Observatorio Político

Gobierno opta
por la represión

Autor: MANUEL SALAZAR SALVO

En un desesperado intento por recuperar el apoyo de la derecha más dura y repuntar en las encuestas de popularidad, el gobierno optó por aumentar la represión al movimiento estudiantil, intentar su quiebre y criminalizar las protestas sociales, anunciando que enviará al Congreso un proyecto de ley que penalizará cualquier intento por manifestarse en contra del orden imperante.
Al mismo tiempo, se observó un notorio incremento de la violencia de Carabineros en contra de los jóvenes y demás ciudadanos que salen a las calles a expresar sus reclamos. La policía uniformada redobló el uso de gases lacrimógenos y otras técnicas disuasivas, empleándolos sin discriminar entre las conductas de los manifestantes. Recintos hospitalarios, edificios públicos y residencias privadas se han visto afectados por el abusivo gaseo de las fuerzas especiales, proceder que se asemeja cada vez más a la actitud mantenida por Carabineros en la década de los 80, en plena dictadura militar.
No parece una casualidad que en el proyecto de ley que prepara el gobierno para sancionar el comportamiento disidente le haya cabido importante papel al abogado Miguel Otero Lathrop, fugaz embajador en Argentina, docente y asesor de Carabineros durante largos años, tío del senador Alberto Espina, uno de los principales promotores de la idea. El texto de la iniciativa ha sido preparado en el estudio jurídico que Espina mantiene junto a los abogados Juan Domingo Acosta y Carlos Cepeda, este último asesor del presidente Sebastián Piñera, quien lo designó como integrante del directorio de Televisión Nacional.
Otero Lathrop es, además, el padre de Fernanda Otero, una de las principales asesoras comunicacionales de Piñera, encargada de un equipo de profesionales que realiza un minucioso seguimiento de los contenidos de los medios de prensa, en especial de la televisión. Ejecutivos de TVN han manifestado en privado su creciente molestia por las restricciones que les impone La Moneda para elaborar los contenidos de sus noticieros.
Carlos Cepeda, en tanto, fue también uno de los gestores de la invitación a un grupo de dirigentes de Renovación Nacional que se reunieron hace algunas semanas en Quilicura para promover más apoyo al mandatario, cita a la que asistieron connotados integrantes del gobierno y que fue considerada como un primer apronte para levantar una lista que les permita controlar la directiva de RN en las próximas elecciones de ese partido.

Presupuesto
condicionado

El quiebre de la mesa de diálogo entre los estudiantes y el gobierno generó un escenario que podría entrabar la aprobación de la Ley de Presupuesto 2012. El Ejecutivo decidió concentrar en el Parlamento sus esfuerzos para solucionar la crisis estudiantil y avanzar en la aprobación de proyectos que abordan la reprogramación de deudas de los morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, una reforma constitucional para proclamar una educación de calidad, la disminución de la tasa de interés del Crédito con Aval de Estado y el aumento de la subvención escolar preferencial. En los próximos días debe enviar los proyectos para desmunicipalizar la educación, crear la Superintendencia del ramo, la Subsecretaría de Educación Superior y aprobar una ley del lobby, solicitada por rectores de diversas universidades.
No obstante el interés de La Moneda, la oposición condicionó la discusión de estas iniciativas legales y la Ley de Presupuesto a un avance efectivo en la solución de fondo a las aspiraciones del movimiento estudiantil. Para ello -señalaron varios senadores y diputados- debiera abordarse en primer lugar una reforma tributaria que permita obtener los fondos necesarios para los cambios educacionales. Al respecto, sin embargo, en las filas de la Concertación, especialmente en la Democracia Cristiana, no existe una posición homogénea sobre varios de los aspectos más sensibles del problema, como son el tema de lucro y el aumento de los impuestos a los sectores de mayores ingresos.
El senador Alejandro Navarro, líder del Movimiento Amplio Social, MAS, declaró que el movimiento estudiantil de los “pingüinos”, en 2006, fue “traicionado” por miembros de la Concertación y que en esta oportunidad no debiera ocurrir lo mismo. 
 
Ofensiva de
La Moneda

La ofensiva de La Moneda por quebrar al movimiento estudiantil pretende demonizar a los dirigentes universitarios y secundarios no alineados con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. A todos ellos se les ha calificado de “ultras” o “duros” por no pertenecer a los partidos reconocidos por el sistema. Los diarios El Mercurio y La Tercera, en un intento por clasificarlos como tales, identificaron a varios de ellos en sus suplementos del domingo 10 de octubre.
El diario de Agustín Edwards optó por personalizar a los “ultras” en David Urrea, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, de Iquique, 26 años, estudiante de trabajo social, miembro del colectivo Intersindical de Trabajadores, obrero de la construcción, hijo de padres vendedores ambulantes.
La Tercera, en tanto, identificó a nueve dirigentes de la Confech como los “duros de regiones”, pertenecientes a estratos medios bajos, lectores de Marx y seguidores del hip hop.
Aparte de David Urrea, figuraron Patricio Contreras, 22 años, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, alumno de ciencias políticas, hijo de un fallecido obrero de la construcción y de una ex asesora del hogar, ex dirigente de los “pingüinos”; Sebastián Farfán, 23 años, dirigente de la Universidad de Valparaíso, tesista de historia, miembro del colectivo Estudiantes Movilizados, hijo de un transportista de la CCU y de una dueña de casa; Guillermo Petersen, 21, dirigente de la Universidad de Concepción, alumno de sociología, hijo de una peluquera y de un faenador, miembro del colectivo Construcción Estudiantil; Eric Coyomán, 25 años, dirigente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, alumno de quinto año de trabajo social, hijo de una vendedora de productos Avon y de un taxista; José Ancalao, 22 años, dirigente de la Federación de Estudiantes Mapuches, alumno de tercer año de antropología en la Universidad Católica de Temuco, hijo de una asesora del hogar en Las Condes y de un obrero forestal; Laura Palma, 20 años, dirigenta de la Universidad de La Serena, alumna de pedagogía en historia y geografía, temporera en verano, hija de una asesora del hogar, ex dirigenta “pingüina”; Felipe Valdebenito, 23 años, representante de la Universidad de La Frontera, alumno de cuarto año de periodismo, hijo de un taxista y de una dueña de casa y, Gastón Urrutia, 22 años, representante de la Universidad del Bio Bío, alumno de bachillerato en ciencias naturales, el único de los mencionados que es hijo de padres profesionales.
Todos estudian con becas o créditos, ninguno milita en partidos políticos, todos se definen de Izquierda, pero (...)

Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 744, 14 de octubre, 2011
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