Los casos de Venezuela y Bolivia

Asamblea Constituyente, experiencia democrática

MAGDALENA Cajías de la Vega, cónsul general de Bolivia, y Arévalo Méndez Romero, embajador de Venezuela.

El seminario Ciudadanía Constituyente, organizado por el Proyecto Red Ciudadanías para la Democracia y el Programa U-Redes de la Universidad de Chile, convocó a reflexionar sobre el proceso constituyente del gobierno y la exigencia de una Asamblea Constituyente que plantean numerosas organizaciones sociales.
Para conocer experiencias de Asambleas Constituyentes expusieron Arévalo Méndez Romero, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, y Magdalena Cajías de la Vega, cónsul general del Estado Plurinacional de Bolivia. En el debate participaron Doris González -dirigenta del Movimiento de Pobladores Ukamau-, Héctor Testa -de la Fundación Crea-, y los académicos Fernando Atria, Paula Vidal y Sergio Grez.

ARÉVALO MÉNDEZ ROMERO (Venezuela):
“No se puede hablar del proceso constituyente sin referirse al contexto político, social y cultural. En Venezuela el problema comenzó en 1908, cuando se da el primer golpe de Estado por parte de Estados Unidos a un presidente: Cipriano Castro, que se atrevió a meterse con el petróleo. Se atrevió a legislar. Hasta 1935 estuvimos regidos por la atroz dictadura de Juan Vicente Gómez. En 1941, el presidente -Isaías Medina Angarita- decide meterle mano al petróleo. Un presidente nacionalista, popular, para nada izquierdista. Los ingresos petroleros eran elevadísimos. Le preguntó a los estadounidenses, ingleses y holandeses: ‘¿Si ustedes pagan 30% de impuestos en sus países por la explotación petrolera, por qué a Venezuela le pagan solo 12%?’. Ya explotaban petróleo en el Medio Oriente, donde pagaban alrededor de 13% de regalía, pero en Venezuela solo el 1%. El presidente Medina Angarita logró después de tres años de lucha con el Congreso, un cambio. Pero quince días después de haber aprobado leyes que modificaban esa expoliación, ya no era presidente: fue derrocado.
El tercer golpe lo tuvimos con Rómulo Gallegos, que lo único que hizo fue preguntar otra vez a los norteamericanos, ingleses y holandeses. Cada vez que subía un dólar el petróleo, les decía: ‘Ese dólar adicional no es producto de que ustedes inviertan, es un asunto del mercado. Vamos a hacer lo siguiente: por cada dólar que aumente, 50 centavos para ustedes y los otros 50 para nosotros’. El fifty-fifty fue una lucha ardua incluso contra diputados y senadores que estaban a favor de las petroleras. Gallegos impuso su tesis, pero quince días después ya no era presidente. Solo la nueva Constitución de 1999 nacionalizó el petróleo. Chávez se atrevió y en 2002, cuando decide definitivamente meter mano al petróleo, dejó de ser presidente por un golpe de Estado que duró 36 horas.
Chávez asume la Presidencia con un 40% de pobreza en un país con enormes recursos energéticos, y un 24% de pobreza extrema. 700 mil estudiantes en aulas universitarias. En 1999 la inversión social era del 6% del PIB. Cuatro millones era el déficit de viviendas y en cuanto a las relaciones internacionales, éramos un país tan desconocido en el mundo como nosotros desconocíamos Latinoamérica y el Caribe, donde nunca habíamos vuelto la mirada. El proceso constituyente venezolano hay que verlo en ese contexto. En el periodo que va desde 1958 a 1998, es una terrible historia de violaciones de los derechos humanos. Los detenidos desaparecidos no comienzan en el Cono Sur con las dictaduras en Argentina o Chile, sino en Venezuela en 1965: el profesor Alberto Lovera, comunista. Recuerdo, todavía de niño, su historia: fue el primer latinoamericano detenido y asesinado, amarrado con cadenas y lanzado desde un helicóptero al mar.
Durante su campaña, en 1998, Chávez no hizo ninguna promesa. Pero se comprometió a convocar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Ese fue su único leitmotiv. No ofreció carreteras, ni siquiera educación gratuita. Cuando asume, su primer acto fue convocar a un Consejo de Ministros para aprobar el decreto por el cual la Presidencia convocaba un referéndum para preguntar al pueblo si quería una nueva Constitución. Dos días después las fuerzas conservadoras fueron a la Corte Suprema y demandaron la nulidad del decreto. Afortunadamente en aquella Corte había racionalidad política para entender que era el momento para salir del lastre de 40 años de ignominia y pobreza. El presidente de la Corte asumió la redacción de la sentencia que rechazó la demanda. El magistrado señaló que el artículo 4º de aquella Constitución decía que la soberanía reside en el pueblo, por lo tanto, si el pueblo votó por Chávez y él ofreció un cambio de Constitución, no había fórmula política ni legal para detener un proceso de convocatoria de una Asamblea Constituyente.
El referéndum preguntó al pueblo: ¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? El 87,75% votó por la opción Sí. Nuestra Asamblea Constituyente se conformó con 131 diputados, de los cuales 126 eran del Polo Patriótico, es decir, chavistas. Trabajaron seis meses. Se recibieron más de 35 mil participaciones directas, es decir, asambleas ciudadanas. Se verificaron más de siete millones de opiniones y propuestas efectuadas mediante cartas, mensajes radiofónicos, discos compactos, audios, llamados a línea 800 y correos electrónicos, de manera que fue una participación amplia, y los venezolanos tuvimos la oportunidad -por primera vez- de discutir lo que queríamos como elementos fundamentales de nuestra democracia.
En nuestra Constitución hay conceptos que eran impensables en una sociedad dominada por el petróleo y cúpulas conservadoras más interesadas en una relación con Estados Unidos y Europa que con el interior del país. Conceptos como Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Justicia es lo que da pie al desarrollo de leyes y elementos estructurales en la organización del Estado y la sociedad para ser de verdad una sociedad democrática. Chávez incluía el concepto de revolución en sus discursos. Muchos dicen que no es una revolución. Creo que quitarles el petróleo a los norteamericanos e ingleses sin disparar un tiro es verdaderamente una revolución. Aprobar una Constitución que incluye el concepto de Estado democrático y social, de derecho y de justicia, es revolucionario. Afortunadamente, se hizo pacíficamente.
¿Qué nos ha traído esto? La pobreza, que superaba el 40%, hoy es del 14%. El 24% de pobreza extrema, hoy está en 5%. Tenemos dos millones 300 mil estudiantes universitarios. Cuando llegamos al gobierno el 38% de la educación universitaria era privada, hoy está en 15%, y retrocediendo. Todo lo avanzado es fruto de la nueva Constitución”.

