

Punto Final, Nº836 – Desde el 4 al 24 de septiembre de 2015.

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El Hospital de La Florida

Penurias de la salud pública

DRA. Berna Castro, presidenta de la Fenats del Hospital de La Florida.

El Hospital Concesionado de La Florida “Dra. Eloísa Díaz” nuevamente se inundó por las recientes lluvias. Esta es la séptima vez, desde su inauguración en 2013, que los pacientes deben ser trasladados de las salas porque sus camas se encuentran sobre el agua.
Pese a las múltiples fallas en la construcción y otra serie de incumplimientos de la concesionaria San José Tecnocontrol en la habilitación de los distintos servicios en este recinto y en el Hospital de Maipú, el Ministerio de Obras Públicas retiró la multa que había fijado en unos 10 millones de dólares. Este perdonazo del Estado fue rechazado por la presidenta de la Fenats (Federación Nacional de Trabajadores de la Salud) del Hospital de La Florida, Dra. Berna Castro, quien denunció que ninguna variable sanitaria fue considerada en la construcción y operación de este centro asistencial.
Desde que se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 1986, Berna Castro ha trabajado en el sistema público de salud, primero en consultorios y luego, en la década del 90, en el Servicio de Salud Sur Oriente.
En entrevista con Punto Final, la doctora Castro, siquiatra, magister en salud pública y epidemióloga, entrega una visión sobre los causas de fondo de la crisis de la salud, la ética médica y los efectos de la privatización. Descarta que la crisis se deba a falta de médicos en el país.
En medio de la crisis de la salud, la mayoría de los médicos opta por trabajar en el sistema privado. ¿Es una falta a la ética?
“Bajo determinada posición, es una falta a la ética. Si consideramos que el ser médico es un arte, por tanto un oficio con compromiso humanista desde el juramento de Hipócrates, no solamente ciencia, es una falta a la ética. Desde la ideología dominante no lo es, pues es un oficio con una posición de privilegio en el sistema neoliberal. La ética en el contexto neoliberal está reducida a lo que hacemos bien o mal, dentro de normas establecidas y no bajo parámetros valóricos más universales. No todo lo que es legal es legítimo”.
Resulta poco común que una doctora especialista opte por trabajar en el sistema público y que además sea dirigenta de la Fenats, gremio integrado mayoritariamente por trabajadores no médicos. ¿Qué la hace estar en esta posición?
“Soy hija de trabajadores y de familia de médicos, con una mirada que desde esta experiencia aportamos a la transformación social. Si la opción es aportar a una sociedad más justa, desde el campo que uno aprendió, sea como periodista, albañil u otro, no se puede tener un doble discurso. No hay una moral pública y otra privada”.
¿Usted se cuadra con el discurso y demandas del Colegio Médico?
“No me puedo cuadrar con el Colegio Médico que perdió legitimidad ante la población al abandonar su vocación de defender el sector público. La demanda del Colegio Médico no tiene de trasfondo la defensa del sector público. Queda reducida a una pelea por más plata, que, siendo legítima, es a costa de sustentar un modelo en el cual la salud no es un derecho, sino un bien privado. Desde mi ética, desde mi opción valórica, la salud es un bien social y tiene que ser responsabilidad del Estado, entendiendo al Estado como expresión de la soberanía popular.
En el Hospital de La Florida y en cualquier otro, los médicos venden prestaciones, no se hacen cargo de la salud del paciente. Los médicos están negociando el pago de las prestaciones, no una remuneración justa por elevar los niveles de salud y resguardar la dignidad de la población. Es mentira que en Chile falten médicos, el problema es que el 70% de la horas médicas está en el sistema privado”.

