Navidad.
Esa política generó divisiones entre los vecinos. El sector oriente de la (...)

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 735, 10 de junio, 2011)
punto@tutopia.com
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org
¡¡ Suscríbase a PF!!