Paraguay

Del golpe de Estado a la huelga general

Paraguay, el corazón de Sudamérica en que se concentra gran parte de la historia colonial y neocolonial del continente y de los desafíos a la misma, ha sido protagonista de un nuevo tiempo de resistencia popular. El 26 de marzo se realizó la primera movilización y huelga general después del golpe de Estado que destituyó al presidente Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012, y de su institucionalización a través de elecciones fraudulentas, que dieron el triunfo como presidente al miembro del derechista Partido Colorado, Horacio Cartes, hace un año (abril de 2013).
El punto que logró la confluencia de prácticamente todos los sectores populares, sindicales, campesinos, estudiantiles, pueblos originarios, pequeños comerciantes, junto a colectivos feministas, de disidencias sexuales, de derechos humanos, fue la oposición a la ley de privatización del sector público, la Alianza Público Privada, que habilita la cesión de recursos del Estado a empresas privadas. A esto se sumaron otras demandas, como el cuestionamiento a la “soyización” del país (por el cultivo extensivo de la soya), liderado por las organizaciones campesinas junto al rechazo a la utilización de agrotóxicos y la demanda de aumento de 25% de los salarios. Otro aspecto que estaba en la agenda del paro era la exigencia de libertad para los presos por la masacre de Curuguaty, que efectuaban una huelga de hambre.
Punto Final dialogó con la socióloga Marielle Palau, investigadora de Base Is, al finalizar la jornada de lucha. Ella nos dijo: “Yo partiría la reflexión desde antes del 26 de marzo. Después de largo tiempo, desde 2002 -cuando se lograron detener las privatizaciones-, se volvió a aglutinar a todos los sectores. Por una cuestión legal, la huelga fue convocada por las centrales sindicales, pero coincidió con la gran marcha campesina de la Federación Nacional Campesina (FNC), que se viene haciendo desde 1994 todos los años. Se agregaron al llamado muchos otros sectores: estudiantes secundarios, universitarios, pobladores e infinidad de grupos. Todos tenían clara la reivindicación contra la Alianza Pública Privada (APP), y cada uno agregaba sus demandas específicas”.

HABLA DIRIGENTE CAMPESINA
Como señala Marielle Palau, la FNC realiza todos los años una marcha hacia la capital, Asunción, para plantear sus reclamos y exigencias. La novedad de este año fue unirse a las acciones de otros sectores populares. Por eso el nombre de su manifestación en esta oportunidad fue XXI Marcha del Campesinado Pobre y Huelga General.
La dirigente campesina de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Alicia Amarilla, declaró a Punto Final: “El paro significó mucho, se paró al país. En Asunción se juntaron miles de personas haciendo piquetes en las entradas de la ciudad. Significó mucho porque este gobierno, desde que surgió, no reconoció a los movimientos sociales como sujeto. También porque nos permitió un proceso de articulación de todos los sectores. Este presidente de la República abrió la puerta a las trasnacionales y a los grandes empresarios brasileños, con unas frases tan machista como: “El Paraguay tiene que ser como mujer linda y fácil”, “Usen y abusen del Paraguay”. ¡Eso indigna! Con esas consignas acaparan tierras. Todos los días tenemos movilizaciones contra los agrotóxicos en las comunidades, contra el uso masivo del glifosfato. Tenemos muchísimos compañeros imputados pues hay una criminalización de las luchas sociales, y militarización en varios departamentos del país”.
La lucha contra los agrotóxicos es un dato central de la movilización campesina. En la última zafra soyera -basada en la semilla transgénica- se derramaron alrededor de 24 millones de litros de Round Up, un herbicida venenoso que ya se ha demostrado que mata, enferma, produce malformaciones en los niños en gestación. Ante estas movilizaciones y denuncias del movimiento campesino, ha crecido su criminalización y la represión. Por eso no llamó la atención que la primera respuesta del gobierno del presidente Horacio Cartes fuera apelar al terror. Pero frente a la contundente movilización tuvo que cambiar su estrategia.
Al respecto Marielle Palau dice: “A la huelga que se iba preparando, el gobierno respondió básicamente con una campaña de terror. Diciendo que habría una masacre, que se intentaba tener mártires, generando temor en la población. Esto se fue desmontando pocos días antes de la huelga, lo que permitió que saliera bastante bien en términos de movilización y participación de variados sectores”.

CUESTIONAN A CENTRALES SINDICALES
A pesar del despliegue represivo, el 26 de marzo alrededor de veinte mil campesinos y campesinas bloquearon las entradas a Asunción, y llegaron hasta el centro de la capital. Mientras, otros se manifestaban en el interior de Paraguay. Sin embargo, en ese momento se mostraron las diferentes estrategias de los sectores opositores.
Señala Marielle Palau: “El día de la huelga fue más complicado, porque no estuvieron todos los sectores que se esperaba movilizar. Si bien hubo miles de personas de la FNC en Asunción, y varias marchas en todo el país con cortes de rutas, la presencia de las centrales sindicales está siendo cuestionada. Por un lado porque no tuvieron participación activa en los piquetes, a lo cual se habían comprometido, y porque -como resultado de la huelga- y sin ningún tipo de condicionamiento, se sentaron a negociar con el gobierno”.
La marcha campesina se inició en los días previos en cada pueblo. También hubo manifestaciones de paraguayos en distintos países a los que fueron empujados por la crisis: Argentina, Brasil, Uruguay, España e Italia, entre otros. En Buenos Aires, el mismo día de la huelga general, se realizaron frente a la embajada de Paraguay diferentes convocatorias de organizaciones paraguayas y de la Central de Trabajadores de Argentina.
Más allá del debate entre los diferentes sectores que participaron en la huelga, el saldo según Marielle Palau es que “la huelga logró aglutinar a todos los sectores, se logró bastante difusión de lo que puede significar la aprobación de la ley y que no había en el gobierno ninguna disposición a negociar o abrir espacios de diálogo: la huelga abrió un espacio y tuvo que reconocerse que no había ningún intento de desestabilizar el país ni de generar pánico ni violencia. Esto es muy importante para seguir avanzando. Es importante la posición de la FNC y de otros grupos sociales que dicen que no van a negociar hasta que no se derogue la ley de APP. Algunos sectores hablan de no sentarse a conversar hasta que no se libere a los presos de Curuguaty”.

