Rompiendo cadenas

El pasado Primero de Mayo el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la renacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad, de capitales españoles, cuya planta en Cochabamba fue inmediatamente ocupada por el ejército. En fecha similar, desde 2006 en que anunció la recuperación por el Estado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el presidente Morales viene dando a conocer medidas como ésta, que fortalecen la independencia y capacidad de gestión económica del país.
La medida que afecta a la empresa española es un acto inobjetable de soberanía de Bolivia, cuyo gobierno -por lo demás- manifestó su disposición de pagar una indemnización justa por la expropiación. La empresa fue privatizada en 1997 por el gobierno neoliberal del general Hugo Bánzer. En quince años, la empresa matriz -Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica de España-, invirtió apenas 81 millones de dólares, suma insignificante para abordar las necesidades de suministro eléctrico en los nueve departamentos del país. En cambio el gobierno se propone invertir de inmediato 200 millones de dólares para ampliar el sistema interconectado, que desde ahora está a cargo de la Empresa Nacional de Electricidad.
La renacionalización de Transportadora se fundamenta en perentorios requerimientos de la estrategia de desarrollo de Bolivia y se ajusta en todo a las disposiciones de la Constitución, cuyo artículo 378 encomienda al Estado la misión de asegurar los recursos energéticos que requiere la nación. Por otra parte, esta medida es coherente con la política del gobierno del presidente Evo Morales de avanzar en una paulatina recuperación de las empresas estratégicas que el Estado boliviano perdió durante la acometida neoliberal de los años 80 y 90. Los hidrocarburos, en especial el gas, así como otras empresas, incluyendo latifundios, han vuelto a manos del Estado.
Bolivia adelanta una política cuidadosa en esta materia, midiendo cada uno de sus pasos. Por ejemplo, en esta ocasión ha reiterado que las inversiones extranjeras cuentan con garantías, si se ciñen a las normas que hoy protegen el interés nacional. Parecen haberlo entendido empresas como Repsol, asociada con el Estado boliviano en la explotación del gas del que existen enormes reservas.
En los mismos días en que Bolivia procedía a renacionalizar Transportadora de Electricidad, Argentina concluía el trámite legislativo de la ley que devuelve al Estado la propiedad de Repsol-YPF. Son hechos muy importantes que reflejan el proceso de profundos cambios que vive América Latina. Por fin, mediante el apoyo de los pueblos a gobiernos que se comprometen en la reivindicación histórica de la soberanía, se están rompiendo las cadenas que han hecho de nuestro continente una región dependiente de las transnacionales.
Es lastimoso que Chile permanezca al margen de este proceso liberador. Mientras en Argentina y Bolivia ocurrían estos acontecimientos, en Chile recrudecían las amenazas de privatizar parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ver págs. 10 y 11 de esta edición). El tradicional vocero de la antipatria -el diario El Mercurio- viene apoyando esa medida, congruente con los intereses que representa el actual equipo de gobierno, en especial en la cartera de Energía que se ha convertido en un enclave de Empresas Copec S.A., dominante en el mercado de la distribución de combustibles. Por otra parte, se mantienen al acecho los apetitos privatizadores que rondan a Codelco, nuestra empresa nacional del cobre.
Lo anterior corrobora la necesidad de una alternativa de cambio político, social y económico en Chile, para desplazar a los dos bloques neoliberales que se turnan en el gobierno y que mediante todo tipo de artimañas impiden que nuestro país participe en la lucha por la independencia y la dignidad emprendida por naciones hermanas.

PF

Editorial “Punto Final”, edición Nº 757, 11 de mayo, 2012

revistapuntofinal@movistar.cl
www.puntofinal.la
www.pf-memoriahistorica.org
¡¡Suscríbase a PF!!