El canal de todos, el desfalco de todos

Por estos días Televisión Nacional vive una de las peores crisis que se recuerde desde que entró en la absurda dinámica de competir de igual a igual con los demás canales de señal abierta. Y cuando digo absurda es que pongo sobre la mesa el real objetivo que el canal de todos los chilenos debería cumplir, no sólo por tratarse de una señal pública con fines pluralistas y contenidos amplios en sus contenidos, sino más bien por la esencia con que se creo. Se trata de una idea mayor, que la ponga en un carril distinto de aquellos grupos empresariales que manejan medios de comunicación con objetivos claros, específicos y condescendientes con el manejo del mundo privado.
Hay un hecho que es innegable y tiene que ver con el rotundo fracaso de la televisora estatal a la hora de tratar de competir con las demás estaciones. El fracaso estadístico obliga a modificar la estrategia aunque la aparente solución parece más una burla sin complejos que nos hace pensar que, efectivamente, las verdaderas directrices del canal -que se manejan a nivel político y desde La Moneda- están enfocadas hacia la triste realidad de manejar el mensaje más que garantizar la democracia de las ideas.
Por eso, el desafortunado anuncio del gobierno de inyectar 70 millones de dólares para levantar una estación que sucumbe ante sus competidores nos entrega señales lamentables. Primero porque desconoce la real finalidad de TVN, que está lejos de entrar en un negocio de voraces grupos de poder que incitan al telespectador a quedarse con un mensaje sesgado. Segundo porque nos refriega el fracaso del canal al decidir que con el dinero de cada chileno se intenta ampliar los tentáculos de su funcionalidad a plataformas mayores, como el posicionamiento radial o la pronta masificación de las señales digitales, algo que los demás canales ya consiguieron. Y tercero -y quizás lo más cuestionable del anuncio- porque no se canaliza en el problema real que lo lleva a lugares secundarios en los rankings de sintonía y simpatía de la gente: la funcionalidad.
Si por estos días TVN mira desde el subsuelo cómo los demás competidores de la industria arrasan con el liderazgo que mantuvo por años, es precisamente porque el canal estatal sufre la disyuntiva de querer entrar en una vorágine sin los lineamientos que esa misma guerra de contenidos obliga. Para ganar en rating se necesitan dos cosas: tener una dirección idónea, con mandamases que conozcan el negocio al dedillo -los principales directores y ejecutivos de la estación están hoy allí por nombramiento político con nula experiencia en el mercado de la televisión-, y un objetivo editorial claro. Y en eso, la convocatoria que por décadas se mantuvo respecto de garantizar todas las voces y ampliar la visión país a través de un medio de comunicación estatal parecen reñidas con los últimos acontecimientos que han puesto a la señal pública en el banquillo de los acusados.
La parcial y poco amigable cobertura de la crisis en Chiloé, agravada por el archicomentado suceso de censura contra una pobladora en plena protesta, que protagonizó uno de sus rostros emblemáticos la animadora Karen Doggenweiller -quien además es esposa de un candidato a la Presidencia, lo que agrava más la falta-, se suma a la “silenciada” protesta del embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez Romero, que acusó al departamento de prensa del canal de faltar a la verdad y traicionar la ética periodística al transmitir un reportaje sobre la crisis en ese país con una inconveniente edición en base a videos de Youtube publicados por fanáticos, dejando de lado el ejercicio de reportear en terreno la realidad de un país con evidente conflicto social.
Desde la representación diplomática venezolana se solicitó al presidente del directorio de TVN, Ricardo Solari -un personaje cuyos conocimientos dentro de la industria son claramente cuestionables-, que se transparente una radiografía más real por la misma vía en que se expuso flagrantemente una visión conveniente de lo que acontece dentro de sus fronteras. Otra señal de sesgo y aprovechamiento político de un canal cuya línea programática aparece cada vez más reñida con lo que su mandato constitucional defiende: ser garante de la transversalidad y alejarse de los intereses menores o sectarios que son más admisibles y comprensibles en la esfera del mundo privado.
La ola de críticas a la decisión del gobierno de lanzar un salvavidas al canal de todos tiene, entonces, un argumento indiscutible. La televisión pública parece cada vez menos pública. Y si es así, entonces es el momento de alzar la voz para dejar de ser garantes e inversionistas de un proyecto sin rumbo claro y que sigue traicionando su búsqueda elemental. No tenemos por qué estar solventando el negocio de unos pocos.

Ricardo Pinto

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 852, 27 de mayo 2016).

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