114 días en huelga de hambre

Al borde de la muerte

Familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre.

El lonko mapuche Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol Galindo, cumplen más de 114 días en huelga de hambre y quince meses en prisión preventiva. Son víctimas de la Ley Antiterrorista, y de testimonios de “testigos sin rostro” que les acusan de atentado incendiario a una iglesia evangélica pese a que Ariel Trangol, uno de los huelguistas, es evangélico… y cuando se les detuvo estaban a diez kilómetros del lugar de los hechos.
La huelga de hambre les ha hecho bajar casi 24 kilos. Para el Colegio Médico “es insostenible alargar la huelga, hay compromiso vital y secuelas que serán irreversibles”.
Los huelguistas señalan: “Nuestra detención se efectúa a más de diez kilómetros del lugar de los hechos, bajo el pretexto de un control de identidad, y los únicos elementos que se nos encontraron son herramientas propias del trabajo de la tierra. Entendemos que este ensañamiento se debe a nuestro apoyo a los procesos de reivindicación en los lof wenteche del Gulumapu, para lo cual invocan en nuestra contra la Ley Antiterrorista (…) Somos inocentes de los cargos de los que se nos acusa. La Fiscalía no tiene pruebas y nos tiene presos injustamente, mientras nosotros arriesgamos nuestras vidas. La carpeta investigativa no tiene ningún documento de peso para mantenernos en prisión preventiva. Hacemos un llamado para que nos apoyen por esta tremenda injusticia que estamos sufriendo. No nos dejen morir”.
Familiares de los presos políticos mapuches y organizaciones de derechos humanos han efectuado mitines en varias ciudades, un campamento en las afueras de la cárcel de Temuco, y ocupaciones de las catedrales de Cañete, Concepción y Temuco, y de la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en Santiago, que fue violentamente desalojada con incidentes que incluyeron golpizas y disparos de las Fuerzas Especiales de Carabineros.
Las demandas de los cuatro presos políticos son: juicio justo en plazo razonable, no aplicación de la Ley Antiterrorista, no utilización de testigos sin rostro, y revocación inmediata de la prisión preventiva.

OTRA VEZ LA LEY ANTITERRORISTA
Según Pablo Ortega, abogado de los huelguistas, “la solicitud de un juicio justo, de acuerdo a las normas del debido proceso, en el caso concreto implica necesariamente la exclusión al menos por parte del gobierno de la invocación de la Ley Antiterrorista”. Agrega Federico Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que el organismo “ha sostenido invariablemente desde 2010 a la fecha que la Ley Antiterrorista es una legislación que mientras no esté reformada sustancialmente no se debiera invocar”.
Dicha ley, invocada por el Ministerio Público y el gobierno, atenta contra el debido proceso y, por tanto, contra los derechos humanos, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Norín Catrimán y otros v/s Estado de Chile, en el cual se condenó al Estado chileno por violar derechos fundamentales de ocho miembros del pueblo mapuche. Pero se sigue haciendo caso omiso de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. En abril de 2013, la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet prometía que “en ningún caso” aplicaría la Ley Antiterrorista.
El 10 de junio de 2016, fue el ex intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, quien interpuso una querella por “incendio terrorista”, tras el ataque a una iglesia evangélica en Padre Las Casas, sector de Niágara. Un grupo de encapuchados -los huelguistas de hambre según el intendente- habría obligado a quienes participaban de un culto a salir del templo para incendiarlo. El fiscal Luis Torres, el pasado febrero anunció el cierre de la investigación y la acusación: “Si se logra establecer una condena por delito terrorista, acreditando que este incendio tenía como objeto infundir miedo en esta población, el tribunal puede subir la sanción hasta en tres grados, y eso, perfectamente, puede significar presidio perpetuo”, dijo. La audiencia preparatoria del juicio se realizará este 27 de septiembre. Los mapuches en huelga exigen que la Intendencia retire la querella y que el Ministerio del Interior dé pronta solución.
En tanto, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó alimentar forzosamente a Benito Trangol y Alfredo Tralcal. Cristián Tralcal, hijo del lonko, explica: “Si se levanta la querella por la Ley Antiterrorista, se va a deponer la huelga. No piensan en otra solución. No tuvimos ninguna reunión en Santiago con las autoridades, nadie nos recibió. Nos dijeron en Temuco que viniéramos a Santiago, que acá estaba la solución, pero no nos recibieron. Nos quedó claro que no les interesan las vidas de nuestros familiares… Ellos presentan insomnio, calambres, mareo permanente, pérdida de conocimiento, y una depresión avanzada. Han disminuido de peso, están prácticamente en los huesos. En este caso se ve la injusticia, principalmente por la no existencia de pruebas. Como hay familiares nuestros procesados en otros casos, lo vemos como un ensañamiento hacia nuestras familias”.
Cristián Tralcal agrega: “En el caso han tomado declaraciones a testigos ‘protegidos’, sin rostro. No sabemos quienes están detrás de las acusaciones. No hay transparencia. Según la Fiscalía, nuestros hermanos fueron detenidos en el lugar del hecho. Eso no es así porque estaban a diez kilómetros. Aparte, los testigos del incendio, que son vecinos del lugar, han dicho que no fueron mapuches los que incendiaron la iglesia”.

