El exilio todavía existe

Autor: JUAN JORGE FAUNDES

JORGE Martín Martínez volvió para caer en las redes de la burocracia judicial.

Vuelvo a casa vuelvo compañera
vuelvo mar montaña vuelvo a puerto
vuelvo sur saludo mi desierto
vuelvo a renacer amado pueblo.

Vuelvo amor vuelvo, a saciar mi sed de ti
vuelvo vida vuelvo, a vivir en mi país.

Traigo en mi equipaje del destierro
amistad fraterna de otros suelos
atrás dejo penas y desvelos
vuelvo por vivir de nuevo entero.

Vuelvo amor vuelvo...
                             (Illapu)

Agrupados en una página web cuyo título es el tema de Illapu (vuelvo.cl) se asoman “virtualmente” a esta patria que los rechaza. Para unos todavía son el enemigo interno que hay que mantener entre las rejas de cárceles de alta seguridad. Para otros, que hoy disfrutan de los espacios de libertad y de poder que estos soldados de la resistencia contribuyeron a abrir con sus fusiles, son muy incómodos. ¿Cómo aceptar que internaciones de armas y “hechos de sangre” (como el atentado al tirano, sin ir más lejos) pudieran crear un clima de desestabilización que facilitara el retorno a la democracia? Más fácil es rendir honores, doscientos años después (que eso es el Bicentenario), a los hacendados y aristócratas criollos que se alzaron en armas contra los realistas españoles. Más fácil es farandulizarlos en telenovelas como Manuel Rodríguez, el guerrillero del amor. Pero muchos guerrilleros de verdad, manueles rodríguez miristas y lautaros que se la jugaron cuando las circunstancias lo exigían, todavía no pueden corear “Vuelvo” entre rones, cantautores y nostálgica euforia en los restobares de Bellavista.
Ya no tienen en su pasaporte el estigma de la letra “L” que les estampó la dictadura pinochetista a miles de exiliados que debieron permanecer por años en el destierro, y que significaba “pasaporte limitado” porque era válido sólo para desplazarse fuera de las fronteras del país. Son más de cien los que no tienen la “L” pero viven todavía desterrados sin poder regresar a Chile. Son ex combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y algunos del Mapu-Lautaro. Su pecado: haber empuñado el fusil antes del 11 de marzo de 1990 contra Pinochet, ejerciendo aquel derecho que la Declaración Universal de los Derechos Humanos describe como “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Nueve están cumpliendo condenas de extrañamiento que vencen en 2032. Y más de cien al volver, serían detenidos por tener procesos pendientes, porque salieron del país con autorización pero no regresaron, o porque se fugaron de la cárcel.

La hora de la resistencia

La resistencia armada contra la dictadura de Pinochet se acrecentó a partir de 1979, cuando el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) inició la Operación Retorno con cuadros adiestrados en Cuba. Pero hubo un revés fatal en 1981, con el descubrimiento de un foco en Neltume y por seguridad, se debió desactivar otro en Nahuelbuta. La actividad insurgente se reforzó a partir de 1983, cuando el Partido Comunista implementó la Rebelión Popular de Masas acordada en 1980. El PC puso en acción al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyos oficiales tenían formación militar en Bulgaria y Cuba, y experiencia en el “Batallón Chile” de la revolución sandinista.
Combatieron. Quedaron heridos e hirieron, mataron y murieron, asumiendo la ley de una guerra que se rige por códigos éticos internacionales, como los Convenios de Ginebra de 1949. Tanto los Estados como los grupos armados no estatales están obligados por estas normas. La Cruz Roja Internacional precisa que ellas constituyen “un marco vigente para proteger a los civiles y a los combatientes enfermos, heridos o capturados” y que “los actos comúnmente considerados como terroristas -ataques contra civiles, ataques indiscriminados y toma de rehenes- están expresamente prohibidos por el derecho internacional humanitario”. La resistencia contra la dictadura se rigió por estas normas, pero no se puede decir lo mismo de la Dina, la CNI, la Dicomcar y otros.
Bien lo sabe Jorge Martin Martínez, 54 años, ex combatiente del FPMR, hijo de exiliado español que llegó en el Winnipeg. Fue detenido por la Dicomcar el 30 de junio de 1986 en calle Mamiña 150, La Cisterna. Horas después, el 1º de julio, fueron asesinados en esa misma casa Margarita Eliana Martin Martínez (43), María Paz Martin Martínez (30) e Isidro Salinas Martin (20), dos hermanas y un sobrino con quienes vivía. Hoy es cocinero, vive en Madrid y tiene una hija de 18 años que nació en España. Era uno de los chilenos que no pueden volver por tener procesos pendientes.
El 23 de agosto de 1984 participó en el asalto a la Armería Italiana, cuyo propósito era obtener armas. Otros compañeros asaltaron con el mismo objetivo, a la misma hora, las armerías Ricci y Real. Era un año en que la llamada Política de Rebelión Popular de Masas estaba en alza. Entre septiembre de 1983 y octubre de 1984, según narra Luis Corvalán en su libro Los comunistas y la democracia, citando cifras de la prensa de la época, “se registraron 1.889 acciones desestabilizadoras, de las cuales 1.138 fueron con explosivos, 229 sabotajes, 163 asaltos a mano armada, 36 atentados selectivos y 47 sabotajes mayores”. A ello se suman los caceroleos, las protestas, y el auge de las revistas opositoras Análisis, Apsi y Cauce.
Jorge Martin confirma su participación en la resistencia, “no tengo ningún problema en decirlo”, aseguró a Punto Final con un inconfundible acento español. Después de dos años en la Penitenciaría de Santiago, fue llevado a la Cárcel Pública, en la calle General Mackenna. De allí escapó el 29 de enero de 1990, junto a 49 presos políticos evadidos a través de un túnel de 60 metros excavado durante 18 meses por 24 militantes del FPMR.

“Vuelvo a casa vuelvo”

Cansado de vivir en el exilio, se embarcó a Chile el pasado mes de enero y al llegar, fue apresado por la policía del aeropuerto. “Me tuvieron cinco horas detenido por procesos pendientes en la justicia militar -por asalto, asociación ilícita, etc.- y en el 12º Juzgado del Crimen, en este último caso por un proceso contra el Frente. Yo alegué que se trataba de causas prescritas. Gracias a gestiones de mi abogado, Santiago Montenegro, me dejaron en libertad pero con citaciones.
Me presenté a los tribunales y ahora estoy con orden de arraigo. Mi caso en la justicia militar se desarchivó y terminó, confirmándose la prescripción. Tenía un pasaje para regresar a España el pasado 27 de abril, pero lo perdí porque el arraigo persiste mientras no se confirme la prescripción en el proceso contra el FPMR. Faltan trámites burocráticos que se han retrasado. Para regresar a España necesitaré ayuda de la embajada española…”.
El sí fue víctima del terrorismo pinochetista. Con lo que queda de su familia tiene entablado un juicio por el homicidio de sus dos hermanas y su sobrino. La fiscal María Angélica Granifo abrió el expediente 1843 del año 1987 logrando identificar a dos oficiales de Carabineros como presuntos autores. “Uno de los motivos de mi viaje, además de hacer valer la prescripción de mis causas, es este proceso; el 8 de marzo logramos reabrirlo y pedimos un ministro en visita. Está en la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda”.
Pero también son muchos los ex combatientes de la resistencia que ya están libres (o que nunca cayeron presos), que militan en partidos de la Concertación o de la Izquierda, y cuyos nombres de guerra están guardados en el desván de los recuerdos. Lo grave es que hay otros que (…)

( Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición 713,  9 de julio, 2010)
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