Editorial PF 751

Terrorismo de Estado contra los mapuches

Continúa escalando la represión policial contra el pueblo mapuche. Esta vez -¡otra vez!- mediante la amenaza de utilizar la Ley Antiterrorista, cuyos mecanismos de control y amedrentamiento de la población se están aplicando en La Araucanía. El gobierno de la derecha -tal como antes hicieron los gobiernos de la Concertación y, sobre todo, la dictadura militar-, emplea recursos y métodos propios del terrorismo de Estado para encarar un problema sociocultural e histórico que persiste y que se agrava sin solución.
Cuando terminó la dictadura militar, que no sólo aterrorizó al país sino que también entronizó el crimen y la tortura en la región mapuche para imponer el despojo de tierras indígenas en beneficio de las empresas forestales, el pueblo mapuche creyó llegada la hora de la justicia. Pero no fue así. La represión de los gobiernos de la Concertación causó diez muertos mapuches, entre comuneros y estudiantes. El gobierno de la derecha todavía no ha llegado a ese extremo, pero su tendencia apunta en la misma dirección. En efecto, ha recrudecido la ocupación militar de La Araucanía, a través de fuerzas especiales de Carabineros y la actuación permanente de los órganos de inteligencia policiales y del ejército. A esas fuerzas en presencia, que actúan como si el pueblo mapuche fuese un territorio ocupado, hay que sumar los guardias armados de las forestales y las guardias blancas de los latifundistas. Todos actúan en forma provocadora y prepotente, amedrentando niños, mujeres y ancianos mediante violentos allanamientos de viviendas, control de movimientos y actos de humillación a que son sometidos los indígenas.
La situación ha empeorado a partir de los incendios forestales atribuidos, sin ninguna prueba, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la resistencia mapuche. La irresponsable actitud del ministro Rodrigo Hinzpeter -cuyas irreflexivas declaraciones en materias de seguridad y orden público se han hecho habituales-, se ha visto avalada por el presidente de la República. Ambos afirman contar con pruebas de la intencionalidad de los incendios en Carahue y Quillón (estos últimos fuera del territorio mapuche), y en forma sibilina apuntan a la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM), la organización más combativa del pueblo mapuche. Los cuatro principales dirigentes de la CAM, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, se encuentran presos en la cárcel de Angol, condenados a 14 años el primero y a 8 años los restantes, en juicios viciados -según prestigiosos juristas- que están siendo apelados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CAM, desde luego, ha negado toda participación en los incendios, reafirmando una estrategia de lucha que no contempla ese tipo de acciones.
Frente a la odiosa reacción del gobierno, criminalizando sin pruebas al pueblo mapuche, destaca la prudencia y sensatez del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, al ignorar las exigencias del gobierno de designar fiscales especiales para investigar los incendios, señalando que los funcionarios existentes en la zona son perfectamente capaces de dirigir la investigación. Ha aconsejado -con razón- que no se debe lanzar acusaciones y adelantar juicios carentes de evidencias, como ha hecho el gobierno.
La orientación represiva y racista del gobierno ha conseguido en cambio ocultar la grave responsabilidad que cabe a la Forestal Mininco (del holding que preside Eliodoro Matte) en la tragedia de Carahue con la horrible muerte de siete rescatistas, modestos trabajadores de salarios ínfimos que murieron achicharrados luchando contra las llamas, sin equipamiento adecuado ni el entrenamiento necesario para combatir incendios forestales.
La peligrosa situación que se vive en La Araucanía por la ocupación militar, y la forma amenazante en que el gobierno esgrime la Ley Antiterrorista contra los mapuches y sus organizaciones, claman por la solidaridad más activa en favor de ese pueblo, castigado durante siglos por la indiferencia de los gobiernos y el comportamiento rapaz de las empresas forestales. El pueblo mapuche necesita ser respetado en su identidad propia. Sus derechos deben ser reconocidos dentro de la pluralidad étnica y cultural que convive en el Estado de Chile. Arrimar la llama de la Ley Antiterrorista -normativa de excepción heredada de la dictadura militar- a un conflicto que dice relación con el reconocimiento de un pueblo originario, puede agudizar los factores de ingobernabilidad que la protesta social encabezada por los estudiantes ha puesto en evidencia.
Hoy como ayer, y como siempre, el hermano pueblo mapuche puede contar con nuestra modesta y leal solidaridad.
PF.