DAÑOS IRREVERSIBLES
Según la doctora Aylin Curihual, “los huelguistas tienen dolores musculares producto de la desnutrición. Han bajado más de veinte kilos en promedio, unos 200 gramos por día. Por eso se decidió hacerles controles periódicos”. Tras la última visita del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, el organismo señaló la grave situación: “Tienen una baja de peso progresiva y constante, que hasta nuestra última evaluación se objetivaba superior en los casos más graves al 23% del peso corporal basal. Lo que expone a los huelguistas a secuelas permanentes en diversas funciones vitales, tales como neurológicas, función hepática, cardíaca, digestiva y renal. De prolongarse esta huelga se exponen a un severo deterioro de su condición de salud, evolucionando a una desnutrición severa”. Enrique Morales, presidente de dicho Departamento de Derechos Humanos, afirmó que “se deben respetar los factores interculturales que competen a las personas involucradas y su propia visión del conflicto, y no forzarlos a intervenciones de ningún tipo”.
Benito Trangol permaneció casi tres días en huelga de hambre seca y en dos oportunidades ha sido trasladado de urgencia al Hospital Hernán Henríquez de Temuco, negándose a que le realicen exámenes. “Al notar las graves consecuencias volvió a la huelga líquida. Sin embargo, ya tiene daños neurológicos severos irreversibles”, dice el doctor Waldo Wilkinson, y agrega: “Queremos enfatizar la condición de riesgo de Benito Trangol, en quien hemos constatado un cuadro de deterioro neurológico agudo, cursando con encefalopatía y ataxia. Lo que se fundamenta en los hallazgos a la evaluación clínica: alteración marcada del examen mental; bradipsiquia, desorientación temporal, deterioro de la esfera de atención y cálculo, alteración de la memoria inmediata, asociado a la marcha con aumento leve de base sustentación, incapacidad marcha tándem y dismetría (…) De prolongarse la huelga de hambre todos se exponen a un severo deterioro de su condición de salud, evolucionando a una desnutrición severa, falla orgánica múltiple secundaria, llegando a un estado irreversible e incluso hasta perder la vida”. Para el doctor César Salazar, “existe alto riesgo de compromiso vital, secuelas neurológicas, cardiológicas y digestivas”.
Alfredo Tralcal (46 años), lonko del lof Lleupeco, presenta hipertensión arterial, úlcera gástrica, gastritis crónica erosiva, pólipos en el colon, rectorragia en estudio, dislipidemia severa y episodio depresivo moderado, entre otras afecciones. Benito Trangol (34), del lof Quilaco, de la comunidad Ignacio Trangol, presenta dolores generalizados mayores en extremidades inferiores, abdomen y tórax, además de mareos, dificultad para moverse y deterioro neurológico. Por su parte, Ariel Trangol (30), dolores en región lumbar y extremidades, cefalea y mareos, dificultad para conciliar el sueño e irritabilidad. Pablo Trangol (23), mareos, cefaleas, dolores generalizados, dificultad para conciliar el sueño, hipertensión arterial y bradicardia.