LOS PRESOS DE CURUGUATY
La masacre de Curuguaty (15 de junio de 2012) fue el prolegómeno del golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Lugo. Los campesinos y campesinas que habían ocupado las tierras de Marina Kué, esperaban un diálogo con las autoridades, cuando un comando de 324 efectivos de la policía, encabezados por el Grupo Especial de Operaciones, la fuerza de elite de la policía, y un helicóptero Robinson, ingresaron al campamento. Como resultado de un confuso y desigual enfrentamiento, murieron once campesinos y seis policías.
Unos días antes, los líderes campesinos habían entregado a la Secretaría de Emergencia Social una lista de las personas que ocupaban el terreno, como parte de una solicitud de víveres. Luego esa lista se usó como acta acusatoria. A todos los que están en ella -incluso a quienes ya no estaban en la ocupación aquel día-, se les dictó prisión preventiva, acusados de homicidio doloso agravado, o en grado de tentativa, lesiones graves, asociación criminal, invasión de inmueble ajeno, etc.
El juicio estuvo repleto de irregularidades, y hasta hoy no se ha aclarado a quién pertenecen esas tierras en litigio, si al empresario del Partido Colorado, Blas Riquelme (fallecido dos meses después de la masacre y homenajeado entonces por el Parlamento golpista), o al Estado paraguayo. Desde 2004 ese terreno está en disputa entre la empresa Campos Morumbi S.A., de Riquelme, y el Instituto de Tierras Paraguayo. Fue en el contexto de esa confusión en relación a la propiedad que se produjo la ocupación campesina.
Cinco presos realizaron una huelga de hambre de casi dos meses. Se ha demandado su arresto domiciliario, lo que finalmente fue aceptado por la Corte. En una carta pública, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Rubén Villalba, Néstor Castro y Adalberto Castro habían señalado: “Desde la cárcel de Tacumbú nos dirigimos a todos/as para poner en conocimiento nuestra decisión de seguir con nuestra huelga de hambre indefinida. A pesar de que ya sentimos fuertemente la debilidad en nuestro cuerpo, volvemos a pedir que se resuelva la titularidad de las tierras de Marina Kué y nuestra libertad. Nuestra decisión está firme y junto al pueblo seguiremos nuestra lucha hasta el final”.

BALANCE DE LA MOVILIZACION POPULAR
Marielle Palau señala a Punto Final: “Después del 26 de marzo quedan tres sectores articulados. Uno son las centrales que se sentaron a negociar, y aparentemente cayeron en la trampa del gobierno de enfriar y bajar el nivel de movilización. Empezaron negociando para evitar represalias contra los funcionarios públicos, para que no se les descuente el salario por faltar al trabajo, pero se marginaron de las consignas de derogar la APP, el reclamo del 25% de aumento salarial, la libertad de los presos.
Otro sector es la FNC, con otras organizaciones más pequeñas, con una crítica fuerte al modelo de agronegocios. Y el tercer actor, es la Coordinadora Democrática, que aglutina a grupos políticos como el Frente Guasú, y otras fuerzas políticas y sociales, incluida la CNT”.
Todo hace pensar que la huelga general ha creado nuevas condiciones para los sectores populares de Paraguay. La identificación de algunos puntos sensibles de un programa común, es un punto de partida. La demostración de fuerzas, logrando torcer el brazo al gobierno, expresa un momento de recuperación de la capacidad de desafío de los sectores populares del país.
La lucha por la libertad de los presos campesinos es un aspecto crucial, que requiere de solidaridad. Hay que recordar que no son éstos los únicos presos políticos en Paraguay. Todavía siguen en la cárcel de Tacumbú los campesinos extraditados desde Argentina por el gobierno de Kirchner.
La campaña llamada “antiterrorista” contra el grupo armado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), es utilizada intensamente para la persecución de la oposición, y particularmente del movimiento campesino. Este sigue sufriendo ejecuciones sumarias realizadas por fuerzas policiales, parapoliciales y sicarios, sobre todo en el marco de diferentes desalojos.
El factor de la solidaridad internacional vuelve a ponerse a la orden del día para revertir la criminalización y represión de las fuerzas populares de Paraguay. Se trata, además, de un alerta frente a la institucionalización del golpe de Estado, como ha ocurrido. Es parte de la lucha por la unidad continental, por la integración latinoamericana, por derrotar las amenazas golpistas que se levantan contra cada proceso de resistencia a las políticas imperialistas, y que hoy concentran su fuego contra Venezuela.
La huelga general de Paraguay fue una contraseña popular para retomar, como parte de la conciencia internacionalista, el apoyo al pueblo y a la nación guaraní.

Claudia Korol
En Buenos Aires

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 802, 18 de abril, 2014)

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