Los jóvenes se toman las plazas de España

Viaje a la revolución de los indignados

Desde hace un año, la popularidad de José Luis Rodríguez Zapatero se ha esfumado. A tal punto, que el presidente español ha debido renunciar a la reelección y designar como candidato a su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. En las plazas o en el transporte público las expresiones de rabia se muestran sin la menor discreción.
Los temas son siempre los mismos: el desempleo (20% de la población adulta, 40% de la población juvenil), el alza de los servicios básicos, las bruscas reducciones en los programas sociales, la privatización soterrada de las empresas públicas y las universidades, los despidos masivos, los recortes salariales a los empleados públicos, el congelamiento de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, el rescate financiero de los grandes bancos, la quiebra del sistema de pequeñas cajas de ahorro, la corrupción. Más allá de las posiciones ideológicas, que pueden matizar estos reclamos, la calle es unánime en este diagnóstico.
Si bien España no ha necesitado de un rescate financiero como Grecia, Irlanda o Portugal, esta intervención no se ha producido por la magnitud de las cifras involucradas: 45 millones de habitantes y un PIB de 1.445.124 millones de dólares. Pero el precio de la crisis ya se está pagando, y lo están sintiendo los sectores más vulnerables: jubilados, cesantes, trabajadores precarios y jóvenes, que ya antes de la crisis no lograban empleo y que ahora, además, sienten que su generación será la primera que vivirá peor que la de sus padres desde el fin de la guerra civil, en 1939.
A esa guerra siguieron quince años de hambruna y autarquía, que recién terminaron en 1954, cuando Estados Unidos decidió legitimar la dictadura de Francisco Franco otorgándole generosos créditos a cambio de la instalación de bases militares en su territorio. Desde entonces, el país experimentó un ciclo desarrollista y un auge turístico que redujo las penurias de la población. Ese proceso se aceleró notablemente con la transición, la promulgación de la Constitución de 1978 y especialmente, con el ingreso a la Unión Europea, en 1986. Desde esa fecha, es posible hablar de un boom económico español que no sólo ha tenido consecuencias en este país, sino también en Latinoamérica.

El milagro español
se desinfla

A diferencia del milagro alemán o japonés, el milagro español no se basó en un ciclo industrializador y productivo. Al contrario, la economía española, alimentada por las subvenciones y fondos de cohesión europeos, giró hacia la especulación: en las finanzas, en el mercado de divisas, la energía, y especialmente, en el campo inmobiliario. El dinero fresco de Bruselas sirvió para que las empresas españolas se atragantaran comprando barato, aprovechando las privatizaciones que en ese mismo momento implementaban los gobiernos latinoamericanos. De esa forma se dejaron caer en Chile sobre Telefónica, Endesa, en la banca (Santander y BBVA), en las sanitarias (Aguas Andinas), en las concesionarias de obras públicas (SACYR), en los medios de comunicación (el grupo Prisa), en el sector pesquero, y en un largo etcétera que es difícil de acotar, ya que abarca todo el campo de los servicios, la educación, la minería y el comercio, no sólo de Chile sino en toda la región.
Y mientras estos nuevos galeones redescubrían América, en casa la economía española derivaba hacia un inagotable casino de apuestas inmobiliarias, de la mano de un ejército de políticos corruptos que abrieron espacio para las más truculentas operaciones en base al ladrillo y al concreto. Exceptuando algunos clusters(*) de alta tecnología e innovación científica, principalmente en el País Vasco y Cataluña, el milagro español se caracterizó por institucionalizar la corrupción mediante las más creativas formas de colaboración público-privada. Este modelo demostró ser altamente rentable para los especuladores y al menos satisfactorio para quienes encontraban un empleo estable y con contrato. Pero al mismo tiempo, se mostró incapaz de crear empleo masivo, convirtiendo el trabajo en un privilegio.
Si bien el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) muestran constantemente sus diferencias en política interna, a la hora de enfrentar esta evolución de la economía, se mueven con increíble sincronía. En 2009 me entrevisté en Bruselas, en representación de la Asociación Chilena de ONGs, con el eurodiputado socialista Enrique Guerrero Salom. Al abordar el punto de los impactos sociales y ambientales de las inversiones españolas en Chile, el diálogo, hasta ese momento muy cordial, viró intempestivamente a una defensa cerrada de las empresas españolas, en un tono y una actitud tan agresivos que no hubiera sido muy diferente en un gerente o director ejecutivo de esas mismas compañías. PP y PSOE no sólo permitieron la deriva especulativa y depredadora de la economía española, sino que actuaron concertadamente para impulsar esa dinámica, abriendo juntos las puertas de los gobiernos latinoamericanos y adecuando la normativa española y europea a ese proyecto.
Sin embargo, esta aparente gallina de los huevos de oro, reventó. En mayo de 2010, luego de meses de evasivas, el gobierno socialista terminó por ceder a la presión combinada de los especuladores, los grupos económicos locales, la Casa Blanca, y la Unión Europea. En un solo día, Rodríguez Zapatero anunció el mayor plan de recortes sociales de los últimos treinta años. Desde ese día, los pronósticos económicos han empeorado, mientras la respuesta social ha sido confusa. Los sindicatos recién realizaron una tibia huelga el 29 de septiembre de 2010, más de cuatro meses después de los anuncios del gobierno y cuando los presupuestos de 2011 ya se habían votado. En tanto, la derecha disfruta, esperando tranquilamente acceder al poder en 2012. Como era previsible, en las elecciones municipales de mayo de este año el PSOE perdió más de un millón y medio de votos, y pasó del 34,89% al 27,81%. Los partidos de Izquierda, excepto en el País Vasco, aumentaron muy levemente sus resultados, castigados por leyes electorales que al igual que en Chile promueven el bipartidismo.

