Paraguay

Lucha por la tierra

SOBREVIVIENTES de la masacre de Curuguaty.

La sociedad paraguaya, ejerciendo su derecho a conocer la verdad, interpela al Estado preguntando: ¿qué pasó en Curuguaty? La pregunta se ha instalado en el debate social y político no solo de Paraguay, reflejando que no hay una respuesta sino un conjunto de acontecimientos artificiosamente encubiertos y de difícil comprensión, detrás de los cuales está la derecha paraguaya en alianza con el imperialismo norteamericano.

¿QUÉ PASÓ EN CURUGUATY?
El 15 de junio de 2012, 326 policías con furgones, caballería y un helicóptero entraron a desalojar ilegalmente las tierras públicas de Marina Kué, donde acampaban decenas de familias sin tierra. El resultado de la invasión dejó 17 muertos, once campesinos, varios de ellos ejecutados una vez heridos, y seis policías. Los campesinos y campesinas que lograron ponerse a salvo fueron imputados por la muerte de los seis policías, poco importó lo que develara la autopsia. Los campesinos asesinados quedaron en el camino y su muerte hasta el día de hoy no ha sido investigada ni sancionada.
Y es que en Paraguay pasan cosas muy raras, tan raras como que esta matanza significó el inicio de la mayor crisis política del país en el siglo XXI y la continuación del nuevo modelo de golpe de Estado en América Latina, inaugurado en Honduras en 2009.
Cuando el presidente Fernando Lugo comenzó a investigar las tierras malhabidas (tierras fiscales repartidas ilegalmente, primero entre los amigos del régimen de Stroessner y después entre la oligarquía paraguaya) ya habían pasado casi tres años de su mandato. Las corporaciones nacionales y extranjeras, nucleadas en la Unión de Gremios de la Producción (UGP), intensificaron la campaña de desprestigio, que sumada al conflicto mediático que generó la negativa del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) a autorizar el cultivo de semilla de algodón transgénico de la compañía norteamericana Monsanto, generaron un clima de ambigüedad que el gobierno no supo resolver a su favor.
Con la derecha atenta, y hurgando donde más dolía, se aprovecharon dos circunstancias: las fuertes protestas de la UGP contra el gobierno y la emboscada organizada en las tierras de Marina Kué, que derivó en la conocida masacre. De inmediato, Lugo fue acusado de “traer el caos y la lucha de clases entre compatriotas”, como aparece en las acusaciones del juicio político que lo destituyó el 22 de junio de 2012. Su vicepresidente, el liberal Federico Franco, tomó el poder hasta el 15 de agosto de 2013, cuando asumió nuevamente un presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.
 
LOS INTERESES OCULTOS TRAS LA MASACRE
Marina Kué tuvo una intención concreta pero invisibilizada. Se presentó la masacre como un enfrentamiento, modificando el suceso y posibilitando la destitución de Fernando Lugo por medio de una farsa golpista de juicio político parlamentario, en el que jugaron un papel esencial los traidores del Partido Liberal.
Este golpe instaló de nuevo un gobierno de ideología fascista, el cual puso a funcionar, de inmediato, sus conocidas prácticas: despido de funcionarios opositores, criminalización de la lucha social, cooptación o persecución de dirigentes, compra de medios de comunicación, legalización de semillas “mejoradas”, carta blanca para las transnacionales y los agrotóxicos, expropiación de los bienes comunes y restitución de alianzas con el imperio yanqui.
Según datos del Censo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería del año 2008, el 85% de las tierras cultivables de Paraguay le pertenecen a una oligarquía que representa el 3%. Al día de hoy las cifras son más drásticas. Esto origina algunos de los problemas actuales: la acelerada expansión de la agricultura empresarial en detrimento de la biodiversidad de la agricultura familiar, y su empobrecimiento; el excedente de mano de obra; la contaminación del suelo y el agua, la deforestación o la forzada migración campo-ciudad.
El campesino en la ciudad se suma a los cinturones de pobreza, sobreviviendo como puede. Este hecho se constata en el desbordamiento de estos cinturones hacia el centro de la ciudad de Asunción, donde pequeñas casetas construidas con madera dan cuenta de la magnitud del problema. Como decía Néstor Castro, procesado del caso Curuguaty, “en Paraguay, sin tierra, no se come y con tierra, se vive”. Este es el motivo por el cual en estas latitudes, como en muchas otras, se siguen ocupando tierras. Por ello, una verdadera reforma agraria es urgente y necesaria.
En ese reclamo estaban las familias que decidieron ocupar las tierras de Marina Kué, las cuales formaban parte de las llamadas tierras malhabidas. El amigo del régimen stroessnerista que se adueñó de dichas tierras es el hoy fallecido ex senador colorado Blas N. Riquelme, de la familia propietaria de Campos Morombí, SAC y A.

