Corrupción bajo Alessandri

ARTURO Alessandri, su perro Ulk y el ministro de Hacienda, Gustavo Ross.

El segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938) se constituyó en una virtual dictadura con mayoría parlamentaria. Gobernó con leyes inconstitucionales de facultades extraordinarias, con estados de sitio, aplicando leyes represivas precedentes, generando otras nuevas, violando en la práctica los derechos humanos fundamentales, llegando incluso a efectuar grandes masacres. Como lo señaló el investigador estadounidense John Reese Stevenson, “para evitar la imposición de otra ‘República Socialista’ en Chile, Alessandri, una vez en el gobierno, adoptó una política de aguda represión dirigida contra todos los posibles revolucionarios. Logrando poderes de emergencia del Congreso, censuró, encarceló y relegó a tal grado que la Izquierda revolucionaria debe haberse sentido nuevamente como en la dictadura de Ibáñez” (The Chilean Popular Front; University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1942; p. 58).
Esta virtual dictadura se apoyó especial y permanentemente en los partidos Liberal y Conservador, y se orientó a favor de los intereses económicos de las clases más altas. Además, se establecieron diversas formas de colusión entre las elites económicas y políticas. Así, además del empleo del cohecho (compraventa de votos) que alcanzó gigantescas dimensiones en beneficio de las clases privilegiadas, durante el gobierno de Alessandri proliferaron diversos métodos de corrupción.
De este modo, respecto del tratamiento de la deuda externa y de las políticas gubernamentales sobre el salitre hubo varias denuncias responsables sobre hechos de corrupción que no se quisieron investigar por la mayoría parlamentaria oficialista, o que derechamente se silenciaron. Así, una connotada personalidad de derecha, Jorge de la Cuadra, señaló que durante 1935 hubo noticias enviadas desde Chile “sobre reanudación del servicio de la deuda externa que ocasionaron sucesivas y escandalosas especulaciones en los bonos chilenos, en los mercados de Londres y Nueva York” (Magia Financiera; Edit. Ercilla, 1938; p. 90). A tal punto que el propio El Mercurio afirmó que “es preciso que el país conozca quienes envían desde Santiago estas noticias contradictorias sobre reanudación del servicio de la deuda externa de Chile, que a tanta especulación en los bonos chilenos han dado origen en el mercado de Londres” (Ibid).

INVESTIGACION FRUSTRADA
Además, la revista francesa Aux Ecoutes de la Finance, del 6 de abril de 1935, sostenía: “Chile, que ha enviado una delegación a Estados Unidos y otra a Londres, a tratar con los tenedores de bonos, tanto norteamericanos como ingleses, del empréstito del 6% de 1930, no ha tomado todavía ninguna iniciativa encaminada a considerar a los tenedores franceses de los bonos del dicho empréstito. Entretanto, la cotización de dichos bonos en la Bolsa de París está mangoneada (manouvré) artificialmente. ¿No dicen que el especulador Arturo López, harto conocido en la Bolsa de Comercio por sus especulaciones con el azúcar, y, cuñado del señor Ross, ministro de Finanzas de Chile, opera diariamente con pleno conocimiento de causa, para producir las alzas y las bajas de las cotizaciones?” (Ibid.). Sin embargo, los partidos de gobierno se opusieron a una solicitud de investigación presentada en la Cámara de Diputados, por 47 votos contra 44 (ver Ibid.; pp. 40-1).
A su vez, cuando se discutía en la Cámara, en octubre de 1933, el proyecto de Covensa (que creaba una asociación entre el Estado y los productores del salitre), a instancias del propio Gustavo Ross se le prohibió al diputado por Tarapacá, el radical socialista Raúl Cáceres Georgeson, leer cables oficiales de 1932 enviados por el embajador en Washington, Miguel Cruchaga, a la Cancillería. Estos, de acuerdo al diputado, permitían deducir la eventual intervención de representantes de compañías salitreras acreedoras -financiadoras, a la vez, del salitre sintético- en la confección del mismo proyecto del Ejecutivo (ver Ibid.; pp. 43-4).
Además, a lo largo del periodo de Alessandri hubo numerosos escándalos de corrupción que nunca se esclarecieron. De partida, con los inconstitucionales decretos de insistencia (que eran legalmente objetados por Contraloría, pero que el gobierno igual los validaba con la firma de todos sus ministros) que pasaron a convertirse en sistemáticos, “el Ejecutivo disponía de considerables recursos al margen de los autorizados por el Congreso en la Ley de Presupuestos” (Ricardo Donoso. Alessandri agitador y demoledor. Cincuenta años de historia política de Chile; Fondo de Cultura Económica, México, 1952; p. 217), los que le permitían un gran margen de gastos discrecionales. Y, lo que era peor, dichos gastos se mantenían por meses como secretos, incluso para el Congreso Nacional. Así, por ejemplo, durante 1936 se firmaron 86 decretos de insistencia gastándose “una suma superior a 80 millones de pesos” (Hoy; 3-6-1937).