Respuesta de los indignados

Ante este desplome del Estado de bienestar, con una derecha en alza, y con un sindicalismo cooptado que defiende la posición de quienes tienen empleo en una sociedad con desempleo masivo, no era fácil encauzar una respuesta social potente y clara. Poco a poco quienes no tienen quién les represente, empezaron a tomar la palabra. El núcleo original de lo que hoy se expresa en las acampadas en las plazas se encuentra en el movimiento de jóvenes precarios, que bajo el lema “sin casa sin curro, sin pensión sin miedo” comenzó a manifestarse incipientemente desde fines de 2010 en Madrid y Barcelona, en torno a un pliego de demandas que no cabían ni en la agenda de los partidos políticos ni en la de los sindicatos. Su constatación: la juventud más preparada de nuestra historia vivirá peor que sus padres.
Efectivamente, esta generación altamente calificada, con dominio de varios idiomas y estudios superiores, no tendrá trabajo estable en los próximos diez o quince años, y por lo tanto no va a cotizar previsionalmente ni escapará de una precariedad permanente durante toda su vida. Lo interesante es que este movimiento lejos de esperar una solución dentro de los límites del actual modelo, dio un salto y pasó a buscar a los responsables políticos de su situación: “Frente a la salida de la crisis por la derecha, nosotras y nosotros, la generación precaria, señalamos a los culpables y reivindicamos ser escuchados”. Esa fue la chispa de la Spanish Revolution.

¡A la plaza!

El 15 de mayo, un sábado en la tarde, sin grandes avisos, sin campañas de prensa, sin más recursos que las ganas y las redes sociales de Internet, los precarios de Madrid, Barcelona y otras ocho ciudades salieron simultáneamente a la calle. Sorprendidos de su éxito, el martes 17 se volvieron a dar cita en las principales plazas españolas. Desde ese día, los jóvenes decidieron quedarse a acampar en las plazas, inspirados por las revoluciones árabes y la experiencia de la plaza Tahrir, en El Cairo. Así nació el movimiento 15M, también llamado “de los indignados”, en referencia al texto del nonagenario Stéphane Hessel, que ha servido para expresar el núcleo de la demanda ética de este movimiento. Para el filósofo Rüdiger Safranski lo peculiar de este estallido radica en que “la gente está resentida con la economía, pero también se han dado cuenta de que los problemas del futuro tienen que ver con la responsabilidad de los políticos. Por tanto, lo que explica estos movimientos es la unión de una crisis económica y una crisis del sistema político”. Una constatación que se hace evidente al leer sus consignas: “Si yo no voté a los mercados, ¿por qué ellos son los que gobiernan?”. “No somos antisistema... somos cambiasistemas”. “Me gustas democracia, pero estás como ausente”. “No hay tanto pan para tanto chorizo” y el eslógan que ha unificado las demandas: “¡Democracia real, Ya!”
Luego de dos semanas de acampar y haber resistido una represión brutal en Barcelona, el movimiento implementa ahora otras estrategias: comisiones de barrios, asambleas semanales en las plazas y un “parlamento digital”, como una comunidad de comunidades en la red. Han empezado a convocar asambleas de barrios y pueblos pequeños. Sólo en Valencia ya se han constituido asambleas en una docena de sectores y comarcas rurales. Pero lo más importante es que ya tienen un programa básico y si lo revisamos, no parece muy lejano a nuestro contexto.
Textualmente: “Limitación de las asignaciones económicas y privilegios de los cargos públicos. Incapacitación permanente de los condenados por corrupción para volver a presentarse a elecciones.
Modificación de la Ley Electoral que garantice la representatividad y proporcionalidad, cuidando que no se discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, permitiendo la entrada de los partidos minoritarios y acabando con el bipartidismo. Profundización en los mecanismos que permitan a la ciudadanía ejercer la democracia directa, como referéndums, en los casos de decisiones socio-económicas importantes. Simplificar los mecanismos para la presentación de iniciativas legislativas populares. Imposición de la consulta popular obligatoria y vinculante para la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales, autonómicos y estatales.
Asegurar la absoluta independencia del Poder Judicial.
Consideración, como bienes de utilidad pública, de los servicios de primera necesidad para la ciudadanía como energía, redes de comunicación, alimentación, transportes y banca. Prohibición, por tanto, de los monopolios y oligopolios privados en el suministro de estos bienes.
Derecho al trabajo digno, estable y de calidad. Prohibición de los despidos masivos en empresas con beneficios. Derecho de toda la ciudadanía a prestaciones sociales públicas que aseguren una vida digna.
Establecimiento de mecanismos ciudadanos de control de la gestión pública que eviten la corrupción política. Control ciudadano de las actividades económicas de los cargos públicos y establecimiento de un sistema de incompatibilidades que imposibilite el ejercicio y el lucro por actividades públicas y privadas.
Establecimiento de un sistema fiscal progresivo. Establecimiento a nivel global de un impuesto a las grandes fortunas y a las transacciones financieras especulativas. Desaparición inmediata de los paraísos fiscales. Control ciudadano de las prácticas de las entidades bancarias. Prohibición de las cláusulas abusivas, en particular respecto de las hipotecas.
Convocatoria de una Asamblea Constitu-yente”.(1)
Está claro que habrá indignados por mucho rato, y su programa será el eje de las discusiones que se avecinan no sólo en España sino en toda Europa

ALVARO RAMIS
En Valencia, España

(*) Conjuntos de computadores construidos mediante la utilización de componentes de hardware comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. (Google).
(1) http://valencia.tomalaplaza.net/

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 735, 10 de junio, 2011)
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