MAGDALENA CAJÍAS DE LA VEGA (Bolivia):
“El proceso en Bolivia es de abajo hacia arriba. Esa es una gran cualidad porque no es el proceso de transformación de una vanguardia iluminada que consigue convencer a gran parte de la población y la arrastra, como se pensaba desde ciertas ideologías que en Bolivia no han cuajado. Lo que estamos viviendo se construye desde la sociedad hacia el poder político, desde la movilización y la acción social. Aun cuando el poder en este momento está expresando a gran parte de la sociedad, sigue dependiendo de la convicción de la sociedad por ese cambio, de la identificación con lo que dice la Constitución, no de la aceptación pasiva. Esa hipótesis es la que nos da la fe de que el proceso todavía, y espero para largo tiempo más, tiene la oportunidad de convertir en realidad los sueños plasmados en la Constitución.
Para comprender el cambio constitucional que vive Bolivia en 2009, el contexto en el que se produce es el de la década de los 90. Contrariamente a lo que algunos cientistas llamaron ‘la década perdida’, otros la llamamos ‘la década de la acumulación’, porque sin duda es el periodo en que se cuestiona el neoliberalismo que venía aplicándose desde 1985, que además tenía ‘éxitos’ como lograr estabilidad económica, con muchas apariencias en cuanto a la distribución de la riqueza, pero daba la impresión que estábamos viviendo un momento de desarrollo porque llegaban muchas inversiones. En los 90 empieza el desencanto con ese modelo. Ese es el primer elemento presente, el cuestionamiento al neoliberalismo por la incapacidad de responder a las necesidades fundamentales de la sociedad, y por otro lado, porque eliminó muchos derechos que habían costado largos años lograr.
Lo que cuestiona la sociedad boliviana es la flexibilidad laboral, en un país donde el movimiento obrero siempre ha sido muy fuerte, donde en 1952 fue capaz de defender a sangre y fuego derechos como la huelga. La situación de los trabajadores es un tema que se va calentando porque cada vez más la flexibilización laboral implicaba aniquilamiento de derechos. Otro elemento es el mercado de tierras. Vivimos una reforma agraria en 1953, después de una revolución social, y el campesinado indígena que recibió tierras las defendía. El neoliberalismo trajo un gran mercado de tierras que permite que en ‘lugares vacíos’, en el oriente del país, donde viven pueblos indígenas, avance la propiedad privada de la tierra que consolida una burguesía agraria muy fuerte.
Crece la desigualdad, disminuyen los derechos, viene la privatización de la salud y de la educación, aunque no alcanza niveles tan altos como en otros países. Se defendió mucho el derecho a la educación pública y que fuera gratuita. La universidad siguió siendo gratuita. Eso no lo pudo cambiar el neoliberalismo. Pero aparecieron muchísimas universidades que planteaban la privatización, entran las AFPs, etc. También el neoliberalismo trae la desnacionalización de los recursos naturales. Tremendo lo que ocurre en cuanto a lo que era la minería nacionalizada. Se destruye el aparato productivo que estaba fundamentado en la inversión del capitalismo de Estado. Desde 1985 traspasan recursos naturales a las transnacionales.