CRISIS PRODUCTO DE UNA DECISION POLITICA
En su opinión, ¿cuáles son las causas de fondo de la crisis del sistema de salud?
“Estamos en crisis porque el 60% de los recursos de salud es transferido al sector privado, por tanto no es verdad que se invierten mil millones de dólares en la atención pública. El 7% de la cotización de salud y el copago fiscal van a los bolsillos de los privados, justificado desde la lógica del Estado subsidiario.
Luego de la dictadura, los gobiernos de la Concertación no solo mantuvieron las Instituciones de Salud Previsional (Isapre), sino que ahondaron en la decisión política neoliberal de la dictadura militar en materia de seguridad social, bajo directrices del Banco Mundial, que terminó por privatizar la previsión social, la vivienda, la educación y la salud. En el gobierno de Patricio Aylwin se invirtió en el sector público, pero eso terminó en el de Eduardo Frei. En la administración de Ricardo Lagos se profundizaron las políticas de privatización.
Que la salud sea un bien privado es una decisión política con base ideológica. No es casual.
Al ser un bien privado, se plantea que es la persona quien se hace cargo de su salud y no se consideran los determinantes sociales. Las políticas públicas hablan de factor de riesgo, por tanto la persona decide su alimentación, si fuma o no, etc. Está bien esa libertad, pero la población no decide la privatización del sector público, la subcontratación de empresas y las políticas sanitarias. Tampoco puede elegir una alimentación saludable, porque el 70% gana en promedio 400 mil pesos, y al jubilar recibirá una pensión miserable que le durará unos tres años, para luego optar a los ‘pilares solidarios’, que es una manera de sostener el sistema privado de pensiones.
Como el sistema está centrado en el lucro, el Estado va olvidando su rol de evaluar el nivel de salud de la población. Por lo tanto acumula cargas de enfermedades, lo que genera pésima calidad de vida y envejecimiento prematuro. Esto produce empobrecimiento y desastre familiar.
La administración de las políticas públicas impuestas por la dictadura a sangre y fuego, han sido defendidas por los gobiernos de la Concertación, hoy con nuevo nombre, con un alto costo social. Lo que pasa es que no se ve en la televisión, está invisiblizado. Los niños tendrán menos desarrollo cognitivo producto de la contaminación ambiental, los relaves mineros, la drogadicción y la violencia, por lo tanto condenamos a generaciones enteras”.

CRITICA AL PLAN AUGE
Las autoridades conmemoraron los diez años de la puesto en marcha del Auge (Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas) y sacaron cuentas alegres de su impacto en la salud pública. ¿Cómo evalúa este plan?
“El Plan Auge no es una reforma sanitaria, es una reforma financiera que privatiza la salud pública. Con ello, se instala la segregación de los niveles de atención, la compra de servicios y la subcontratación de empresas privadas al interior del sector público. El Plan Auge no está centrado en prevenir la enfermedad. Al médico, a la Isapre y a la empresa de salud, sea clínica o laboratorio, le conviene que hayan muchos enfermos, porque con la plata del 80% más pobre del país se compran prestaciones y servicios de salud a precios que ellos imponen.
La Ley Ricarte Soto es un Plan Auge para los fármacos, pues reduce a un fondo para determinadas patologías la totalidad del presupuesto en medicamentos. Por lo tanto, no es ningún avance”.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, reconoció la crisis y anunció la inyección de 100 mil millones pesos para evitar el desabastecimiento de los hospitales. Pero admitió que “nunca se terminarán las listas de espera”. ¿Qué le parecen esas declaraciones?
“Es insultante. El tema de las listas de espera es una herramienta de gestión, siempre y cuando sea razonable, responda a un plan y programa, a una política sanitaria pública. En el Hospital de La Florida ni siquiera se cumplen los protocolos Auge. De 900 patologías en lista de espera, se reducen a 700 de un golpe y no porque la persona haya recibido atención, sino que se eliminan del registro mediante distintos mecanismos administrativos.
La crisis existe para el 80% de los chilenos que cotiza en Fonasa y que están en listas de espera; no existe para los que lucran y toman las decisiones políticas en salud. La crisis se evidencia en las enfermedades transmisibles que no están siendo seguidas; en las cirugías que nadie evalúa porque las realizan empresas privadas; en los 22 mil trabajadores a honorarios, que representan casi el tercio de los trabajadores del sistema.
Nadie puede mantenerse trabajando bajo esas condiciones. Porque las personas se enferman, tienen derecho a vacaciones, las mujeres se embarazan. Los trabajadores no médicos tienen sueldos miserables, bordeando el sueldo mínimo, con largas horas de trabajo, no son respetados sus derechos. Esto implica una salud empobrecida, de mala calidad. La crisis se evidencia en los millones de dólares que se pagan por un sistema informático privado que no sirve, entonces, no hay registros.
La crisis sanitaria no tiene que ver con la falta de médicos: hay un médico por cada 500 habitantes”.
¿Por qué es una mala política pública la concesión hospitalaria?
“La presidenta Michelle Bachelet dice que no va a construir veinte hospitales, como se había comprometido su gobierno, porque la opción era hacerlo bajo el mecanismo de concesiones. Pero la Ley de Concesiones no se ha retirado: Bachelet no ha cumplido la promesa.
Bajo el mecanismo de concesión la infraestructura y operación hospitalaria es más costosa, por tanto la prestación se encarece, se reduce la cobertura y es de mala calidad. En la concesión no hay servicios clínicos, sino centros de responsabilidad gerencial que son ambulatorios, centrados en el box médico.
Se prioriza a quien pueda pagar el copago. Ciertas patologías son postergadas. Por ejemplo, a un paciente esquizofrénico no le sirve el sistema hospitalario concesionado. Estos pacientes se derivan al sistema de atención primaria, donde no tienen especialistas, ni fármacos, ni evaluaciones clínicas adecuadas.
Las concesionarias ocupan el personal público pagado por el Estado. Además, el convenio entre el Estado y las concesionarias plantea un porcentaje de ocupación de camas. Si se supera, se debe pagar a la empresa el doble del precio de este servicio. La política de concesión hospitalaria ha generado hospitales sin planta, los trabajadores no tienen carrera funcionaria, crece la inestabilidad laboral y la subcontratación de empresas”.