NADIE RECIBIÓ A LOS MAPUCHES
Sonia Trangol, hermana de Benito, Pablo y Ariel, dice: “Intentamos dialogar con la Intendencia, en Temuco. Solo nos atendió el jefe de gabinete, y no tuvimos respuesta… Nos mandaron a Santiago. Viajamos a la capital a hablar con el ministro del Interior. Fuimos con nuestras familias a La Moneda, pero el ministro no nos recibió, entregamos otra carta, y nada… Como no tuvimos respuesta de las autoridades, nos tomamos la Conadi, para presionar, para que nos den respuesta urgente, porque mis hermanos se están muriendo.¿Qué es lo que espera la señora Bachelet? ¿Que se mueran mis hermanos para volver a pedir disculpas falsas al pueblo mapuche?”.
Marta Galindo, madre de los hermanos Trangol, añade: “Vengo de la comuna de Padre Las Casas. Vine a Santiago pidiendo por mis tres hijos en huelga de hambre. Son cuatro comuneros: Benito, Ariel, Pablo, y el lonko Alfredo. Necesitamos solución: que se retire la Ley Antiterrorista, porque mis hijos son inocentes. Los están inculpando injustamente. Necesito respuesta urgente. A los ministros, a todos los que tienen los documentos de mis hijos, les digo que necesitamos una solución, mis hijos están sufriendo”.
Silvia Colicheo, esposa del lonko, agrega: “Hace más de un año que mi esposo y tres hermanos están detenidos, sin pruebas ni nada que los inculpen, solamente por el testimonio de un testigo oculto, sin rostro”.
Tras la detención de los hermanos Trangol, su padre murió. Así lo relata Marta Galindo: “Por estar presos mis hijos, falleció mi marido, porque cuando supo de los problemas, se alteró, empezó a tener mucha pena, puro llanto todos los días y falleció…”.

MEDIACION DE SACERDOTE
Las protestas en apoyo a los huelguistas se han intensificado. En Curarrehue, se efectuó un corte de la ruta internacional, mientras en el Te Deum de la Catedral de Santiago se realizaban protestas. Al día siguiente, un grupo de mapuches protestó durante la Parada Militar. El sacerdote jesuita Felipe Berríos junto a representantes del INDH y del Colegio Médico, visitó a los huelguistas y anunció gestiones ante las autoridades.
El jesuita Berríos declaró a la radio La Clave: “Ellos dicen que fueron apresados de manera injusta. Yo encuentro que en realidad las pruebas no son muy contundentes. Desde entonces, hace un año y tres meses, están en prisión preventiva, es decir todavía no se los formaliza. Su situación es desesperada. Los tres hermanos son gente pobre y me da la sensación de que los abogados defensores y los fiscales están más abocados al caso Luchsinger Mackay, que acapara todos los medios. Lo complicado de esto es que los presos han perdido veinte kilos en promedio. La pregunta de cuánto más pueden durar es muy difícil de responder porque en estos momentos puede haber una descompensación fatal. Estamos en una etapa urgente, si a uno de ellos le pasa algo, la cosa puede cambiar mucho. La acusación es muy grave, pero lo que no está claro es si ellos son los responsables. Si es así, la justicia tiene que ser firme, pero, ¿si son inocentes? No piden que se salte la justicia, sino que se haga un juicio pronto”.
Al cierre de esta edición, el informe médico advertía: “Presentan un deterioro rápido y progresivo de las funciones cognitivas (…) Es necesario prestar atención urgentemente al hecho de que cursarían con signos que sugieren cuadros agudos, que se evidencian hoy y que pudieran tener consecuencias graves en el corto plazo, generar secuelas futuras e incluso provocar la muerte (…) Respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, comunicada recientemente sobre la situación de Alfredo Tralcal y Benito Trangol, queremos enfatizar que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, las medidas de alimentación forzada constituyen una forma de trato cruel, inhumano, degradante y tortura; por lo tanto, contrarios a la ética. En este sentido los profesionales de salud no pueden participar en la aplicación de esas medidas”.

ARNALDO PEREZ GUERRA

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 885, 29 de septiembre 2017).

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