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“El Mercurio”
chantajea al gobierno
Sigue su campaña el diario El Mercurio en torno
a supuestas revelaciones derivadas del proceso llamado MOP-Gate, que lleva
la ministra Gloria Ana Chevesich.
Cada cierto tiempo, oportunas filtraciones, no necesariamente imputables
a la magistrada, dan cuenta de citaciones, procesamientos, detenciones
y hasta eventuales condenas que afectarían a funcionarios de alto
rango del Ministerio de Obras Públicas y también, a personeros
de confianza del presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar.
En una primera etapa, el principal afectado fue Carlos Cruz, ex ministro
de Obras Públicas, luego de quedar al descubierto un complejo mecanismo
de empresas de papel, simulaciones, sobresueldos y giros de dinero que
involucran y entrelazan a funcionarios públicos y empresas privadas,
contratistas del Ministerio y al sistema de concesiones. Cruz ha reconocido
que para la campaña electoral de Lagos se recogieron cerca de mil
millones de pesos que aportaron personas naturales. Los recursos financieros
para llevar a Lagos a la presidencia, sostiene Cruz, fueron aportes personales,
privados y voluntarios “que hicieron amigos de Chile radicados en
México y Europa”. Sin embargo, el ex ministro está
siendo procesado bajo la imputación de traspasar fondos públicos
a la caja electoral, a través de empresas privadas que operaban
con el MOP.
La investigación se prolonga desde hace más de un año
y no tiene para cuando terminar. Se trata de una situación irregular,
en ocasiones dolosa, que debe ser investigada y condenada. La derecha
la ha utilizado hábilmente, convirtiéndola en una espada
que cuelga sobre la cabeza de ex ministros y hasta del propio presidente
Lagos, que fue ministro de Obras Públicas en el gobierno del presidente
Frei Ruiz-Tagle hasta el momento en que se convirtió en candidato
presidencial.
En las últimas semanas los rumores suben de tono. Se dice que podrían
ser citadas personas del círculo más cercano al presidente
de la República, con los consiguientes riesgos de detención
y negativo impacto publicitario. Hasta el propio presidente podría
ser citado o requerido a declarar por oficio.
En estos días se espera la comparecencia ante la magistrada Chevesich
de Fernando Bustamante, amigo del presidente, gerente de finanzas de su
campaña electoral, que actualmente se desempeña como presidente
del Metro de Santiago y es miembro del directorio, en representación
presidencial, de la transnacional CTC-Telefónica Chile. Se sospecha
-según El Mercurio- que Bustamante conocería secretos del
financiamiento electoral concertacionista que podrían haber significado
utilización de fondos públicos.
Se habla también de una posible encargatoria de reo de Guillermo
Díaz, subsecretario de Transportes, y se mencionan posibles citaciones
a Matías de la Fuente, pariente de la esposa del presidente Lagos,
y a Enrique París, jefe del gabinete del primer mandatario. Otros
nombres, como el de Marco Colodro, presidente de TVN, ligado a la caja
electoral de la campaña de Lagos, se deslizan como al pasar.
La campaña de El Mercurio tiene las características de un
sofisticado chantaje, muy propio de la tenebrosa historia de ese periódico.
El supuesto manejo de información reservada le da a ese diario
un poder que mantiene en vilo a determinados círculos de gobierno
y a la propia Concertación. Lo que viene haciendo no es periodismo,
pertenece más bien al ámbito de lo mafioso y gangsteril.
Es un arma de política electoral que la derecha esgrimirá
cuando parezca oportuno, tendiendo una niebla de sospechas sobre la cúpula
gobernante. Constituye, además, un instrumento que frena posibles
actitudes firmes del gobierno frente a la derecha y núcleos de
poder empresarial. El chantaje de El Mercurio es también el chantaje
de los poderes fácticos de los que forma parte y sirve de vocero.
Todo esto confunde a la opinión pública. Y sería
muy sencillo terminarlo. Con facilidad se podría desmontar esta
campaña de insidias de baja intensidad. Bastaría que el
gobierno se comprometiera activamente en el esclarecimiento de los hechos
y pusiera a disposición de la ministra Chevesich todos los antecedentes
de que dispone. En otras palabras, que el gobierno se anticipara a demostrar
la diligencia y probidad de sus funcionarios y sancionara administrativamente
a los que han incurrido en ilícitos administrativos o penales.
Con transparencia y severidad estallaría la burbuja de escandalera
permanente que infla El Mercurio.
Lo que parece sencillo, sin embargo, no se hace. Y ello porque para el
gobierno es muy difícil, o quizás imposible. Tendría
que reconocer la existencia de corrupción de alto nivel, manejos
oscuros y también fuentes de financiamiento electoral que la Concertación
necesita mantener en secreto, porque su conocimiento pondría en
evidencia compromisos y cohabitaciones impresentables.
Frente a esta situación el gobierno parece decidido a soportar
el chantaje, pagando cada cierto tiempo un precio -cada vez más
elevado- por el silencio mercurial. Se conforma con periódicas
rabietas de ministros como Insulza -diestro en manejos mediáticos-
y del presidente de la República. Mientras, cede terreno al chantaje
de la derecha. Un ministro del gabinete, Sergio Bitar, por ejemplo, sigue
fungiendo como vicepresidente de la Fundación Paz Ciudadana, tinglado
montado por el propietario de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman,
para legitimar campañas del terror de evidente impacto político.
Al directorio de la Fundación se acaba de incorporar el diputado
DC Jorge Burgos, ex embajador y ex subsecretario del Interior.
Entretanto, se tratan nuevos negocios para aceitar los engranajes financieros
de El Mercurio y la voluntad de su propietario, ayer cómplice del
golpe de Estado y hoy figura infaltable en los más altos círculos
del poder
PF
(Revista “Punto Final” Nº 568. 28 de mayo, 2004)
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