Sospechas tenebrosas en el caso Kodama

AUTOR: EXEQUIEL CORTES

LA estrepitosa caída de la ministra de la Vivienda, Magdalena Matte Lecaros, dejó en difícil situación al gobierno del presidente Piñera.

El denominado caso Kodama -un rápido acuerdo judicial para pagar como indemnización del Estado cerca de 35 millones de dólares a una empresa constructora-, que provocó la renuncia de la ministra Magdalena Matte al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), reúne una creciente cantidad de oscuros antecedentes que pueden poner en serias dudas dos de los pilares en que el presidente Sebastián Piñera ha querido fundar su gestión: la eficiencia y la probidad.
La eficiencia, porque todo apunta a que Magdalena Matte no puso en acción los controles administrativos y legales que le permitirían identificar las irregularidades y detener las negociaciones entre el Ministerio y la empresa Kodama. La probidad, porque todo también indica que su asesor personal, el abogado Alvaro Baeza Guíñez, quien ocupaba una oficina contigua a la ministra, cumplió un papel protagónico en el logro del acuerdo con Kodama.
Consultada la ex ministra por el seguimiento que hizo del caso, explicó, en una entrevista al diario La Tercera: “Aquí tenemos miles de problemas al día, yo veo los temas y veo quién se puede encargar de eso, pero no estoy preguntándole todos los días ‘oye te juntaste con’. No hay ninguna posibilidad de hacerlo”.
Grave error. La principal tarea de ministros, subsecretarios y jefes de servicios es velar por el interés público y crear las estructuras necesarias para una buena gestión. Por eso, en muchas ocasiones, la administración estatal opera de modo lento y engorroso, porque necesita un control prolijo de las innumerables actividades e iniciativas que se realizan. Para ello, además, dispone de múltiples niveles y jerarquías.
El problema que tuvo la ex ministra revela que prefirió la gestión de un asesor privado, llevado desde su propia empresa papelera, contratado a honorarios -al que invistió de una autoridad superior a la de cualquier jefe de división-, para que supervisara las negociaciones con Kodama por sobre las estructuras propias del Minvu, incluso por sobre la jefa de la División Jurídica, la abogada Mirna Yugovic, una profesional con más de cuarenta años en el Minvu, célebre por su acuciosidad en la revisión de contratos.
El abogado Alvaro Baeza impuso sus criterios sobre el acuerdo que debía negociarse con Kodama y cuando la ministra Matte se dio cuenta de lo obrado, ya era tarde. Había cometido un error inexcusable y tuvo que renunciar.

Origen difuso

En noviembre de 2006, bajo la gestión de la ministra Patricia Poblete, cuando faltaban tres meses para la inauguración del Transantiago, el Consorcio Construcciones Kodama Ltda., propiedad de Kenji Kodama, se adjudicó un contrato del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) para construir el corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago, que cruzaría las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central y Santiago, por un monto cercano a los 25.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 336 días.
La obra se retrasó, según Kodama, porque el Serviu no concluía los planos técnicos, no se habían concretado las expropiaciones necesarias, ni tampoco estaban afinadas las coordinaciones con los municipios involucrados. En los tres años siguientes, el mayor costo de la obra por los retrasos llegó a los 34 mil millones de pesos, hasta que, a mediados de mayo de 2010, luego de 1.200 días de trabajos, los 13,8 kms. de la vía quedaron concluidos. No obstante, Kodama reclamó al Serviu que por los sobrecostos del corredor aún se le adeudaban 8 mil millones, cifra que el ente estatal trató de paliar adjudicándole a Kodama la construcción de un colector de aguas lluvias, obra que seis meses más tarde la Contraloría rechazó por irregularidades en el contrato, fechado en febrero de 2010.
El 15 de diciembre de 2010, Kodama demandó al Serviu ante el 10° Juzgado Civil de Santiago por 41.500 millones de pesos, sin IVA, por gastos extras e indemnizaciones. En las seis semanas siguientes, en un evidente litigio simulado, se alcanzó un acuerdo entre las partes por 17 mil millones de pesos y el 25 de enero de 2011, la ministra Matte firmó el decreto exento N° 8, que daba curso al pago indemnizatorio.
Pocos días después, cuando el subsecretario del Minvu, Andrés Iacobelli, advirtió a la ministra Matte sobre la falta de justificación del pago, Matte paralizó el trámite del decreto, solicitó un estudio técnico al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile, ordenó un sumario en el Serviu e informó del caso al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
En las semanas siguientes, parte de estos antecedentes llegaron a manos del senador Alejandro Navarro, quien el 17 de marzo pidió a la Contraloría que se pronunciara sobre la probidad y legalidad de lo obrado por Matte y Iacobelli.