Se agrava la crisis

La crisis económica europea y estadounidense ha comenzado a tener efectos en la economía de Chile. De partida, el ritmo de expansión del producto interno bruto se ha reducido, así como el precio del cobre, variable clave para las finanzas públicas. Un par de síntomas que se expresa ya como freno en los niveles de consumo, en una contracción del comercio exterior y, próximamente, tendrá consecuencias en el empleo. Todo ello sin considerar las posibles secuelas de un huracán financiero gestado en la banca europea, escenario en el que Chile, según ha advertido el FMI, se presenta muy vulnerable. Las recientes rebajas a la calificación de varios países de la Unión Europea, entre ellos Francia, anuncian un empeoramiento del clima financiero, sin olvidar las catastróficas predicciones de un default de la economía griega en marzo.
El gobierno chileno ha reconocido lo que es evidente: en una crisis global la economía nacional tenderá a contraerse, en caso de efectos menores, o a enfrentar grandes turbulencias en la eventualidad de un cataclismo europeo. Pero aun cuando Hacienda haya anunciado que el país está preparado para enfrentar estos incidentes del mismo modo como en crisis anteriores, esta vez la contingencia es muy diferente. El proceso de movilizaciones que abrieron los estudiantes a inicios del año pasado se ha traspasado a muchos otros sectores sociales, los que, ajenos a partidos políticos embarcados en componendas electoralistas, expresan en la calle sus demandas. El mismo gobierno ha hecho públicas las estadísticas del malestar, cifrando en unas 2.500 las movilizaciones y acciones ciudadanas ocurridas durante 2011.
Las movilizaciones ciudadanas, de diversos orígenes y geografías, tienen sin embargo un hilo conductor: todas comparten el rechazo a un modelo económico que hoy, si bien no hace crisis en los dueños del capital y sus operadores, sí ha colapsado como modelo laboral, social y articulador de las relaciones económicas. Durante las décadas de desarrollo del modelo neoliberal el país ha conseguido elevar varias veces su producto per cápita para situarse a la cabeza de las naciones latinoamericanas; sin embargo, los niveles de distribución de esa riqueza nunca en la historia económica moderna habían sido tan desiguales. Una cifra gruesa que hoy ya no consigue ocultar todo tipo de abusos y atropellos: desde la abierta colusión entre las empresas para acordar precios, tarifas y cuotas de producción; a un sistema laboral propio del capitalismo del siglo XIX, amparado por gobiernos que permiten jornadas de doce horas promedio, o un modelo de pensiones privadas que conduce a la segura indigencia a la gran mayoría de los trabajadores. El ciudadano nunca había estado tan inerme ante el ubicuo poder de las grandes corporaciones y un cooptado poder político.
La población chilena tardó décadas en comprender el origen de sus sufrimientos. Ya no es la mala suerte, sino el efecto de un modelo diseñado para engrosar de forma abusiva las utilidades empresariales. Esa conciencia ciudadana se expresa hoy no sólo en rechazo al sistema económico, sino también, como expresan todos los sondeos de opinión, a toda la institucionalidad política. En Chile hay un rumor creciente, que tenderá a mutar en grito, que pide cambios estructurales.
El actual gobierno, y la Concertación en la oposición, han debido absorber, pese a su tradicional apego al modelo político-económico, esta nueva realidad, lo que ha abierto un proceso que deberá conducir este año a cambios políticos y económicos. El nuevo discurso levantado por la oposición, como también por el gobierno, es una evidente reacción a la protesta social. El gobierno de Piñera, desbaratado y mareado, ha tenido que incorporar reformas políticas y económicas a la agenda pese al rechazo de los sectores fundamentalistas de su coalición. La propuesta de avanzar hacia una reforma tributaria, las críticas al actuar empresarial -desde la cartera de Economía- o los cambios al sistema electoral, son una mínima respuesta a las demandas del pueblo.
Los eventuales efectos de la crisis económica en el empleo, en una mayor inflación estimulada por el alza especulativa de los precios internacionales de la energía, en los alimentos y en una caída de los salarios, serán combustible para la hoguera en 2012. Un clima social enturbiado aún más por estas consecuencias económicas y ante una institucionalidad política atemorizada y confundida, que debiera abrirse a más reformas, es oportunidad para que el pueblo organizado recupere cuotas importantes de poder.
PF.

(Editorial de “Punto Final”, edición Nº 751, 20 de enero, 2012)

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