EL ESTADO DEFRAUDADO
También se generalizó la corrupción administrativa a través de una “caterva de gestores que al amparo de sus títulos de abogados servían de instrumentos al capitalismo, mientras las empresas regentadas por distinguidos miembros de la reacción, alcanzaban en sus balances utilidades fabulosas” (Oscar Bermúdez. El drama político de Chile; Edic. Tegualda, 1947; p. 52). Asimismo, se cometieron muchos abusos con las construcciones efectuadas al amparo de la Ley de la Habitación Barata, destinadas a sectores populares y “mediante los cuales el Estado fue defraudado de sumas cuantiosas” (Donoso; p. 217).
Incluso quienes al interior del gobierno lucharon contra la corrupción no obtenían resultados. Fue el caso del falangista ministro del Trabajo, Bernardo Leighton, a quien le costó mucho que el Consejo de Defensa Fiscal se querellara contra funcionarios del Departamento de la Habitación que habían cometido irregularidades. Y que una sanción disciplinaria que ordenó en enero de 1938 en contra de su subsecretario, Diego Guzmán, -por irregularidades en la adquisición de un automóvil para el Ministerio- fue revocada por su sucesor, el demócrata Juan José Hidalgo, en marzo del mismo año (ver Lircay; 22-1; y 31-3-1938).
Pero no era solo el gobierno quien hacía la vista gorda. Así, cuando a principios de 1938 el ex ministro de Justicia Pedro Freeman (PR) denunció irregularidades en la Dirección General de Prisiones -que involucraban la cifra de 33 millones de pesos-, producto de la cual la Cámara de Diputados designó una comisión investigadora, El Mercurio (22-1-1938) sostuvo que las denuncias formaban parte de una “campaña de descrédito de oficinas e instituciones públicas y de difamación de los funcionarios”, elevando “‘pequeñas irregularidades’, vicios de mínima cuantía en la administración (…) a la categoría de grandes escándalos” (Carlos Sáez. Y así vamos… Ensayo crítico; Edit. Ercilla, 1938; p. 58). Esto llevaba a Carlos Sáez (general retirado e independiente de derecha) a concluir que “es en nombre de la moralidad pública que debiera funcionar el control de los actos del gobierno. En la práctica, esto no ocurre (…) Los amigos (del gobierno), o defienden con descaro las mayores incorrecciones, o guardan silencio, a veces con cara de desaliento. El jefe de su servicio público acepta cualquier acto contrario a las buenas normas administrativas, para no comprometer su situación personal con un ‘no’ bien acentuado. Falta a su deber de jefe, pero cumple con el de empleado complaciente (…) entre nosotros ocurre a cada paso que, los mismos encargados de hacer cumplir la ley, pasan por sobre ella, la violan a favor de tal o cual amigo o correligionario” (Ibid.; pp. 147-8 y 156).

CONFLICTO DE INTERESES
Otra forma de la corrupción gubernativa fueron los conflictos de intereses. Y contrariamente a lo que hoy podría pensarse de que eran “males ordinarios de esa época”, provocaban escándalos y cuestionamientos. Así, que el ministro de Hacienda, Gustavo Ross, fuese también presidente de Covensa en febrero de 1937, y que aprovechase dicha conjunción subordinando la compra de aviones para la Fuerza Aérea a los intereses salitreros, generó durísimas críticas en los parlamentarios y medios de comunicación opositores.
Asimismo, el que el ministro del Interior en 1938, Luis Salas Romo, fuera al mismo tiempo director de la Compañía Chilena de Electricidad y presentara ante la Cámara de Diputados el proyecto de alza de tarifas eléctricas en beneficio de dicha compañía, constituyó uno de los factores de la furia de numerosos diputados opositores que llevó a agredirlo en plena sesión en agosto de ese año (ver Gabriel González Videla. Memorias, Tomo I; Edic. Gabriela Mistral, 1975; pp. 197-9).
También generó duras críticas en la Cámara el que en 1937 el ministro de Hacienda sucesor de Ross (el liberal Francisco Garcés Gana) fuese a la vez presidente del directorio del Consorcio del Guano. Lo que se vio agravado por el escándalo -que veremos luego- en que se vio involucrado dicho consorcio. Igualmente provocó duras críticas el que el diputado demócrata Saturio Bosch fuese designado por el gobierno como fiscal de la Caja de Crédito Popular. Sin embargo los diputados de derecha rechazaron un voto de protesta presentado por diputados opositores, por 59 votos contra 47 (ver La Opinión; 5 y 10-9-1935).
Por otro lado, al presentar denuncias por irregularidades en la Sindicatura General de Quiebras a comienzos de 1938, el diputado conservador Francisco Javier Labbé manifestó su incomodidad con el hecho que el síndico, Rafael Correa Fuenzalida, fuese hermano del ministro de Justicia, Guillermo Correa Fuenzalida: “El país se ha dado cuenta perfecta de la inconfortable situación de este ministro, incapaz de ejercer autoridad sobre sus subordinados, tanto más si estos son sus familiares directos” (Boletín de la Cámara; 26-1-1938).