¿QUÉ ES CAMPOS MOROMBÍ?
Campos Morombí Sociedad Anónima Comercial y Agropecuaria es una empresa del grupo Riquelme, todo un linaje que logró apropiarse de las tierras de Marina Kué de forma fraudulenta. Las 2.000 hectáreas que conforman Marina Kué fueron entregadas al Estado en 1967 por La Industrial Paraguaya, SA (Lipsa), como forma de pago por las deudas contraídas, para uso de la Armada Nacional, desde 1967 hasta 1999 de manera ininterrumpida. El Destacamento Naval Agropecuario Km 35 Curuguaty desocupó el lugar por problemas logísticos. Cinco años después, el 19 de abril de 2004, el Movimiento por la Recuperación Campesina de Canindeyú (MRCC) inició las acciones administrativas para solicitar las tierras para la ampliación de la colonia Yvypytã, de Curuguaty. Ese mismo año, las tierras fueron desafectadas de la Armada mediante decreto del Poder Ejecutivo y transferidas al ente estatal para la administración de la política agraria. En paralelo, el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) reactivó las gestiones para la transferencia legal del inmueble. Mientras esto ocurre, la empresa Campos Morombí SAC y A. inicia un juicio de usucapión (ley que permite obtener tierras por ocupación) que gana en primera y segunda instancia gracias a varias irregularidades.
Cuando los campesinos y campesinas ocupan estas tierras, la empresa Campos Morombí presenta una denuncia por invasión de inmueble ajeno solicitando el carácter de “auxilio judicial y desalojo”. La consecuencia de esta solicitud fue una masacre, la masacre de Curuguaty.

¿RESERVA NATURAL UN PEDAZO DE TIERRA?
Actualmente, el caso continúa en disputa legal. En cambio, sin haberse clarificado la titularidad de la propiedad, la empresa Campos Morombí, a principios de septiembre, llevó a cabo otra irregularidad: realizar una donación de las tierras de Marina Kué al Estado para declararlo reserva natural. La donación generó polémica y abrió un debate que ha durado hasta el 24 de noviembre reciente, fecha en que el actual presidente Horacio Cartes decide validar la última artimaña de los Riquelme aceptando la donación.
Es importante reseñar que serán las Fuerzas Armadas las encargadas de resguardar y custodiar la integridad de la reserva, así como la conservación de sus recursos. ¿Habrá tenido algo que ver que los familiares de los procesados de Marina Kué y de los campesinos asesinados volvieron a ocupar las tierras a finales de agosto? ¿Será que en esta ocasión ordenar un desalojo despertaría la indignación de los paraguayos y paraguayas, propiciando un levantamiento? ¿Es posible que la astucia de la derecha sea tan grosera que haya estudiado las características de las nuevas generaciones y haya observado que demandan cuidado del medioambiente? ¿Será posible que hayan conseguido legitimar los cultivos de soya transgénica de los brasileros en primera línea de carretera, protegidos por la reserva natural en unión con las Fuerzas Armadas, para garantizar el cultivo de marihuana en el interior del territorio? Parece que todo apunta a planes de enriquecimiento de unos pocos en base al pisoteo de muchos otros.
Rubén Villalba, Néstor Castro, Felipe Benítez, Dolores López, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, María Fani Olmedo, Felipe Nery Urbina, Luis Olmedo y Raquel -una adolescente en el momento de los hechos y que se la está juzgando en un juicio aparte- , son los rostros que el Estado ha elegido para purgar la maniobra. Desde entonces viven encarcelados, primero en las penitenciarias y, después de varias huelgas de hambre, en prisión domiciliaria, salvo Rubén Villalba, hoy preso en la prisión de Tacumbú. Mientras están siendo juzgados, el presidente del país quiere “dar por terminado el tema” aceptando la donación de Campos Morombí. 
El fiscal se niega a hablar y el Ministerio de Justicia dilata nuestra solicitud para ingresar a la cárcel de Tacumbú y entrevistar a Rubén Villalba. Ni siquiera da una respuesta

VANESSA PÉREZ Y RAÚL GARCÍA
Proyecto sobre América Latina Vocesenlucha
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(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 844, 8 de enero 2016)

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