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CARTA ABIERTA AL GOBIERNO
Santiago, 26 de abril de 2004
Señor
Francisco Vidal Salinas,
Ministro Secretario General de Gobierno
La Moneda
Señor ministro:
Hace más de un año -el 13 de marzo de 2003- le envié
una carta representándole la discriminación que afecta a
los medios independientes en la distribución de la publicidad estatal.
Asimismo le informaba que el 12 de junio de 2002 había escrito,
en el mismo sentido, al presidente Lagos y
al ministro secretario general de Gobierno. Esto llevó a que el
ministro Heraldo Muñoz invitara a catorce editores de publicaciones
y directores de radios independientes a reunirnos con él. Nos dio
a conocer que el presidente de la República quería implementar
una distribución equitativa de
la publicidad del Estado para apoyar así el pluralismo informativo
necesario a un sistema democrático.
A raíz de mi carta del año pasado, usted tuvo la gentileza
-como también con los editores de otros medios independientes-
de invitarme a conversar este tema. Usted reiteró que era política
del gobierno -por instrucciones del presidente de la República-
distribuir la publicidad estatal de manera que llegara a los medios independientes
cuyos lectores constituyen un importante
sector de ciudadanos. Agregó que esa política se materializaría
en breve plazo.
Las mismas palabras -y promesas- se las escuchamos a usted el 22 de octubre
del año pasado en la Sala Domeyko de la Universidad de Chile, al
constituirse la Asociación de Medios Independientes. Sin embargo,
han pasado los días, las semanas, los meses -y empiezan a transcurrir
los años- y la situación ha empeorado.
La publicidad del Estado continúa canalizándose hacia los
consorcios oligopólicos El Mercurio y Copesa. Miles de millones
de pesos, aportados por contribuyentes de todas las corrientes políticas
y credos filosóficos y religiosos, son destinados por servicios
del Estado a fortalecer una prensa controlada por enemigos jurados -y
probados- de la democracia, la igualdad y la justicia social. Casi el
60% de la publicidad estatal en medios escritos se orienta a la cadena
El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards Eastman, gestor del golpe
militar de 1973 y hoy influyente mentor de las políticas de seguridad
pública del gobierno. El resto del presupuesto publicitario del
Estado alimenta a Copesa, cuyas publicaciones constituyen el instrumental
de propaganda de la UDI y de los servicios de inteligencia de las FF.AA.
Por su parte, algunos servicios públicos están extremando
esta injustificable política discriminatoria. Por ejemplo, el Instituto
de Normalización Previsional (INP) ha establecido una verdadera
asociación comercial con El Mercurio. Permite a ese diario incluir
en las liquidaciones de pago de jubilaciones y pensiones de exonerados
políticos una oferta de suscripciones con importantes descuentos,
ofertas exclusivas, invitaciones para distintos eventos y cientos de beneficios
que en definitiva le harán sentir que su suscripción se
está pagando sola (sic). El INP, por su parte, se ofrece para descontar
esas suscripciones de los cheques mensuales de jubilados y pensionados.
Es posible que otros servicios públicos que también llegan
a millones de ciudadanos sigan el mal ejemplo del INP. Esa tendencia parece
demostrarse por lo ocurrido con la Universidad de Chile, que designó
a la Empresa El Mercurio S.A.P. como único medio de comunicación
oficial del Proceso de Admisión a las Universidades del Consejo
de Rectores, despojando a la Empresa Periodística La Nación
de un cuantioso ingreso anual. En el ámbito de la educación
pública, son bien conocidos los vínculos del actual ministro
del ramo con el dueño de El Mercurio. El señor Bitar fue
directivo de la sedicente Fundación Paz Ciudadana que preside Edwards.
Esto parece explicar el volumen de publicidad que el Ministerio de Educación
destina a los diarios de la empresa de Edwards. Este favoritismo publicitario
se ve retribuido con abundante propaganda para el ministro
Bitar en las páginas de El Mercurio y otros diarios de la cadena.
Los hechos, señor ministro, desmienten en forma tajante las promesas
del gobierno acerca de una justa distribución de la publicidad
estatal. Es lamentable, no sólo por la discriminación que
afecta al pluralismo
informativo, sino también porque muestra una insensibilidad a prueba
de todo argumento democrático de parte de un gobierno que dice
querer robustecer la raquítica democracia que la Concertación
heredó de la dictadura. Es un deber de los medios independientes
denunciar esta alianza del gobierno con El Mercurio y Copesa, porque está
contribuyendo a instaurar en nuestro
país una forma de pensamiento único reaccionario y antinacional.
Guardar silencio podría confundirse con una actitud mendicante,
ingenua o cómplice, y en ninguna de esas categorías se encuentra
Punto Final. Sin otro particular lo saluda atentamente,
Manuel Cabieses Donoso
cc. a los lectores de Punto Final
(Publicada en Punto Final Nº 566, 30 de abril, 2004)
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