Algunos detalles curiosos

El 8 de junio de 2010, Magdalena Matte recibió a dos de los hermanos Kodama, principales ejecutivos de la empresa constructora. Un mes después, el 7 de julio, se incorporó formalmente al gabinete de la ministra el abogado Alvaro Baeza, con un sueldo a honorarios de 2,5 millones de pesos mensuales. Ese mismo día se reunieron ejecutivos del Serviu y Kodama para intentar un acuerdo. Desde esa fecha en adelante, Baeza tomó en sus manos el tema por encargo de la ministra Matte.
Tras la denuncia del senador Navarro y al saltar a la prensa el asunto con caracteres de escándalo, Baeza aseguró que él no había conducido las negociaciones y sindicó como responsables a Antonio Llompart, director del Serviu Metropolitano, y al subdirector jurídico, Rafael Marambio.
Luego del alerta dado por Iacobelli a comienzos de febrero de 2011, la ministra Matte solicitó a otro asesor externo, el abogado Benjamín Dávila, que revisara minuciosamente los antecedentes, tarea que le resultó casi imposible por la escasa colaboración del Serviu. Luego, a fines de febrero, Matte agregó al caso al abogado Pedro Pablo Gutiérrez, quien también cuestionó la labor de Baeza. Finalmente, el 12 de abril, Baeza fue removido de su cargo de asesor por petición del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, alarmado por la dimensión que el tema estaba adquiriendo en la prensa.
A esa altura, conocida la decisión de la ministra Matte de no cursar el pago, se había incorporado a las negociaciones con el Serviu en representación de Kodama, el abogado Darío Calderón, profesional que junto a sus labores judiciales, forma parte de los directorios de LAN, AMF Seguridad, Integramédica, Inmobiliaria Península Pucón, Datanet, Casinos Enjoy, Junaeb, NutreChile y es asesor del consejo editorial del diario La Tercera. Calderón, además, es un abogado al cual se le atribuye muy especial “llegada” en los tribunales superiores del Poder Judicial.

El poderoso asesor

Alvaro Baeza Guiñez integra el estudio jurídico Baeza&Compañía, ubicado en Apoquindo 3001, en cuyas oficinas, antes de integrarse formalmente al gabinete del Minvu, se reunía periódicamente con la ministra Matte, para quien trabajaba desde hacía unos veinte años, cuando cursaba derecho en la Universidad de Chile y se incorporó a la Papelera Dimar, parte de cuya propiedad pertenece a Magdalena Matte. El padre de Baeza, el abogado Nelson Baeza Gutiérrez, actual notario en Quinta Normal, estuvo vinculado en los años 70 y 80, siendo juez de Parral, a una veintena de casos de adopciones irregulares de niños, hijos de madres campesinas entregados a los jerarcas de la Colonia Dignidad, entidad a la cual en esos tiempos era muy cercano el actual senador de la UDI Hernán Larraín, esposo de la ex ministra Matte.
Baeza Guiñez, 40 años, posee una fortuna considerable y como litigante se recuerda su participación en la pelea legal que dio representando a Telefónica del Sur cuando CTC pasó a manos de la empresa española, que llegó con el mismo nombre, Telefónica, a instalarse en Chile. También participó en el denominado “caso Chispas”, donde estuvo inmerso el actual presidente Sebastián Piñera; y en la venta de la Universidad Santo Tomás, adquirida en abril de 2009 a la familia de Gerardo Rocha por el empresario Juan Hurtado Vicuña, en conjunto con la administradora de fondos Linzor Capital. El grupo Hurtado Vicuña se ha expandido hacia los negocios inmobiliarios y posee vastos terrenos en la zona que será afectada por la eventual modificación del Plano Regulador Metropolitano, impulsada por el gobierno.
Baeza -según El Mercurio- desde muy joven se convirtió en un apasionado del esquí, del rugby, del golf y de la tecnología de vanguardia. Hace algunos años quiso relacionarse también con el mundo del rodeo y de los criadores de caballos; tomó un curso para aprender a montar y luego se construyó una medialuna en su predio de Santo Domingo. A la inauguración de su “chiche” llevó en su helicóptero personal a Marlene Olivarí para que animara el evento y con quien aterrizó en la medialuna en medio de la expectación de sus invitados.
En Santo Domingo, Baeza tiene como vecino al abogado Matías Cortés, profesional que ha representado a la empresa Kodama en sus negociaciones con el Minvu.
Otro episodio por el que ha sido muy recordado es su controvertida participación, (...)

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 732, 29de abril, 2011)
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