IMPACTANTE REALIDAD
¿Cuál es su evaluación del funcionamiento del Hospital de La Florida?
“Este hospital no cumple ninguna de las normas de calidad en materia de infraestructura, de normas clínicas y protocolos. En algunas áreas, como farmacia o en el laboratorio, se ha detectado que escurren aguas servidas.
Todo hospital debe tener secciones diferenciadas del agua y la luz, porque si se echa a perder una cañería no puede quedar todo el hospital sin estos servicios básicos. Este año, dos veces se ha debido dar de alta a muchos pacientes porque el hospital quedó sin agua potable.
Ninguna variable sanitaria fue considerada en la construcción y operación de este hospital. No tiene sistema de ventilación y por lo tanto, la posibilidad de infección intrahospitalaria es alta. En este hospital sale orina por el lavamanos, la farmacia está quebrada, y los pabellones en las mañanas pueden suspender todas las cirugías, pero a partir de las 11:00 horas eso no ocurre, porque el hospital opera como clínica privada.
A este hospital no le interesa atender a la población de La Florida, sino a aquellos que hacen ingresar recursos pues se paga más por determinadas patologías. El Estado dio la oportunidad a una empresa de lucrar por quince años con la salud de la población. La concesionaria recibe más de 7 mil 500 millones de pesos al año, como ganancia”.
Ante estas irregularidades, ¿el Estado desaparece, no fiscaliza?
“Este sistema es muy perverso. La concesionaria se relaciona con el director del hospital a través del inspector fiscal, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Las resoluciones clínicas y sanitarias, desde ampliar un espacio para trabajar con grupos terapéuticos a cambiar la ampolleta del pabellón, tienen que ser preguntadas al inspector fiscal para que sea aprobado por la concesionaria.
Un ejemplo muy gráfico: la alimentación de los pacientes está concesionada. Hay un grupo de nutricionistas que recorren todos los pisos del hospital, tienen a su cargo a 120 pacientes, que no están diferenciados por servicios. En paralelo hay médicos que vienen por prestaciones y por tanto, no necesariamente dejan indicaciones de alimentación para los pacientes. La concesionaria tiene horarios predeterminados para el listado de los pacientes: si un enfermo cambia su condición clínica en medio de esos horarios no se le puede cambiar la alimentación. Hay pacientes que quedan sin alimentación producto de este mecanismo. Cuando se alega por estas situaciones, la excusa es que el servicio está concesionado.
Las resoluciones clínicas al final las define el inspector del MOP y la concesionaria. Esto es impresentable. Es el hospital quien tiene que adecuarse a las condiciones sanitarias de la población.
El MOP había impuesto multas a la concesionaria española San José Tecnocontrol -encargada de la construcción y posterior operación de los servicios no clínicos de La Florida y Maipú- por unos 10 millones de dólares. Sin embargo, la comisión conciliadora, entidad mediadora creada por la Ley de Concesiones, decidió suspender el cobro de esas multas. Es una decisión arbitraria. Se presentaron más de cien observaciones por incumplimiento de la concesionaria en la habilitación de distintas áreas. La decisión es del inspector fiscal del MOP, pero no puede desligarse de su responsabilidad sanitaria la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud”.
¿Hay menoscabo de la dignidad del paciente en el sistema público?
“Hay falta de dignidad. Este es mi box: sin ventana ni ventilación. Hay falta de dignidad cuando no tengo donde acoger bien a un mayor de edad, a una mujer embarazada, a un paciente crónico cardiovascular. Debe soportar cinco horas en la sala de espera, timbrar 240 papeles, venir cinco veces al hospital por el fármaco que no está, sin acceso a equipos de rehabilitación y lo atiendo tres segundos como médico. Eso es agravio a la dignidad de las personas”.
¿Cuál es el camino para salir de la crisis?
“Se pueden implementar muchas medidas, pero mientras no tengamos una nueva Constitución Política que garantice la salud como un derecho, y no haya un cambio en la estructura del modelo, no vamos a salir de la crisis. Deberíamos avanzar en crear un Fondo Nacional de Salud, por impuestos generales porque es más redistributivo; llegar al 6% del PIB de manera progresiva; y cambiar las políticas de salud y centrarlas en la prevención y promoción. Pero no hay voluntad política para avanzar en esa dirección porque la mirada está centrada en el modelo neoliberal”.