LOS AVIONES DE LA FACH
Pero quizá los mayores casos de corrupción del gobierno de Alessandri fueron -junto con las compras de aviones de la Fuerza Aérea a los regímenes de Hitler y Mussolini- los de las concesiones de las nortinas guaneras fiscales y de tierras de Magallanes. El primero se trató de la entrega de la explotación del guano a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), a través de un decreto gubernamental, la que a su vez creó para tales efectos el Consorcio del Guano, en cuyo Consejo tenía que haber un representante del gobierno. La concesión se hizo sin fines de lucro y para que el agricultor chileno adquiriese el guano lo más barato posible, incluyendo la prohibición de exportarlo. Sin embargo, la SNA vulneró los términos exportando en poco más de tres años más de 90 mil toneladas con graves perjuicios para los agricultores nacionales, aprovechando una cláusula del decreto que permitía “exportar guanos o mezcla de abonos, una vez aseguradas las necesidades de la industria nacional, acuerdo que deberá contar con el voto favorable del representante fiscal en el Consejo (del Consorcio)” (Boletín de la Cámara; 5-7-1937).
Quienes hicieron las denuncias -el diputado liberal Armando Célis y el conservador Sergio Fernández- fueron duramente criticados por la SNA y la propia derecha. Sin embargo, uno de los defensores de lo obrado por el Consorcio, el diputado conservador Leoncio Toro, reconoció -¡señalando que no había nada de “incorrecto”!- que con las utilidades logradas con las exportaciones la SNA construyó un edificio en Tenderini con Agustinas (que lo conserva hasta el día de hoy); instaló la Radio Agricultura (que también subsiste); compró un fundo de 300 hectáreas para complementar su Estación Experimental; envió especialistas a estudiar en el exterior y aumentó sus importaciones de maquinarias, alambres, desinfectantes y otros enseres en beneficio de sus socios, que integraban el latifundismo criollo (Ver Boletín de la Cámara; 26-7-1937).
Pero fue tanta la presión combinada de la SNA, del gobierno y de la generalidad de la derecha que la Cámara por 58 contra 55 aprobó un voto débilmente crítico a lo obrado por el Consorcio que no significó ninguna sanción por las evidentes violaciones legales efectuadas.

CONCESIONES EN MAGALLANES
En el caso de las concesiones magallánicas se intentó seguir con la antigua práctica corrupta de concesionar discrecionalmente gigantescas extensiones de tierras. Esto se logró a través de una ley aprobada en diciembre de 1937, que contó incluso con la oposición de los diputados falangistas que un año después abandonarían el Partido Conservador y la derecha. Aprovechando la ley, a fines de su gobierno Alessandri dictó diversos decretos -en conjunto con su ministro de Tierras, César León Entralá- concesionando 40 mil hectáreas a personas que ni siquiera residían en Magallanes; y de forma tan desvergonzada que el general en retiro y ex intendente provincial (en 1928) Javier Palacios Hurtado, denunció que “los 30 lotes se han entregado con todo descaro entre políticos, periodistas del régimen, entre altos funcionarios, entre amigos santiaguinos con influencia en los ministerios, etc., muchos con nombres supuestos (…) muy conocidos del presidente” (La Opinión; 27-11-1938). Y posteriormente el mismo Palacios denunció que lotes de tierras magallánicas recién dados en arrendamiento se estaban subastando públicamente por corredores de Santiago (ver La Opinión; 5-12-1938).
El escándalo fue tan mayúsculo, que el nuevo gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en mérito de las conclusiones de una comisión de notables y del pronunciamiento del Consejo de Defensa Fiscal, derogó completamente las concesiones otorgadas por Alessandri e instauró un proceso por las falsificaciones que se habían hecho en los decretos de concesión (ver Donoso; p. 321).

FELIPE PORTALES (*)

(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro del autor, Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 873, 14 de abril 2017).

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