Y está el desprestigio de la clase política. La democracia vuelve el 82 a Bolivia, después de 18 años de gobiernos militares, algunos nacionalistas y elecciones en medio, con gobiernos que duraban poco porque venía un golpe de Estado. Es un periodo de gran inestabilidad. La democracia se supuso que trajo estabilidad, pero termina siendo una democracia representativa liberal, donde los partidos políticos sienten que representan al conjunto de la sociedad y en realidad no lo hacen. Ese descrédito se produce no solamente por la corrupción. Es por su incapacidad de responder a las demandas sociales, en un país donde la sociedad siempre ha sido muy fuerte, contestataria, combativa y organizada. Ese sistema quiso olvidar que Bolivia tenía sindicatos, organizaciones sociales que no solo eran reivindicativas sino que tenían un carácter político.
En 1992, con la celebración de los 500 años del descubrimiento o invasión de América, los indígenas se preguntan: ¿Por qué seguimos votando por partidos políticos que no nos incluyen, que no incluyen nuestras perspectivas de vida, de concepción del mundo, de cultura, que nos usan como escalera para llegar al poder? Se discute lo que inicialmente se llamó el Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos, que después se convertirá en partido político. Ya no era solo luchar desde la sociedad contra el Estado, sino que llegar al Estado. Ya no se habla de dictadura del proletariado, que era lo que decían el PC, POR y la Izquierda clásica. Se habla de que queremos llegar al poder para el conjunto de los bolivianos porque representamos auténticamente a la nación.
En 1995, participan en las elecciones municipales y la gran sorpresa es que en la zona del Chapare, donde se desarrollaban luchas y estaba concentrada la intervención norteamericana, donde comenzó a actuar varios años antes Evo Morales, ganan todos los municipios. Se dan cuenta que participar en la vida política, aunque no les guste el sistema, sí es posible.
Se articulan los sectores sociales que quieren el cambio. Algo que ha sido extraordinario en Bolivia es que empiezan a generarse lo que Gramsci llamaba los bloques sociales de poder. Se estructura un bloque social enorme, amplio, diverso. Para el 2000 ya está claro que sectores obreros, artesanales, informales, intelectuales, empiezan a confluir en el reconocimiento que quienes pueden conducir el cambio son los campesinos indígenas. Eso es extraordinario en un país tan racista y excluyente como el nuestro, que arrastraba una carga terrible de haber excluido a la gran mayoría del poder político. Esa articulación se va dando en los procesos de lucha. La confluencia genera un bloque social con vocación de poder, que es el que hace posible la actual Constitución, porque las demandas de los pueblos y sectores sociales ya estaban claras. Sabíamos que queríamos: en vez de una democracia limitada, una participativa. Se había hablado de eso en todas las luchas. Sabíamos que queríamos el retorno de los recursos naturales al Estado. Estábamos conscientes de que era necesario un cambio, que la educación, salud, vivienda, eran derechos humanos imprescindibles, que no pueden tener fines de lucro, que el Estado tiene que hacerse cargo. Sabíamos que los partidos políticos que habían gobernado Bolivia ya no servían. En 2002 el Movimiento al Socialismo presentó a Evo Morales como candidato. Las encuestas le daban poca chance, sin embargo sacó el segundo lugar porque le robaron el primero. Pasaron tres años y llegó al poder. Lo significativo es que ya estaba el programa, lo había construido la sociedad en sus luchas. Evo y el MAS fueron capaces de asumir eso, de convertirlo en un proceso constituyente altamente participativo y plantear que la Constitución no podía cambiarse parcialmente, que había que cambiarla toda, desde el origen. Y así nació el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Arnaldo Pérez Guerra

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 856, 22 de julio 2016).

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