 Argentina nacionaliza
los fondos de pensiones
Autor: PAULA CHAHIN
En Buenos Aires
VICTOR De Gennaro, dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos.
Tras una larga jornada de debate, la Cámara de Diputados argentina aprobó el proyecto del gobierno para eliminar el sistema de jubilaciones privadas y devolver al Estado la potestad de controlar los haberes previsionales. La votación -162 a favor y 75 en contra- no sólo fue una victoria para jubilados y trabajadores que veían aterrados menguar sus haberes de la mano de la especulación y la crisis financiera, sino que es el primer triunfo aplastante del gobierno sobre sus opositores. Lo cierto es que luego de la derrota del proyecto de retenciones a los granos sufrida por el kirchnerismo en julio, la presidenta Cristina Fernández enfrenta una oposición que bloquea cualquier iniciativa suya, por justa que sea, como es el caso del fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones, AFJP. Beneficiadas con los enormes gastos en publicidad de las administradoras, nuevamente las corporaciones de medios de comunicación jugaron claramente en contra del gobierno.
Más allá del sabor a triunfo en los paladares oficiales, lo fundamental para Argentina -que desde 2003 intenta rearmar el Estado luego de diez años de neoliberalismo extremo que lo dejaron en la bancarrota-, es que tras catorce años de fracaso el modelo de AFJP sufrió una herida mortal. Ahora falta la aprobación del Senado, pero se augura un triunfo garantizado. Es que esta iniciativa logró sumar a sectores de Izquierda y dirigentes sindicales que en la pelea del campo -por distintas razones- habían jugado del lado de la oligarquía. Pero el reclamo del fin de la jubilación privada era una demanda sentida ampliamente en la sociedad argentina.
Víctor De Gennaro, histórico dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, (CTA), una agrupación sindical poderosa y progresista, afirmó que las Administradoras de Fondos de Pensiones “le prestaban plata al gobierno, que antes éste recibía de los trabajadores sin ningún tipo de interés. Era un negocio seguro, cobraban casi la tercera parte de lo depositado en comisiones por administrarnos los fondos y encima, los usaban para apostar en la ruleta financiera y no en inversiones. Era todo ganancia y nada de pérdidas. Los que perdían eran los trabajadores que estaban en ese sistema”, enfatizó en conversación con Punto Final.
Cuando en 1992 Carlos Menem quiso copiar el modelo de AFP chilenas, De Gennaro encabezó la resistencia a ésta y otras políticas privatizadoras. De hecho, en Argentina se logró instaurar un sistema mixto -con una opción estatal y otra privada- gracias a la movilización popular, a diferencia de Chile. “Gracias a esa lucha se logró un éxito, mantener el sistema estatal. Si no hubiese existido la resistencia de los 90, no hubiera sido posible lo de hoy, el proyecto de ley que termina con esta estafa financiera”, señaló De Gennaro.
Los consensos saltan a la vista si se analizan las palabras de Héctor Recalde, diputado, profesor de derecho laboral de la Universidad de Buenos Aires y representante de la rival de la CTA, la histórica Confederación General del Trabajo (CGT). “Durante catorce años las AFJP ganaron 12 mil millones de dólares en comisiones. Es una ganancia exorbitante y un negocio jugoso sin riesgo”, aseveró Recalde a PF. El profesional enfatizó que la jubilación privada es inconstitucional, ya que el artículo 14 bis de la Carta Magna argentina dice que es el Estado el responsable de otorgar los beneficios de la seguridad social.
Las AFJP desfinanciaron al Estado
Lo cierto es que hasta ahora coexistían en Argentina dos sistemas previsionales con principios muy diferentes. “El estatal que se basa en la solidaridad: los que más aportan benefician a quienes contribuyen en menor medida, por percibir bajos salarios. Se logra así una distribución equitativa, sin perjuicio de mantener cierta diferencia proporcional sobre la base de las sumas que cada uno tributó. Por el otro lado, estaban las AFJP, que supuestamente pretendían el mejoramiento de los beneficios previsionales mediante el manejo del ahorro de los trabajadores, que fue denominado como ‘capitalización’. En la práctica fue un gran negocio que de solidario no tenía nada”, señaló el diputado Recalde.
Afirmó que pese a haberse mantenido este régimen combinado, en Argentina era más fácil “divorciarse que cambiarse de un sistema previsional a otro”. Recién el año pasado el gobierno de Néstor Kirchner, con la ley de libre opción jubilatoria, dio la posibilidad de que los futuros jubilados puedan elegir.
Ya se veía al fracaso del sistema de capitalización. 960 mil afiliados a las AFJP -de 55 años en el caso de las mujeres y menos de 60 años, en el de los hombres- tenían en sus cuentas menos de 20 mil pesos (6.500 dólares), los que pasaron al Estado. De haber seguido en el régimen privado, sus jubilaciones estarían rondando entre los 75 pesos, algo más de 20 dólares, en el caso de los que jubilarán este año, y los 325 pesos (cien dólares) de quienes lo harían en cinco años más.
Por eso, si Argentina insistía en mantener el sistema privado de jubilación, el volumen de subsidios del Estado al sistema de capitalización se iba a incrementar sustancialmente para garantizar a los jubilados un ingreso mínimo. De hecho, hoy el Estado completa el 80 por ciento de los haberes jubilatorios del sector privado, para alcanzar la pensión mínima de 690 pesos (unos 200 dólares).
“Fueron catorce años de desfinanciamiento del sistema público con un régimen previsional grosero y desproporcionado. El Estado ahora recuperará los recursos que fueron desviados a las AFJP, cuya gran mayoría pertenecen a bancos del sistema financiero. Esta fue una de las razones para entender el deterioro de la economía argentina, ya que el incremento del endeudamiento que produjo ese desfinanciamiento generó profundas perturbaciones macroeconómicas, que en última instancia llevaron a la cesación de pagos y al default”, explica Alfredo Zaiat, economista y jefe de la sección economía del diario Página 12 en conversación con Punto Final.
“Como era un sistema mixto donde había una parte de aporte estatal, que es la prestación básica universal, más lo que sumaba la capitalización, en muchos casos ésta no llegaba al mínimo, que es un haber garantizado por la Constitución. Por eso el Estado debía poner dinero para llegar a la pensión mínima”, se explayó Zaiat.
El profesional puntualizó que terminar con las AFJP era esperable y hacerlo ahora, que cayó el sistema bursátil internacional, fue un avance. “Como los haberes jubilatorios estaban atados a la evolución de los activos financieros, en este período disminuyeron en forma abrupta por la caída de éstos”, agregó. “El jubilado que estaba en el régimen privado se encontraba con la parte que debía aportar el Estado en forma constante o subiendo, pero el componente privado fue bajando cada mes por la caída de los activos por la crisis internacional, sumado a la inestabilidad en el mercado local”, añadió.
Zaiat dice que las AFJP manejaron un negocio redondo. Lo ilustra diciendo que de los aportes de los trabajadores “el 30% iba en comisiones. Además, compraban el seguro de fallecimiento o invalidez que, en la mayoría de los casos, las AFJP tomaban en sus propias empresas vinculadas. Por ejemplo, en sus compañías de seguros. Por otro lado, toda la estructura de marketing y publicidad, promotores y gerencia era financiada con el dinero previsional”.
Manejo fradulentoy especulativo
Para dar cuenta de la magnitud del fraude al Fisco, Zaiat recuerda el caso del juicio a los ejecutivos de la AFJP Siembra, de propiedad del Citibank, que fueron condenados por los tribunales el año pasado. “En juicio oral y público quedó probado cómo los que manejaban los fondos de los jubilados compraban en la mañana una acción o un bono y veían cómo evolucionaba en el día. Si bajaba o daba pérdida, lo imputaban al fondo de capitalización. Si subía o daba ganancia, lo contabilizaban en el del banco. Además de una defraudación probada, marca el manejo especulativo y de negocios que tenían con el dinero de los trabajadores y por ello, sus gerentes recibieron multas y sanciones de la Superintendencia de AFJP y algunos, hasta cárcel”, relató el economista.
Víctor De Gennaro incluso ve la estafa desde la óptica de los derechos laborales porque, como se trataba de un sistema que dependía de lo que cada cual decidía en su momento, se hacía más difícil combatir el trabajo “en negro”. “Ahora, al estar involucrado un sistema previsional de esta naturaleza, la lucha contra la precariedad laboral será más (…)
(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 675 de Punto Final, 21 de noviembre, 2008. Suscríbase a la edición impresa de PF)
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